Foto: Marina Garc铆a Burgos
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupaci贸n y condena la prolongada persecuci贸n judicial que enfrenta la periodista de investigaci贸n peruana Paola Ugaz Cruz, objeto desde 2018 de m煤ltiples acciones legales relacionadas con sus investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana y otros asuntos de inter茅s p煤blico, que representan un sistem谩tico patr贸n de amedrentamiento contra su labor period铆stica.Lee adem谩s
La m谩s reciente se produjo esta semana, cuando la Asociaci贸n Civil San Juan Bautista (ACSJB) present贸 una querella por difamaci贸n agravada contra Ugaz por publicaciones que, seg煤n la instituci贸n, contienen afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento que habr铆an afectado su honor y reputaci贸n. La acusaci贸n se suma al proceso por presunto enriquecimiento il铆cito iniciado contra la periodista en abril de 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, as铆 como a otras denuncias penales formuladas en los 煤ltimos a帽os, entre ellas por difamaci贸n agravada y lavado de activos.
Desde 2018 Ugaz ha enfrentado una sucesi贸n de acusaciones y procedimientos que, seg煤n sus representantes legales, han generado una presi贸n financiera y profesional constante, adem谩s de campa帽as de descr茅dito, acoso digital, amenazas y afectaciones a su privacidad vinculadas con su labor period铆stica.
“El atropello por mi trabajo period铆stico desde 2018 hasta el 2026 contin煤a. He sido objeto de lo que considero hostigamiento judicial por el Sodalicio hace ocho a帽os, por haber investigado sus manejos econ贸micos”, afirm贸 Ugaz al conocer la nueva acci贸n judicial presentada en su contra. Si bien Sodalicio no ha sido el querellante directo en estos procesos, las acciones han sido promovidas por personas vinculadas o cercanas al grupo cat贸lico, suprimido por la Santa Sede en 2025, entre otras razones, por “comportamiento sectario” y ausencia de un carisma de origen divino.
La SIP subray贸 que la sucesi贸n de procedimientos contra una periodista por el contenido de investigaciones de inter茅s p煤blico representa una grave forma de presi贸n sobre el ejercicio profesional. Adem谩s de imponer una carga econ贸mica, personal y profesional, este tipo de litigaci贸n puede generar un efecto inhibidor sobre otros periodistas que investigan a instituciones o personas con poder econ贸mico, pol铆tico o religioso.
Tras un reportaje de Al Jazeera en el que la periodista no particip茅 ni tuvo injerencia editorial, tres personas relacionadas con Sodalicio emprendieron acciones en su contra: Carlos Alberto G贸mez de la Torre, integrante de la Asociaci贸n Civil San Juan Bautista, cuyas denuncias fueron archivadas o prescritas; Jos茅 Antonio Eguren, quien fue Arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio, que desisti贸 de una querella por difamaci贸n tras la intervenci贸n de la Santa Sede; y Revoredo, de La Abeja, se帽alado por sus v铆nculos con el entorno del Sodalicio.
Para la SIP suscita especial preocupaci贸n una orden judicial emitida en 2023 y mantenida en reserva, de la que Ugaz y su representaci贸n legal tuvieron conocimiento reci茅n en 2024. La medida dispuso el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y requiri贸 a empresas de telecomunicaciones informaci贸n sobre las comunicaciones mantenidas por la periodista entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2020. La vigilancia de las comunicaciones de una periodista y cualquier medida que pueda comprometer la confidencialidad de sus fuentes plantean serias amenazas para la libertad de prensa y para el ejercicio del periodismo de investigaci贸n.
“Cuando se utilizan demandas, leyes de difamaci贸n penal y mecanismos administrativos no para garantizar la justicia, sino para silenciar el escrutinio, la litigaci贸n estrat茅gica se convierte en una herramienta de control dise帽ada para desgastar e intimidar a las voces independientes”, advirti贸 el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
Manigault, del Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agreg贸: “Ning煤n periodista deber铆a ser sometido a una cadena interminable de procesos por investigar y publicar asuntos de evidente inter茅s p煤blico. Cuando el sistema judicial es utilizado para desgastar econ贸micamente, intimidar o desacreditar a una periodista, se est谩 atentando directamente contra la libertad de prensa”.
Por su parte, la presidenta de la Comisi贸n de Libertad de Prensa e Informaci贸n de la SIP, Martha Ramos, de la Organizaci贸n Editorial Mexicana (OEM), se帽al贸: “El caso de Ugaz demuestra los graves riesgos que enfrenta el periodismo de investigaci贸n cuando quienes ejercen el poder o disponen de recursos utilizan los tribunales para perseguir a quienes los investigan. Pretender acceder a las comunicaciones de una periodista y comprometer la confidencialidad de sus fuentes constituye una amenaza particularmente grave para el ejercicio de la profesi贸n”.
Los directivos de la SIP instaron a las autoridades peruanas a impedir la instrumentalizaci贸n del sistema de justicia contra periodistas por el contenido de sus investigaciones y a garantizar que cualquier actuaci贸n que pueda afectar la confidencialidad de las fuentes period铆sticas est茅 sujeta a estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En tanto, Ugaz conf铆a en que “las instancias judiciales de Per煤 har谩n lo posible por tutelar el estado de derecho en el pa铆s y que colaborar谩n con otras instancias internacionales como la Santa Sede en su lucha contra la corrupci贸n econ贸mica y financiera internacional”.
Una misi贸n internacional de la SIP que visit贸 Per煤 en 2025 advirti贸 sobre “la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecuci贸n judicial a periodistas cr铆ticos y el uso sistem谩tico de desinformaci贸n y ataques en redes sociales”, pr谩cticas que, seg煤n la organizaci贸n, generan un clima adverso para el ejercicio de la profesi贸n.