En nombre de la seguridad nacional, periodistas son perseguidos, encarcelados, vigilados, forzados al exilio e incluso asesinados. En línea con la Clasificación de la Libertad de Prensa 2026, el nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo” demuestra cómo el concepto de seguridad nacional, mucho más allá de su finalidad original, se ha transformado en una herramienta de represión contra el periodismo en todo el mundo. El informe analiza esta deriva mundial y formula diez recomendaciones para proteger de forma duradera la libertad de prensa.
La seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto que permita a los gobiernos silenciar a los periodistas. Cada proceso judicial abusivo, cada detención arbitraria y cada ley retorcida para ser usada contra la prensa debilita no solo la libertad de informar, sino también el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la información. Los gobiernos, ya sean autoritarios o democráticos, aprenden ahora unos de otros cómo utilizar las herramientas del Estado en materia de seguridad para impedir que los periodistas investiguen. Este informe demuestra que esta deriva se ha convertido en un fenómeno mundial y que urge reafirmar que el periodismo nunca constituye una amenaza para el Estado, sino una garantía contra la arbitrariedad.
Anne Bocandé. Directora Editorial de RSF.
¿Qué tienen en común los periodistas Turki al-Jasser, de Arabia Saudí; Frenchie Mae Cumpio, de Filipinas o Zhang Zhan, de China? Todos ellos han sido condenados en nombre de la “seguridad nacional” entre 2020 y 2026. El primero fue ejecutado y los otros dos fueron encarcelados, simplemente por ejercer su profesión. Estos casos distan mucho de ser aislados: desde Gaza hasta Hong Kong, pasando por Moscú y Managua, cientos de periodistas se enfrentan hoy a acusaciones de terrorismo, espionaje, traición o atentado contra los intereses del Estado, cuando lo único que hacían era cumplir con su labor.
Solo en las últimas semanas, el medio digital independiente Crimean Solidarity ha sido incluido en el infame registro de “agentes extranjeros” del gobierno ruso por haber documentado la represión rusa en la Crimea ocupada y, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha emitido citaciones para obligar a periodistas del Washington Post y del Wall Street Journal a testificar ante un gran jurado en el marco de una investigación sobre filtraciones relacionadas con la seguridad nacional. El 1 de julio de 2026, tan solo unos días antes de la publicación del informe, el régimen chino aprobó una nueva ley que amplía peligrosamente el abanico de actividades consideradas como “terrorismo”. Esta legislación puede utilizarse para perseguir a periodistas en el exilio, especialmente a los de la minoría uigur perseguida. En Hong Kong, el editor Jimmy Lai acaba de superar la barrera de los 2000 días en prisión por un presunto delito de “atentado contra la seguridad nacional” en su calidad de fundador de Apple Daily, uno de los periódicos independientes más emblemáticos del territorio.
Y este 8 de julio, el Tribunal de Apelación de París debe pronunciarse sobre el caso de Ariane Lavrilleux. La periodista fue acusada de “vulneración del secreto de la defensa nacional” y de “revelación de información que puede conducir a la identificación de un agente protegido” tras la publicación, en 2021, de una investigación que revelaba que una misión de los servicios de inteligencia franceses habría sido desviada por las autoridades egipcias para atacar a civiles. Lavrilleux, periodista del medio Disclose, fue sometida en 2023 a 39 horas de detención policial, a un registro de su domicilio y a medidas de vigilancia. Su caso fue archivado en octubre de 2025 porque la juez de instrucción consideró entonces que sus artículos respondían al interés general y al debate democrático. Sin embargo, la Fiscalía General recurrió la sentencia y ahora solicita no solo la reapertura del caso y su imputación, sino también la comparecencia de los coautores de la investigación de Lavrilleux, así como la retirada de los artículos y del documental que realizaron.
Veinticinco años después de que la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos reforzase las medidas de seguridad en todo el mundo, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF ha confirmado recientemente la deriva de las legislaciones en materia de seguridad nacional, con un deterioro del indicador legal en más del 60 % de los países entre 2025 y 2026. La criminalización del periodismo, mediante la elusión de las leyes protectoras sobre la prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común, se ha convertido en un fenómeno mundial.
He dedicado gran parte de mi carrera a defender a periodistas y denunciantes perseguidos en nombre de la seguridad nacional. Pero cuando comparecí ante el tribunal a principios de siglo por negarme a revelar mis fuentes, pensaba que estaba siendo testigo de un conflicto excepcional entre la seguridad nacional y la libertad de prensa. Hoy en día, se ha convertido en un modelo de gobernanza. Los Estados se inspiran unos en otros para saber cómo utilizar mejor el pretexto de la seguridad nacional con el fin de eludir el control democrático y silenciar a los periodistas. Este informe muestra que ya no nos enfrentamos a una serie de casos aislados. Estamos asistiendo a la normalización de un modelo mundial en el que las democracias y los regímenes autoritarios se inspiran mutuamente para restringir el espacio de la libertad de prensa.
Martin Bright. Director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Essex y redactor asociado de la revista Index on Censorship.
La multiplicación de los conflictos armados y el avance de los regímenes autoritarios contribuyen a esta deriva. El informe destaca especialmente el caso de Gaza y Cisjordania, donde el Ejército israelí detiene, encarcela y priva de sus derechos fundamentales a periodistas palestinos en nombre de la “lucha contra el terrorismo” y la “seguridad nacional”. El texto también denuncia cómo se amordaza a la prensa y se la incita a realizar un “tratamiento patriótico” de la información en la zona del Sahel. También pone de relieve la internacionalización de estas prácticas represivas, desde las leyes sobre “agentes extranjeros” inspiradas en el modelo ruso hasta los dispositivos de control digital desarrollados por China.
Esta lógica ya no perdona ni siquiera a las democracias y crea precedentes jurídicos y de seguridad que debilitan progresivamente las garantías que protegen la libertad de prensa. Cabe citar como ejemplos el endurecimiento de las sanciones a las que podrían enfrentarse los periodistas si colaboran con denunciantes en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 en el Reino Unido, la condena del periodista Juha Mäntylä en Finlandia, el escándalo de las escuchas que afectó, entre otros, al periodista Thanasis Koukakis en Grecia, o los procesos emprendidos contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
Estos casos ilustran una tendencia más amplia: la expansión del recurso al secreto de Estado y a la seguridad nacional como fundamento para procesar a periodistas. Las acusaciones de espionaje, terrorismo o apología del terrorismo, difusión de “información falsa” o atentado contra los intereses del Estado sirven ahora para justificar detenciones, encarcelamientos arbitrarios, vigilancias ilegales y censura. Se trata de cargos que pueden esgrimirse contra periodistas que se limitan a cubrir manifestaciones en Irán, temas de salud pública en Tanzania o que investigan cuestiones medioambientales, como en el caso de Rupesh Kumar Singh en la India o de Shin Daewe en Myanmar. En América Latina, desde Nicaragua hasta Brasil, pasando por Colombia, México o Chile, esta instrumentalización suele inscribirse en la herencia del concepto de “enemigo interno” y adopta diversas formas: acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, vigilancia ilegal, restricciones al acceso a la información y utlización de argumentos de seguridad contra los periodistas que investigan a las fuerzas del orden, los grupos armados, el crimen organizado, la corrupción o las cuestiones medioambientales.
Las ideas clave del informe
La seguridad nacional se desvía cada vez más de su objetivo para criminalizar el periodismo. Las leyes destinadas a combatir los atentados contra la defensa nacional se utilizan ahora contra periodistas que publican información de interés público.
Los conflictos armados son un terreno propicio para instrumentalizar la seguridad nacional con el fin de controlar la información. En nombre de la protección de las operaciones militares o de la unidad nacional, los gobiernos restringen el acceso de los periodistas a las zonas de guerra, imponen narrativas patrióticas y limitan el acceso a la información. Ya sea en Palestina, Sudán, Etiopía o incluso en Rusia, los ejemplos son innumerables.
Cuando las medidas excepcionales adoptadas en nombre de la seguridad nacional se convierten en permanentes, la libertad de prensa se ve amenazada. Los estados de emergencia, las leyes antiterroristas y los regímenes de excepción siguen aplicándose mucho después de las crisis que los justificaron, restringiendo de forma duradera la libertad de prensa. Por ejemplo, en la región de Cachemira, en la India, el periodista Fahad Shah permaneció detenido durante casi dos años gracias a la aplicación sucesiva de varias leyes de seguridad.
Las acusaciones de terrorismo o de apología del terrorismo se han convertido en una de las principales herramientas de represión en nombre de la seguridad nacional. En muchos países, los periodistas que investigan sobre conflictos, ejércitos o grupos armados son equiparados a terroristas o extremistas. La condena de la periodista filipina Frenchie Mae Cumpio por presunta “financiación del terrorismo” es un ejemplo destacado. En África Occidental, el periodista beninés Hugues Comlan Sossoukpè también ha sido perseguido en aras de la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el terrorismo.
La definición de seguridad nacional varía de un país a otro, poniendo en peligro a los periodistas. El significado de “seguridad nacional” cambia considerablemente de un país a otro y muchos Estados amplían su alcance. Estas zonas grises —que abarcan la ciberseguridad, la desinformación, la propaganda, la salud pública y las cuestiones medioambientales— permiten a los gobiernos perseguir a los periodistas por sus informaciones mucho más allá de las cuestiones militares. En Vietnam, por ejemplo, Pham Doan Trang cumple una condena de nueve años de prisión por “propaganda contra el Estado”. En Túnez, el decreto ley n.º 54 se ha utilizado contra periodistas para criminalizar la crítica so pretexto de luchar contra la ciberdelincuencia y proteger la seguridad nacional.
Incluso en tiempos de paz, se invoca la seguridad nacional para obstaculizar las investigaciones periodísticas y se abusa de la vigilancia a los periodistas. Las investigaciones sobre cuestiones militares, diplomáticas o de defensa se asimilan cada vez más a atentados contra los intereses fundamentales del Estado. En Francia, la periodista Ariane Lavrilleux fue detenida tras sus revelaciones sobre la operación militar secreta Sirli, llevada a cabo conjuntamente por Francia y Egipto.
La vigilancia abusiva de los periodistas está muy extendida, incluso en las democracias. Mientras que China cuenta con el sistema de vigilancia más sofisticado del planeta —y tiene el mayor número de periodistas presos—, la vigilancia ilegal de los periodistas aumenta en las democracias. En Grecia, al menos 13 profesionales de los medios han sido víctimas del software espía Predator, en el mayor escándalo de vigilancia a periodistas de la Unión Europea. En Chile, el periodista de investigación Mauricio Weibel Barahona fue objeto de una operación de vigilancia ilegal tras investigar la corrupción en el Ejército —un caso que ilustra los riesgos asociados al uso indebido de las herramientas de inteligencia contra la prensa—.
La seguridad nacional se utiliza ahora de forma indebida para restringir la cobertura de temas de interés público como el medio ambiente o la salud. Los periodistas que investigan sobre la contaminación, los recursos naturales o las crisis sanitarias son procesados utilizando legislaciones en materia de seguridad. El periodista indio Rupesh Kumar Singh, por ejemplo, se encuentra detenido en virtud de la legislación antiterrorista tras investigar las consecuencias de la contaminación industrial.
El uso indebido del argumento de la seguridad nacional traspasa las fronteras. Veinticinco años después de la “guerra mundial contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos, las políticas que fomentan los abusos en materia de seguridad nacional se internacionalizan cada vez más. Las leyes represivas sobre “agentes extranjeros”, popularizadas por Rusia, han inspirado legislaciones similares en varios países, mientras que el modelo chino de control de Internet, encarnado por la “Gran Muralla Digital” (Great Firewall), se está reproduciendo en Vietnam, Myanmar y Camboya con el fin de reforzar la censura en nombre de la seguridad nacional.
La seguridad nacional se invoca para justificar la represión transnacional. En nombre de la lucha contra los “enemigos del Estado”, los regímenes autoritarios persiguen a los periodistas exiliados mediante condenas en rebeldía, solicitudes de extradición, campañas de acoso, amenazas contra sus familiares e incluso intentos de asesinato. El asesinato del periodista kazajo Aydos Sadykov, exiliado en Ucrania tras ser acusado de amenazar los intereses de su país, ilustra este recrudecimiento de la represión transnacional.
Ante la creciente instrumentalización de la seguridad nacional, RSF hace un llamamiento para restablecer las garantías democráticas. La organización recomienda, en particular, fijar límites estrictos a la definición de seguridad nacional, proteger el secreto de las fuentes, regular los poderes de vigilancia, impedir el uso abusivo de leyes antiterroristas contra periodistas y reforzar los mecanismos internacionales de protección de la libertad de prensa.
Las diez recomendaciones de RSF
Con el fin de conciliar los imperativos de la seguridad nacional con la protección de la libertad de prensa, los países democráticos deberían adoptar garantías que aseguren que cualquier restricción dirigida al periodismo siga siendo excepcional, necesaria y proporcionada. Con este fin, RSF recomienda las siguientes medidas:
Adoptar una definición precisa de lo que constituye una amenaza para la seguridad nacional.
Y ello con el fin de evitar que este concepto sirva de justificación general para restringir las coberturas e investigaciones periodísticas sobre temas de interés público (medio ambiente, salud pública, migraciones, etc.). Conceptos ambiguos como “el perjuicio a los intereses del Estado” o “la reputación nacional” tampoco deberían constituir motivos legítimos para limitar la actividad periodística.
Hacer prevalecer la excepción del interés público en los procesos judiciales basados en leyes sobre espionaje.
Los periodistas procesados penalmente por la publicación de información clasificada o sensible deberían poder invocar esta excepción cuando la divulgación contribuya al debate sobre una cuestión de interés general. Los jueces deberían esforzarse por encontrar un equilibrio justo entre, por un lado, el interés público de la divulgación y, por otro, cualquier perjuicio específico y demostrable causado a la seguridad nacional.
Velar por que los mecanismos de lucha contra el terrorismo no se utilicen indebidamente para perseguir a los periodistas.
Los delitos de terrorismo deberían basarse en pruebas claras que demuestren la intención, el conocimiento de los hechos y un vínculo demostrable con actos u organizaciones terroristas. Los periodistas no deberían incurrir en responsabilidad penal por el mero hecho de informar sobre las actividades de grupos designados como terroristas o de comunicarse con ellos. Las medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, incluidas las basadas en las normas elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), también deberían aplicarse respetando los derechos de los periodistas y la libertad de prensa.
Someter cualquier operación de vigilancia policial o de seguridad nacional contra periodistas, en el marco de investigaciones sobre los delitos más graves, a una autorización judicial previa y a un control jurisdiccional.
Y ello, con el fin de garantizar el máximo nivel de control y protección de la libertad de prensa.
Proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Las excepciones basadas en la seguridad nacional deben estar estrictamente reguladas, sometidas a autorización y control judiciales, y solo podrán usarse en circunstancias excepcionales, cuando la revelación de las fuentes sea necesaria para prevenir un delito inminente y especialmente grave, cuya lista debe estar estrictamente definida por ley.
Velar por que los periodistas acusados de infringir la ley solo sean procesados en el marco de procedimientos penales y civiles de derecho común, y gocen de todas las garantías propias de un procedimiento regular y un juicio justo.
Los países democráticos deberían abstenerse de recurrir a tribunales militares, jurisdicciones especiales de seguridad nacional, jurisdicciones de excepción o mecanismos de detención administrativa para tramitar los asuntos que afecten a periodistas.
Crear recursos efectivos contra los procedimientos judiciales abusivos basados en motivos de seguridad nacional.
Los periodistas que sean objeto de investigaciones o procesos penales infundados o desproporcionados en nombre de la seguridad nacional deberían tener acceso a vías de recurso judiciales efectivas. Los tribunales deberían estar facultados para conceder reparaciones cuando las autoridades hayan retorcido de forma abusiva las leyes de seguridad nacional para intimidar, silenciar o tomar represalias contra los periodistas.
Preservar la libertad de prensa y los derechos de los periodistas en períodos de conflicto armado o de estado de emergencia.
Las situaciones de emergencia no deberían, por sí solas, justificar la censura o las restricciones a los derechos de los periodistas. Cualquier medida restrictiva adoptada en tales circunstancias debería ser conforme a la ley, estrictamente temporal y estar sujeta al control de una autoridad independiente, así como a una revisión periódica que permita evaluar su necesidad, su proporcionalidad y sus efectos sobre el acceso de los ciudadanos a fuentes de información independientes y fiables.
Evitar que los mecanismos internacionales de cooperación policial y judicial se utilicen para facilitar la represión transnacional de los periodistas.
Se debe prestar especial atención a las solicitudes de extradición, a los procedimientos de asistencia judicial, a las medidas de vigilancia transfronteriza y al recurso a los mecanismos internacionales de cooperación policial, como las notificaciones (red notes) de Interpol. Los Estados deberían establecer procedimientos que permitan a los periodistas víctimas de notificaciones de Interpol impugnar dichas medidas ante una autoridad independiente y obtener reparación.
Establecer un mecanismo internacional de seguimiento y alerta encargado de detectar y denunciar los actos de represión transnacional cometidos en el territorio de los Estados democráticos.
Los países democráticos deberían reforzar su cooperación para identificar las amenazas y a los autores de delitos contra periodistas en el exilio, mejorar el intercambio de información y crear canales de comunicación directos entre los periodistas en situación de riesgo y las autoridades policiales y judiciales.