El peor incendio de la historia de España: una negligencia, una ola de calor, un paisaje inflamable y…una clase política polarizada
El incendio de Burgohondo es, de momento, el mayor de la historia desde que se tienen registros, esto es, desde 1968. En espera de un análisis de detalle sobre la superficie forestal afectada y las zonas no quemadas dentro del perímetro, se estima que la superficie afectada podría alcanzar las 50.000 hectáreas.
Así que el verano de 2026 nos deja otro récord más que, como otros anteriores, tardarán poco en ser desbancados por un nuevo evento catastrófico alimentado por el carrusel de fenómenos meteorológicos extremos en el que estamos subidos.
Durante estos días tristes en los que hemos estrenado la declaración de “crisis de emergencia nacional”, y también en días posteriores, podríamos haber estado hablando de cómo abordar estos fenómenos y sus consecuencias para la población, qué necesidades tenemos en cuanto a prevención y cultura del riesgo, cuál es la caja de herramientas que el sector forestal tiene para reducir la vulnerabilidad del medio forestal y qué directrices y normas no se están cumpliendo y han hecho posible que numerosos bienes públicos y privados hayan sido destruidos por el fuego. Llamas, conviene recordarlo, que han puesto en peligro la vida de decenas de miles de personas que han tenido que ser desalojadas o confinadas en sus casas.
Pero no, el paisaje político, también calcinado, ha sido otro. Mientras el incendio de Burgohondo corría el riesgo de unirse al que afectaba a la Sierra Oeste de Madrid, volvimos a ver repetida la batalla dialéctica estéril del verano de 2025. Mientras el operativo de emergencias y los profesionales de extinción se afanaban en asegurar la vida de las personas y controlar las llamas, los portavoces políticos bajaron al barro. En lugar de aprovechar la ventana de oportunidad para realizar un diagnóstico sosegado con datos técnicos y científicos, volvieron a triunfar las explicaciones que reducían un problema complejo y poliédrico a una sola y simple razón, a veces falsa, a veces incompleta. El debate se llenó de humo tóxico con los habituales lugares comunes: los incendios se apagan en invierno, el monte está sucio, la culpa es de los ecologistas y la Agenda 2030. Circularon nuevamente los bulos habituales y la conversación se contaminó de explicaciones simples con alta dosis de sesgo político. Hubo debates en televisión donde hubo que elegir entre si el incendio era provocado por el cambio climático o porque no se dejan recoger las piñas.
Pero el incendio forestal de Burgohondo nos cuenta una historia casi completa. Se conjugaron todos los elementos y se dio la tormenta perfecta. Por lo que sabemos hasta la fecha, la ignición (quién prendió la mecha) fue una negligencia provocada por un ganadero que realizaba trabajos no autorizados en días de alto riesgo de incendio. Y una chispa provocada por la máquina encontró una brizna de vegetación deshidratada y oxígeno. Tras ese comienzo, la llama encontró un escenario propicio de vegetación continua y seca y un relieve donde ir más deprisa. El paisaje forestal, el que hemos heredado, es producto del declive demográfico y la merma de actividades agroganaderas. Merma, que no ausencia, ya que se mantiene todavía ganado vacuno en extensivo, la afamada ternera de Ávila. Y la cobertura forestal que cubre las laderas montañosas de la comarca es fruto de las repoblaciones forestales de la segunda mitad del siglo XX, en un momento de la historia en el que la producción de resina era un recurso económico importante. Este aumento natural y artificial de la cubierta forestal tapiza las estribaciones orientales de la Sierra de Gredos formando un continuo vegetal muy sensible a los incendios de alta intensidad. Algunas zonas, como el Castañar del Tiemblo o el Valle de Iruelas, son espacios naturales emblemáticos para la identidad y el orgullo local, protegidos por su belleza y valor ecológico, y que son en la actualidad un recurso turístico fundamental para la economía local.
El debate se llenó de humo tóxico con los habituales lugares comunes: los incendios se apagan en invierno, el monte está sucio, la culpa es de los ecologistas y la Agenda 2030.Pero este paisaje que creció y se extendió por un territorio cada vez menos poblado y una economía que dejaba atrás el uso de la biomasa forestal (leña, carbón vegetal, madera, pasto) y que sustituyó el uso de los animales de tiro por las máquinas es un fiel reflejo de la España vacía. Es muy vulnerable ante el nuevo escenario, ya que que el cambio climático está poniendo a estos paisajes forestales ante un dilema; o los gestionamos los humanos o lo harán los grandes incendios forestales, de manera brusca, dramática y con graves consecuencias económicas. Lo hemos visto, lo han vivido los afectados. Pero es que esto lo llevamos viendo desde hace décadas. O adaptamos estos paisajes al cambio climático, o lo veremos poco a poco cambiar producto del estrés hídrico, las plagas, las sequías o el fuego.
Si queremos que los paisajes forestales que tenemos sobrevivan al siglo XXI tenemos que adaptarlos al escenario que les ha tocado vivir, un clima extremo producto de un modelo socioeconómico suicida. De eso deberíamos estar hablando. Sin restar valor o influencia a los componentes del cóctel, escuchando a la ciencia y recogiendo con presupuestos las propuestas de los profesionales de la extinción.
Incendio de Burgohondo. Imagen de ABC. Y abramos un paréntesis para no olvidar a la población afectada en este incendio (y en el resto de los que han pasado y ocurrirán). Deberíamos estar hablando de un problema urgente: ¿por qué tras el fuego y sus impactos existe un riesgo añadido en las zonas incendiadas? Las próximas lluvias, sean tormentas en agosto o las lluvias de otoño, movilizarán la ingente cantidad de suelo desnudo y las cenizas. Estos sedimentos y cenizas contaminantes serán arrastrados hacia barrancos, ríos, embalses, captaciones de agua y zonas de baño, con impactos sobre la calidad del agua, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones. Esto puede ocurrir incluso muchos meses, incluso un año después, como se demuestra en las zonas quemadas de 2025, que sufrieron el impacto de las lluvias de junio con arrastre de cenizas en pantanos y playas fluviales. Hay que empezar a liberar presupuestos para retener el máximo de esos arrastres en las zonas vitales para el abastecimiento de agua de la población. De eso deberíamos estar hablando, no de las piñas.
Pero también hay buenas noticias
No todo está negro, quedaron muchas islas de vegetación sin quemar desde donde surgirá el verde de la restauración y muchas plantas que rebrotarán de raíz. Y la fauna volverá, seguro. Y, en cuanto a las soluciones para que no vuelva a ocurrir, también hay luz al final del túnel. La ventana de oportunidad y el debate social político en los medios de comunicación también nos está también permitiendo hablar de soluciones.
Para el sector forestal y las organizaciones ecologistas este debate no es nuevo, pero nunca permeó en la acción política. Por no remontarnos a la década de los 90, llevamos tiempo advirtiendo de que lo que pasó en los veranos de 2006, 2012, 2017, 2022 y 2025 volvería a pasar, pero de manera más virulenta debido a la perpetuación de los problemas estructurales del medio rural, el incremento de las temperaturas y la mayor duración y frecuencia de las olas de calor provocadas por el cambio climático. Por eso nos arrebatan las declaraciones que estamos escuchando estos días en boca de los portavoces de algunos partidos políticos, ya que se focalizan en restar influencia al cambio climático sobre esta crisis, poniendo el foco en la extinción, en una supuesta prohibición de la recogida de piñas o diluyendo su responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Se buscan culpables, no soluciones.