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Los muertos no deben gobernar a los vivos

ESCRITOS CR脥TICO

Jorge Majfud

Sobre el proyecto de reforma constitucional del Polo de Izquierda

Desde civilizaciones antiguas, los ideales sociales e individuales fueron la libertad y la seguridad; los Estados modernos, fundados en la Ilustraci贸n, le agregaron el concepto ind铆gena de la igualdad, que transform贸 los ideales de libertad y seguridad como privilegios de los poderosos en derechos universales. Como en el caso de algunos pueblos nativos que precedieron a la Ilustraci贸n, esta libertad universal en un mundo naturalmente diverso, s贸lo era posible con un gran acuerdo de paz basado en los principios de libertad, igualdad y solidaridad, los que s贸lo eran posibles incluyendo la diversidad en el derecho a la igual-libertad y excluyendo los privilegios de los poderosos.

En los Estados modernos, esos acuerdos fueron las constituciones ilustradas orientadas a esos ideales. La paradoja radica en que, primero, un ideal nunca es alcanzable, no s贸lo por la naturaleza humana sino porque la realidad se encuentra en perpetuo cambio; segundo, porque la libertad de los poderosos (el derecho a la acumulaci贸n ilimitada de propiedad privada, AIPP) siempre estuvo en conflicto con el derecho a la igual-libertad de los pueblos. Raz贸n por la cual el acuerdo social, la constituci贸n, como las leyes, deben ser revisados constantemente para que los muertos se limiten a su rol de consejeros sin gobernar a los vivos.

Hubo democracias liberales que cedieron cierto poder a las mayor铆as debido a la fuerza de su propia organizaci贸n y a la importancia de su rol de producci贸n y consumo, tanto material como cultural. Sin embargo, como estas democracias nunca rompieron la din谩mica feudal, radicalizada por el capitalismo, nunca dejaron de ser “democracias controladas”, cuyas dictaduras militares y coloniales demostraron que el poder de las 茅lites econ贸micas era lo 煤nico intocable, no las t铆midas democracias que las legitimaban de vez en cuando.

Actualmente, ese proceso de democratizaci贸n progresiva se encuentra, otra vez, en retroceso: los derechos vuelven a ceder ante los privilegios (AIPP). Los poderes nacionales e internacionales han aumentado la brecha econ贸mica y financiera hasta un extremo que pone en riesgo hasta su propia existencia ante una crisis total, comenzando en las antiguas potencias mundiales.

Uruguay tiene una de las democracias modernas (indirectas, limitadas) m谩s reconocidas del mundo. Como todos, este reconocimiento se basa en un pasado. Un pasado cambiante y experimental con algo m谩s de un siglo, con tr谩gicas interrupciones. Precisamente, por esa tradici贸n, deber铆a retomar los ideales ilustrados y atreverse a democratizar sus propias instituciones, m谩s en un momento en que el presente confirma una voluntad medieval contra el mayor paradigma de la historia moderna: la igual-libertad.

Como toda democracia liberal, tambi茅n la uruguaya refleja el poder econ贸mico y social, con sus clases dominantes, representadas y protegidas de forma desproporcionada. Durante demasiado tiempo, muchas instituciones y la misma cultura pol铆tica han funcionado bajo una l贸gica de distancia entre gobernantes (los adultos responsables) y gobernados (la masa inmadura). Los privilegios legales de los representantes de los poderes dominantes, en su mayor铆a, como los fueros o las discreciones administrativas, con m谩s frecuencia que excepciones han sido una barrera contra la justicia.

La inmunidad debe proteger la libertad pol铆tica, no la impunidad ni la arrogancia de quienes ostentan un poder prestado por los pueblos. Por la misma raz贸n, la transparencia tampoco debe depender de la voluntad de quienes gobiernan o de quienes ostentan el poder social debido a una particularidad exclusiva: su mayor acumulaci贸n de capitales financieros o materiales.

Lo peor que le puede pasar a una democracia es dejar la pol铆tica en manos de los pol铆ticos―y aun peor: en manos de quienes poseen un poder desproporcionado debido a esta acumulaci贸n. Una democracia madura necesita instituciones capaces de controlar el poder en todas sus formas, no solamente castigando a quienes son descubiertos luego de ejercer la corrupci贸n legal o ilegal. Por ejemplo, organismos como la JUTEP y el Tribunal de Cuentas deber铆an contar con herramientas efectivas para fiscalizar el uso de los recursos p煤blicos.

Tambi茅n resulta necesario discutir el papel presente e hist贸rico de las fuerzas armadas. Como bien observ贸 Eisenhower en 1961, el mayor peligro para una democracia es el Complejo Militar Industrial. Este tiene su centro en las superpotencias globales, sobre todo en Estados Unidos. Uruguay es apenas un consumidor de la chatarra que desechan estas potencias y, m谩s importante, como cualquier pa铆s mediano o peque帽o, es el objeto de las megafinancieras que succionan capitales a trav茅s de las deudas nacionales y de la privatizaci贸n de los ahorros que intermediarios como las AFAP canalizan con sus inversiones en el Mercado de la Muerte.

Uruguay, un pa铆s peque帽o sin un conflicto b茅lico desde 1870 y con tres dictaduras c铆vico-militares desde entonces, debe preguntarse si sus prioridades presupuestarias corresponden a sus verdaderas necesidades. Aparte de una guardia fronteriza, su seguridad nacional no se mide por su gasto militar de cuarteles―irrelevantes para cualquier conflicto regional―, sino por la calidad de vida de su poblaci贸n, por su diplomacia, por sus alianzas s贸lidas con otros pa铆ses de la regi贸n y por su independencia cultural, cient铆fica y tecnol贸gica.

Una democracia del siglo XXI tampoco puede ignorar a los uruguayos que viven fuera del territorio nacional. La distancia geogr谩fica no cancela ni los derechos ni las obligaciones de la ciudadan铆a. De la misma forma, nadie pierde su derecho al voto por no poder trasladarse de un rinc贸n del pa铆s al otro, lo que en ocasiones resultar铆a m谩s costoso que viajar desde alguno de los pa铆ses fronterizos para ejercerlo. El solo hecho de que la constituci贸n permita el voto de los extranjeros sin ciudadan铆a, pero no el de sus ciudadanos en el extranjero, dice mucho de esta inconsistencia hist贸rica. Quienes mantienen v铆nculos econ贸micos, familiares y culturales con Uruguay deben tener el derecho a participar en las decisiones colectivas de su pa铆s. Aparte de las remesas que env铆an, muchos uruguayos residentes en el exterior pagan impuestos en Uruguay para cubrir servicios que nunca usan. Muchos, al retirarse, llevar谩n a Uruguay sus ahorros y los aportes jubilatorios realizados en otros pa铆ses. Claro que m谩s all谩 de estas razones materiales est谩n las afectivas. Las ra铆ces son lo 煤ltimo que se seca. Aparte de que la actual constituci贸n proh铆be renunciar a la ciudadan铆a uruguaya, est谩 el simple derecho ciudadano que no se suspende al viajar o por vivir en el exterior.

La discusi贸n sobre las AFAP refleja otro debate m谩s profundo sobre qui茅n controla los recursos producidos por la sociedad. Si los fondos previsionales permanecen en manos privadas, debe existir una transparencia absoluta (y ut贸pica) sobre inversiones, ganancias, comisiones y obligaciones. Los administradores de fondos previsionales pueden invertir el dinero de los ahorristas (de hecho, lo hacen) en guerras y genocidios a trav茅s de sus porfolios. Estas inversiones tambi茅n refuerzan el poder imperial que luego volver谩 a los pa铆ses aportantes en forma de pr茅stamos e imposiciones extranjeras.

Reformar la Constituci贸n no significa destruir la tradici贸n democr谩tica uruguaya. Significa tomarla en serio. Las democracias que se niegan a cambiar terminan siendo museos pol铆ticos: conservan mitos, monumentos y f贸siles del pasado mientras pierden contacto con la realidad o la distorsionan hasta hacerla irreconocible para sus propios ciudadanos. Los vivos terminan siendo gobernados por los muertos.  

En lo personal, entiendo que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Polo de Izquierda planea unos puntos m谩s importantes que otros; unos m谩s discutibles que otros, pero, en general, plantea una discusi贸n necesaria para la sociedad uruguaya. Naturalmente, todo sistema pol铆tico es conservador, incluso los m谩s progresistas. Es conservador porque las instituciones est谩n dise帽adas para perpetrarse y perpetuar el poder de quienes las organizan, las aprueban o las toleran. Es conservador porque est谩 compuesto por seres humanos y la mayor铆a son profesionales en sus funciones, es decir, dependen econ贸micamente de un sistema.

La historia nos muestra y demuestra que, con excepciones, los cambios llegan despu茅s de las crisis, a pesar de que la l贸gica indica que los cambios deber铆an llegar primero para evitar las crisis. Hagamos un acto de fe y confiemos en que esta ser谩 una de aquellas excepciones.

Jorge Majfud, julio 2026



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