El nuevo estudio de ActionAid sobre violencias de género analiza las dificultades que encuentran las mujeres de Santander de Quilichao y Corinto (Colombia) para acceder a protección, atención sanitaria y justicia, y propone reforzar la colaboración entre las instituciones y las organizaciones comunitarias.
En el norte del Cauca, pedir ayuda frente a una situación de violencia puede implicar recorrer largas distancias, encontrar transporte desde una zona rural o intentar comunicarse desde un lugar con poca conectividad. En municipios como Santander de Quilichao y Corinto, estas dificultades se suman a la persistencia del conflicto armado, el temor a represalias y las limitaciones de unos servicios públicos que no siempre consiguen llegar a las comunidades más alejadas.
Frente a esto, comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas han creado sus propias redes de cuidado y acompañamiento. En muchas ocasiones, las lideresas, las organizaciones de mujeres y las estructuras comunitarias son las primeras en escuchar, orientar y acompañar a una mujer que está sufriendo violencia.
¿Qué ocurre cuando una mujer pide ayuda?
Cuando una mujer sufre violencia debería poder acceder de forma rápida y coordinada a servicios de salud, protección, atención psicológica y justicia. El conjunto de instituciones, servicios y pasos que deben ponerse en marcha se conoce como ruta de atención. Sin embargo, contar con una ruta definida sobre el papel no garantiza que funcione correctamente en la práctica.
El estudio Rutas institucionales y comunitarias de atención a las violencias basadas en género analiza cómo se responde realmente a estos casos en Santander de Quilichao y Corinto.
La investigación muestra que una mujer puede acceder a la atención a través de un hospital, una Comisaría de Familia, la Policía o una organización comunitaria. Esta variedad de puntos de entrada puede facilitar el acceso, pero también provoca respuestas diferentes dependiendo de la institución, la disponibilidad del personal o los contactos informales que existan entre profesionales.
Atención a mujeres: demoras, recorridos innecesarios y falta de seguimiento
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran las demoras para obtener medidas de protección, los procesos judiciales prolongados, las dificultades para acceder a atención psicológica y la falta de personal especializado. En algunos casos, las mujeres son remitidas de una institución a otra sin una orientación suficiente. Esto puede obligarlas a repetir varias veces lo ocurrido, iniciar nuevos trámites o volver a servicios por los que ya han pasado. El desgaste emocional y la falta de una respuesta clara pueden llevarlas a abandonar el proceso o perder la confianza en las instituciones.
El informe también señala que no existe un sistema compartido que permita conocer con claridad qué sucede después de cada derivación. Cada institución puede conservar su propio registro, pero la información no siempre está conectada. Como consecuencia, se pierde la continuidad de algunos casos y resulta difícil comprobar si una mujer ha recibido la atención y la protección que necesitaba.
Estas barreras son especialmente graves en las zonas rurales. Las distancias, el coste y la disponibilidad del transporte, la limitada conectividad y las restricciones de movilidad asociadas al conflicto armado dificultan tanto el desplazamiento de las mujeres como la presencia de las instituciones en las comunidades.
Las redes comunitarias responden a las mujeres
Las organizaciones comunitarias desempeñan una función esencial, aunque todavía poco reconocida. Su cercanía y el conocimiento que tienen del territorio permiten generar confianza, detectar situaciones de violencia y acompañar a mujeres que quizá no acudirían directamente a una institución. También pueden ayudarlas a comprender qué opciones tienen y orientarlas para acceder a los servicios públicos.
En Santander de Quilichao destaca la Unidad de Atención a Mujeres Afronortecaucanas, una iniciativa en proceso de implementación vinculada a los consejos comunitarios. Este espacio busca ofrecer escucha y acompañamiento desde los conocimientos, las prácticas de cuidado y los saberes ancestrales de las comunidades afrodescendientes. En Corinto, organizaciones campesinas como ASTRAZONAC y diferentes liderazgos territoriales cumplen también una función importante en las zonas rurales, donde la presencia institucional es más limitada.
A pesar de este trabajo, las organizaciones comunitarias no están integradas formalmente en las rutas municipales. Gran parte del acompañamiento se realiza de manera voluntaria, sin recursos específicos, procedimientos compartidos ni canales estables de coordinación con las instituciones. Las rutas institucionales y comunitarias mantienen algunos puntos de contacto, pero continúan funcionando en gran medida de forma paralela.
Una respuesta más cercana y mejor coordinada para la violencia de género
El estudio propone aprovechar las capacidades que ya existen en el territorio y conectarlas con los servicios públicos. Entre sus principales recomendaciones se encuentran:
- Reconocer a las organizaciones comunitarias como espacios de primera escucha y orientación.
- Incorporar representantes comunitarias en los mecanismos municipales de coordinación.
- Establecer procedimientos claros para derivar los casos desde las comunidades hacia las instituciones.
- Reforzar la formación y los equipos responsables de atender las violencias de género.
- Mejorar el seguimiento para evitar que los casos se interrumpan o queden sin respuesta.
- Desarrollar medidas específicas que acerquen la atención a las mujeres de las zonas rurales.
Este reconocimiento debe ir acompañado de recursos, formación, medidas de protección y normas claras sobre confidencialidad. Las organizaciones comunitarias pueden complementar y mejorar la respuesta, pero no sustituir las obligaciones del Estado ni asumir indefinidamente este trabajo de manera voluntaria.
Que ninguna mujer tenga que recorrer sola este camino
El estudio ha sido realizado por Taller Abierto, Centro de Promoción Integral para la mujer y la familia, para ActionAid en el marco del proyecto de cooperación al desarrollo Transición ecológica y justicia de género en el norte del Cauca, financiado por la Generalitat Valenciana a través de su convocatoria de cooperación internacional para el desarrollo del año 2023.