El fuerte empujón de un agente de Policía Nacional a una profesora, este domingo en Valencia, ha elevado la tensión (ver fuentes 1, 2a, 2b). Los sindicatos permanecieron encerrados en la Conselleria tras una reunión fallida, y ante el silencio de la Administración, unos 200 docentes iniciaron el lunes una acampada indefinida en “la pza. de la Virgen (junto a la Catedral y el Palau de la Generalitat), y que continúa activa. A la incompetencia del ya expresidente Carlos Mazón y su equipo, reticentes al diálogo cercano, le sigue la de su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, más falta de diálogo de la consellera Carmen Ortí, quienes han llevado a la comunidad educativa a la ruptura. Más allá de estos hechos, analizamos las causas estructurales que han conducido a esta crisis (ver 2c, 2d).
La educación pública no está siendo reformada, ni mejorada, está siendo desplazada
Hay formas de deteriorar un Sistema sin necesidad de declararlo abiertamente. No hacen falta discursos incendiarios ni reformas abruptas. Basta con una combinación precisa de propaganda, desvío presupuestario y bloqueo institucional. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la educación pública en la Comunidad Valenciana y, por extensión, en otros territorios donde se replica el mismo modelo político.
Démosle nombre y contenido a la agenda oculta del PP y Vox: la privatización total. No la verán como “propuesta de ley” en el Parlamento nacional, pero se puede reconocer claramente en lo que estos partidos hacen, de hecho, donde gobiernan.
El presupuesto como pantalla: cifras que no llegan al aula
El relato oficial en Valencia es impecable, casi de spot publicitario: «cifras récord», «inversión histórica», «compromiso con el sistema educativo». El presidente Pérez Llorca presume de que su Conselleria de Educación ha recibido 7.749 millones de euros (unos 7.600 € por alumno), calificándolo como «el presupuesto educativo más alto de la historia».
Pero la realidad contable desmonta esta cifra. Pura propaganda o demagogia. El gasto real ha caído un 0,76% respecto al año anterior, porque el grueso del presupuesto se destina al pago de la deuda, que asciende a más de 7.216 millones, y ha crecido un 21% anual. Solo 1.167 millones se destinan a inversión real en el capitulo educativo. El dinero se va en amortizar la deuda que ellos mismos generan, no en las aulas.
Cuando se analiza el destino efectivo del presupuesto, emerge una estructura profundamente distorsionada: los recursos no llegan a sustituir barracones temporales por instalaciones dignas, ni a mejorar las condiciones del profesorado, o actualizar edificios o reponer lo que se cae de puro viejo. Se prioriza la amortización financiera sobre la inversión social.
El resultado es tan simple como preocupante, porque mientras se comunica «crecimiento», en la práctica hay «contracción». Esta es la primera clave: la educación pública no se desmantela de golpe, se vacía progresivamente mientras se mantiene intacto el discurso de apoyo. Es el mismo modelo que el PP ya aplica en la Sanidad pública allí donde gobierne, y puede enunciarse como —»quien pueda pagarse la cobertura de excelencia, que la tenga; el resto, a lo que quede de lo público». La pública como «servicio de pobres o último recurso». Muy «a lo estadounidense».
La agenda legislativa: blindar lo privado con dinero público
El segundo movimiento es más técnico, pero igualmente decisivo. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se legisla esa inversión.
La Ley 6/2025 de Presupuestos de la Generalitat incluye un capítulo entero dedicado a regular los «módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados». Esto no es un detalle menor: es una declaración de prioridades. El esfuerzo normativo del PP no ha ido a reforzar la pública, sino a garantizar el dinero público para los colegios privados.
Mientras tanto, la educación pública queda relegada a una lógica de gestión, no de fortalecimiento estructural. Este desequilibrio responde a una concepción ideológica clara: transformar el derecho a la educación en un sistema de provisión mixta donde lo público deja de ser el eje vertebrador para convertirse en una opción más, frecuentemente la más debilitada.
El patrón no es local: el laboratorio madrileño
Lo que ocurre en la Comunidad Valenciana no es una anomalía, sino la aplicación de un modelo ya ensayado. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presume de «libertad de elección» mientras su consejero Emilio Viciana habla abiertamente de «apostar por el modelo mixto y reforzar el papel de la concertada». Los presupuestos de 2026 destinarán 1.391 millones de euros a la concertada. El resultado es el mismo: pública infra financiada y dinero público fluyendo hacia lo privado.
No es una excepción valenciana, es un modelo replicado. Madrid no es el ejemplo, es el laboratorio
La Comunidad de Madrid lleva casi tres décadas bajo gobiernos del Partido Popular, y durante ese tiempo ha sido el banco de pruebas de un modelo que hoy se exporta a Valencia. Allí, el PP ha ido desmontando lo público ladrillo a ladrillo. En educación, los conciertos a centros privados ya se llevan el 20% del presupuesto del sector, el doble que hace veinte años, mientras que el gasto por alumno en la pública es un 17% inferior a la media estatal. Los centros públicos madrileños concentran cada vez más a los alumnos con necesidades especiales y a las familias con menos recursos. Mientras que la concertada, cuando no rechaza estas familias, ejerce una selección silenciosa por vía de las extraescolares, etc, que profundiza la segregación escolar.
En Sanidad, Madrid también marcó el camino. La inversión en hospitales de gestión privada creció en los últimos años tres veces más que en los públicos, y la Comunidad ha desembolsado miles de millones por encima de lo presupuestado para empresas como Quirón y Ribera. La dependencia, las residencias, la atención a la infancia… Madrid ha sido laboratorio de todo ello. Y cada uno de esos experimentos —el aumento de la concertada, la externalización sanitaria, la precarización de la atención a la dependencia— ha acabado siendo el manual de instrucciones para lo que hoy vemos en la Comunidad Valenciana. Porque lo que ocurre en Valencia no es una anomalía ni una mala gestión puntual: es la exportación meticulosa de un proyecto que durante décadas ha ido sustituyendo derechos por mercados.
El escudo constitucional: igualdad de oportunidades no es retórica
Conviene recordar algo que, en medio del ruido político, parece diluirse: la educación no es un servicio más. Es un derecho fundamental reconocido en el Artículo 27 de la Constitución, como uno de los pilares del Estado social y democrático de derecho, que los españoles decidimos construir tras la muerte de Franco. Ese Derecho implica condiciones materiales de igualdad: calidad homogénea, recursos suficientes, equidad territorial, en todos los servicios Publicos. Especialmente la Sanidad y la Educación.
Cuando se debilita la red pública, no se erosiona solo un modelo educativo, sino el propio principio de igualdad de oportunidades. Los datos lo confirman: el abandono escolar en las rentas más bajas (23,6%) triplica al de las rentas más altas (7,4%). El sistema educativo no solo refleja la desigualdad: la reproduce. Debilitar la educación pública es amplificar esa desigualdad.
No estamos ante un fallo sectorial. Estamos ante la erosión de un Sistema completo diseñado para corregir desigualdades sociales, no tanto por la vía de distribuir las rentas, si no procurar igualdad de oportunidades y un nivel común en lo Publico garantizado en todo el País, desde la infancia hasta la vida adulta: protección a la infancia, dependencia, discapacidad, vivienda, renta mínima. Cuando la educación falla —y es la pieza más estratégica—, todo el sistema se resiente.
Estrategia del desgaste: dividir, bloquear, culpabilizar
El deterioro no se produce en el vacío. Es un conflicto administrado, no mal gestionado.
La Conselleria de Educación, liderada por Carmen Ortí Ferré, ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF (subida de 200 euros en año y medio) mientras ignora a los mayoritarios (STEPV, CCOO, UGT), que representan a la mayoría del profesorado. La consellera se niega a recibirlos y ofrece reuniones por Zoom. Es un desprecio al grueso de la comunidad educativa.
La realidad socioeconómica en relación a la Educación y las familias
En este tema están bloqueados simultáneamente tres frentes: el económico (salarios congelados), el político (cuestión lingüística del valenciano) y el social (infraestructuras, demandas de las familias). El objetivo no es resolver el conflicto, sino prolongarlo. Cuando las huelgas se alargan, cuando las soluciones no llegan, se genera frustración que acaba desplazando la responsabilidad hacia los docentes. Las familias se cansan, el profesorado se desgasta, y la opinión pública empieza a percibir el sistema como ineficaz.
Ese es el terreno perfecto para justificar alternativas privadas: degradar lo Público para sustituirlo paulatinamente por la oferta del mercado. Y esta sustitución se viste con la bandera de la «libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos».
Pero, ¿de qué libertad me hablan? Cuando una familia media, algo que ya es una proeza hoy en día, se plantea la concertada para dos hijos, se enfrenta a un muro de números. En Madrid, la cuota puede ser baja (39,9 euros), pero en Cataluña ya se dispara (108 euros). Estas cantidades, sumadas a los costes anuales que pueden rondar los 500 euros por niño, se convierten en un serio lastre para un presupuesto familiar. Y no hablemos ya de la enseñanza privada, donde el simple hecho de ponerse un uniforme es el pistoletazo de salida a una espiral de gastos que se come el sueldo de un mes (4).
A esto se añade la trampa de las «actividades extraescolares» que, lejos de ser un capricho, se han convertido en un gasto casi obligatorio. La ley no lo permite pero tampoco lo controla, dando a los centros concertados autonomía para establecer estos servicios complementarios. Es la letra pequeña de una supuesta gratuidad que termina costando un ojo de la cara.
Por si fuera poco, tenemos que hablar de las cifras macro. Una familia media española ingresa, de media, unos 32.446 euros brutos al año (6), un salario que apenas ha aumentado su poder adquisitivo en los últimos 25 años mientras el coste de la vida no ha parado de subir. Y luego está el elefante en la habitación: la vivienda. Un piso medio ya cuesta más de 247.000 euros en las grandes ciudades, hipotecando de por vida a cualquier hogar.
Ante este panorama, vender la concertada o la privada como una opción real es un insulto a la inteligencia. Por eso, no sorprende que informes de organismos como la OCDE señalen que España presenta una de las mayores brechas socioeconómicas entre centros educativos, y que Oxfam Intermón ya haya alertado de cómo estas cuotas contribuyen directamente a la desigualdad escolar. El cheque escolar del PP y Vox no es más que un eslogan demagogo para un 20% de la población que va sobrada. Para el 30% restante, con ingresos apenas suficientes, esa «libertad de elección» no es sino un ahogo perpetuo del que es imposible salir.
Degradar para sustituir: la lógica del vaciamiento
Primero se debilita lo público, luego se señala su ineficiencia, y finalmente se propone su sustitución por modelos privados o mixtos. No es una transición brusca, sino una lenta deriva. Se presenta como modernización o ampliación de opciones, pero en el fondo implica un cambio de paradigma: de un sistema basado en derechos a uno basado en capacidad de elección condicionada al bolsillo.
El riesgo es claro: privatizar la educación es consolidar la desigualdad. Las clases altas blindan sus privilegios, la clase media se estanca, y los que parten de abajo pierden la única herramienta que podría sacarlos de allí: la escuela pública de calidad. Así se rompe la promesa de la «escalera social». Un país donde tu futuro se decide por tu código postal y no por tu esfuerzo no es un país libre; es un mercado de destinos heredados. La cuna donde naces determina tu suerte. Justo lo que el espíritu de nuestra Constitución y la idea del “Estado Social y del bienestar” intenta evitar por la vía de volcar el esfuerzo de las Administraciones, en todos sus niveles, en cuanto a “igualar en oportunidades”.
El espejismo de los modelos importados: el cheque escolar
A menudo se invocan modelos extranjeros —como el neerlandés— para justificar sistemas mixtos con fuerte presencia de la iniciativa privada. En este esquema, el Estado dejaría de financiar directamente las escuelas públicas y entregaría a cada familia un «cheque» o vale por alumno.
¿Cómo funciona? La Administración da a los padres un cheque por el coste público por alumno. La familia elige cualquier centro —público, privado o concertado— y el colegio cobra del Estado. La financiación «sigue» al alumno.
El modelo neerlandés a menudo se presenta como ejemplo a seguir. Pero trasladarlo a España sin más es profundamente engañoso. La clave de la aparente equidad del sistema neerlandés no reside en los cheques, sino en una red de seguridad social mucho más potente que la nuestra: inversión masiva en becas, transporte, alojamiento, comedor… Algo que brilla por su ausencia en la agenda privatizadora de la derecha española.
En el debate español, PP y Vox han utilizado este modelo como ariete ideológico. Para Vox, el cheque escolar es su «medida estrella». Pero introducirlo sin salvaguardas no sería modernización, sino una vía de doble sentido que convierte la educación en un mercado y a los alumnos en clientes. La enseñanza pública, ya debilitada, se vaciaría de alumnos y recursos, mientras los centros privados —muchos de los cuales ya seleccionan al alumnado— se llevarían la mayor parte de la tarta.
El cheque escolar no es una simple herramienta de gestión. Es una declaración de principios: la educación deja de ser un derecho universal para convertirse en un servicio que el Estado compra en el mercado. Al vincular esta propuesta con los recortes y el bloqueo institucional que ya sufrimos en la Comunidad Valenciana, se dibuja con nitidez el proyecto de país: uno donde las oportunidades dependen de tu renta o tu código postal.
Lo que está en juego
No estamos ante un debate técnico ni presupuestario. Estamos ante una cuestión de modelo de país. La educación pública es un pilar de infraestructura democrática, es el mecanismo que permite que el origen social no determine el destino vital. Debilitarla no es una decisión neutra: es una toma de posición.
El discurso oficial seguirá hablando de cifras récord, de libertad de elección, de eficiencia. Pero los datos, la realidad de los centros y la experiencia de docentes y familias apuntan en otra dirección: un desplazamiento silencioso del derecho a la educación pública de calidad hacia un modelo de provisión donde lo público pierde peso y lo privado gana centralidad. Un escenario donde el nivel educativo depende del bolsillo.
Ese desplazamiento no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas concretas. La pregunta no es solo qué está pasando con la educación pública, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir. Porque cuando un país convierte la educación en mercado, deja de decidir su futuro y empieza a heredarlo.
Fuentes:
RTVE – Ultimas noticias: 2/06/2026: “Unos 200 profesores en huelga inician una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de Valencia”
ElDiarioes – crónica:
La agresión“Expedientado el agente de la Policía Nacional que agredió por la espalda a una profesora en huelga en València”
A la Delegada del Gobierno: “Tú no vas a investigar nada”: la respuesta de dos sindicatos policiales a la delegada del Gobierno por la agresión de un agente a una manifestante en València”
Incompetencia: «Un informe alerta de que el 70% de los fondos europeos para educación en la Comunitat Valenciana sigue sin ejecutarse»
Fondo de la cuestión: “La inversión en educación pública encadena diez años de descensos mientras que los fondos para la concertada son hoy más elevados que hace una década”
ElPaís.com – «La Delegación del Gobierno en Valencia investigará la agresión policial a una profesora durante una concentración»
Antena3 – «El 83% de los colegios concertados cobra cuota y en el 69% es obligatoria, según un estudio encargado por CICAE»
Lasexta.com – «El Gobierno tilda de «inaceptable» el empujón de un policía a una mujer en la manifestación de profesores en Valencia: ‘Lo vamos a investigar'»
Newtral.es – «El 72% de los españoles vive con una renta bruta anual de 20.000 euros o menos»
Educacion.ustea.org – «MITOS DE LA CONCERTADA (I): La «libertad de elección»»