La SIP y el CPJ alertan sobre proyecto en Costa Rica que amenaza la viabilidad de medios de radio y televisi贸n
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comit茅 para la Protecci贸n de Periodistas (CPJ) expresan su profunda preocupaci贸n ante un proyecto de ley a debatirse ma帽ana en la Asamblea Legislativa para reformar Ley de Radio y Televisi贸n de Costa Rica y advierten que una carga econ贸mica de car谩cter desproporcionado que pueda provocar la salida del aire de medios de comunicaci贸n constituye una seria amenaza para el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadan铆a a buscar, recibir y difundir informaci贸n.
La iniciativa legislativa, expediente n煤mero 24.461, a tratarse ma帽ana en segundo debate, establece para la televisi贸n abierta un canon progresivo que puede alcanzar el 7,73% de los ingresos brutos anuales, seg煤n el texto del proyecto de ley conocido por las organizaciones.
La SIP y el CPJ reconocen la potestad del Estado costarricense de regular el uso del espectro radioel茅ctrico y de establecer una contraprestaci贸n razonable por la utilizaci贸n de un bien p煤blico. Sin embargo, consideran indispensable que cualquier carga de esa naturaleza responda a criterios objetivos, t茅cnicos, proporcionales y transparentes, y que no produzca, directa o indirectamente, condiciones que hagan inviable la operaci贸n de medios de comunicaci贸n.
Teletica, uno de los medios que se ver铆a afectado con la medida, advirti贸 que, de entrar en vigor la reforma en los t茅rminos planteados, el nuevo canon comprometer铆a su viabilidad econ贸mica en la televisi贸n abierta.
La preocupaci贸n adquiere especial relevancia por las consecuencias que la eventual salida del aire de estaciones de radio y televisi贸n tendr铆a para sectores de la poblaci贸n que dependen de se帽ales gratuitas para acceder a noticias, contenidos de inter茅s p煤blico e informaci贸n durante situaciones de emergencia.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, afirm贸: “Cuando una decisi贸n regulatoria amenaza la viabilidad de emisoras de radio y televisi贸n abiertas y priva a la poblaci贸n de una fuente gratuita de informaci贸n, trasciende lo empresarial y afecta directamente la libertad de expresi贸n. Una democracia necesita m谩s voces, no condiciones desproporcionadas que puedan silenciarlas”.
Las organizaciones recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opini贸n Consultiva OC-5/85, estableci贸 uno de los principios fundamentales del sistema interamericano: la libertad de expresi贸n posee simult谩neamente una dimensi贸n individual y una dimensi贸n social. El art铆culo 13 de la Convenci贸n Americana protege no solamente el derecho de una persona o de un medio a expresar, recabar y difundir informaci贸n, ideas y opiniones, sino tambi茅n el derecho colectivo de la sociedad a buscarlas, recibirlas y conocerlas.
En los p谩rrafos 30 a 34 de esa Opini贸n Consultiva, la Corte sostuvo que cuando se restringe ileg铆timamente la libertad de expresi贸n no se afecta 煤nicamente a quien intenta expresarse, sino tambi茅n a quienes tienen derecho a recibir esas informaciones e ideas. Asimismo, estableci贸 que la expresi贸n y su difusi贸n son indivisibles y que una restricci贸n a las posibilidades de divulgaci贸n representa, en igual medida, una limitaci贸n a la libertad de expresi贸n.
Este principio resulta particularmente relevante cuando se analizan las condiciones jur铆dicas y econ贸micas impuestas a los medios de comunicaci贸n. Como se帽al贸 la propia Corte, son los medios de comunicaci贸n los que permiten materializar el ejercicio de la libertad de expresi贸n, por lo que sus condiciones de funcionamiento deben ser compatibles con ese derecho. La Corte destac贸 adem谩s como condici贸n indispensable la existencia de pluralidad de medios, junto con la protecci贸n de la libertad e independencia de los periodistas.
El director regional del CPJ para las Am茅ricas, Jos茅 Zamora, expres贸: “Una ley que ponga en riesgo la viabilidad de medios de radio y televisi贸n amenaza directamente la libertad de expresi贸n y el derecho de la ciudadan铆a a estar informada. Costa Rica debe garantizar que la regulaci贸n del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa”.
La presidenta de la Comisi贸n de Libertad de Prensa e Informaci贸n de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organizaci贸n Editorial Mexicana (OEM), se帽al贸: “La libertad de expresi贸n no se protege 煤nicamente evitando la censura directa. Tambi茅n exige preservar condiciones que permitan a los medios existir, operar con independencia y llegar efectivamente a sus audiencias. Si una medida econ贸mica o regulatoria termina haciendo imposible la continuidad de un medio de televisi贸n abierta, el perjudicado no es solamente ese medio: pierde la sociedad, porque disminuyen las fuentes de informaci贸n disponibles y se debilita el pluralismo que toda democracia necesita”.
La televisi贸n abierta y las estaciones de radio mantienen adem谩s una funci贸n social particular. Al no requerir una suscripci贸n paga, contin煤a siendo una fuente de informaci贸n accesible para hogares de menores ingresos, comunidades rurales y personas adultas mayores, y cumple una funci贸n relevante durante emergencias, desastres naturales, elecciones y acontecimientos de inter茅s p煤blico.
Costa Rica cuenta con una extensa tradici贸n democr谩tica y de respeto a la libertad de expresi贸n que debe preservarse. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os la SIP y el CPJ han documentado un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, as铆 como por un clima adverso para el debate p煤blico plural.