Greenpeace despliega un inmenso “Aznalcóllar, otra vez no” en el puente de la Barqueta para exigir la paralización de la reapertura de la mina
- Coincidiendo con la celebración del Mundial de Remo en Sevilla, Greenpeace quiere advertir a la comunidad internacional del riesgo de contaminación al que se enfrenta el río que acoge esta prueba
- Greenpeace denuncia que los vertidos con metales pesados en el Guadalquivir previstos por la reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre las Cruces son una grave amenaza para la salud de las personas y los ecosistemas
- Informes científicos demuestran que los vertidos mineros ya han contaminado el estuario del río, con efectos ecotóxicos para especies como los albures, un pescado tradicionalmente consumido en pueblos ribereños
- Greenpeace exige la paralización cautelar de las autorizaciones mineras, así como la constitución de un grupo de expertos independientes que evalúe en profundidad los efectos de los vertidos en el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud
Una treintena de activistas de Greenpeace ha desplegado varias pancartas, que en total superan los 300 metros cuadrados, desde los tirantes del puente de la Barqueta, en Sevilla, con el lema “Aznalcólllar, otra vez no”. Con esta acción, que apela a aprender de los errores del pasado, Greenpeace quiere denunciar las devastadoras consecuencias que tendría para el río Guadalquivir la reapertura de las minas de Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (La Algaba).
La protesta coincide con la celebración de la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo en Sevilla y no ha dificultado el desarrollo de las regatas que han discurrido por la Dársena del Guadalquivir. La organización ecologista ha querido llamar la atención de la comunidad internacional sobre los peligros que afronta el río que acoge este prestigioso evento deportivo.
“Mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla venden a bombo y platillo las bondades del Guadalquivir para eventos deportivos y conciertos flotantes, están firmando su sentencia de muerte con la aprobación de estos vertidos. Es hora de aprender del pasado. Aznalcóllar ya fue la crónica de un desastre anunciado: la sociedad civil se desgañitó alertando sobre lo que iba a pasar; ahora, lamentablemente, la historia se repite”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha dado luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que supondría un vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años a través de una tubería de 30 kilómetros que iría desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir. Por otra parte, otra empresa minera situada en la Algaba quiere reabrir la mina de Cobre las Cruces y realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años. Ambos vertidos llevarían disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio y afectarían a Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, que forma parte de la Red Natura 2000, así como sobre el Espacio Natural de Doñana, ya amenazado por otras presiones antrópicas.
Por otro lado, Greenpeace advierte que el estuario del Guadalquivir ya presenta signos de contaminación debido a los vertidos producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río, comprometiendo el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, de importancia capital para la economía y el desarrollo local. Por este motivo, Greenpeace recuerda que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir.
Greenpeace denuncia que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de las sustancias que se vierten en él. A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente. Numerosos estudios científicos han avisado ya de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar: la presa de Alcalá del Río actúa como un «fondo de saco», frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo. A esto se suma el llamado «tapón salino» en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores. Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico: se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica.
Greenpeace exige la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona. Por otro lado, reclama la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. Esta petición está también respaldada por otros grupos ecologistas, entidades académicas y científicas, asociaciones de la sociedad civil, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores, asociaciones de mariscadores y pesca tradicional, así como diferentes ayuntamientos ribereños y de la desembocadura del Guadalquivir. Estas entidades han mostrado su oposición al proyecto y su preocupación frente a la actitud de sordera institucional que está demostrando la Junta de Andalucía con respecto a las demandas planteadas.
“Cada vez hay más sectores sociales y económicos que muestran su estupefacción ante estos vertidos. Sin embargo, a medida que la protesta social crece, prevalece la actitud obstinada y la cerrazón de la Junta de Andalucía. Aplicar el principio de precaución sí que sería de sentido común. Demandamos que se prioricen la salud pública, la protección de Doñana y la supervivencia de sectores productivos compatibles con la conservación de la biodiversidad, frente a la rentabilidad económica de multinacionales como Grupo México, sobre la que ya pesan graves desastres mineros en otros países”, ha concluido Berraquero.