La econom铆a criminal en Medell铆n corresponde a la estrategia de control paramilitar en los territorios como efecto del desmoronamiento de la econom铆a formal cuya implicaci贸n es el crecimiento de la econom铆a informal que arropa y recubre la ilegal y criminal (aproximados 400 combos controlados por 20 bandas). Tambi茅n vale anotar, para mayores se帽as, que esta econom铆a criminal recupera el antiguo modelo colonial de control territorial de bajo costo, anclado en econom铆as subterr谩neas, articuladas muy bien con una matriz de acumulaci贸n, y 茅sta a su vez es capturada por parte del sector financiero: rentas itinerantes y no formales de la producci贸n cocalera y del oro con un enorme impacto ambiental en r铆os y bosques. Y claro, desde luego, sostiene la marginalidad de las comunidades rurales, no necesariamente campesinas. Todo esto lo puede englobar la definici贸n ya com煤n de Estado Fallido. Sin m谩s pre谩mbulos, reproducimos este art铆culo de un conocedor de estos laberintos y desde luego pasillos. Colombiakr铆tica
El exministro de defensa Pedro Arnulfo S谩nchez reconoci贸 en octubre de 2025 que “el sicariato es la principal causa (de los homicidios en Colombia), responsable del 67% de los casos…la mayor铆a de los cr铆menes se cometen en zonas urbanas (66%), aunque un tercio ocurre en 谩reas rurales. El uso de armas de fuego sigue siendo predominante, el 79% de los homicidios se cometi贸 con este tipo de armamento, frente al 15% con armas cortopunzantes y un 5% con otros elementos.” Infobae. En el a帽o 2023, seg煤n la Revista Criminalidad, de abril 2025, de la polic铆a nacional “En Colombia, durante el 2023 el 35 % del homicidio ocurri贸 en zona rural y el 65 % en zona urbana”.
“A lo largo de los 煤ltimos a帽os, hubo una ‘urbanizaci贸n de la violencia’, seg煤n afirma Wilfredo Ca帽izares, director de la Fundaci贸n Progresar, que defiende los derechos humanos en C煤cuta y sus alrededores, en Norte de Santander. Mientras en los a帽os 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisici贸n de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en d铆a se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtr谩fico y narcotr谩fico.” Verdad Abierta, abril 2024. En Cambio, agosto 2026, Eduardo Pizarro destaca c贸mo la violencia en Colombia ha dejado de ser un fen贸meno rural para penetrar profundamente en las ciudades.
Sobre la expansi贸n de los grupos armados en Colombia, la Fundaci贸n Pares, 2025: “se se帽ala una tendencia que el informe denomina “urbanizaci贸n parcial del control criminal”, que, si bien no es nueva en la historia de Colombia, en este per铆odo (2019-2022), implic贸 la captura de segmentos estrat茅gicos como la extorsi贸n, el microtr谩fico, las rentas de movilidad y la presi贸n sobre autoridades locales, y un control mucho m谩s extendido de la delincuencia organizada en espacios urbanos”.
Para el Departamento de Asuntos Econ贸micos y Sociales de la ONU, El 80,5% de la poblaci贸n colombiana es urbana (43.396.294 personas en 2026). En 1960 la poblaci贸n citadina era del 48.9%, 7.625.171 personas. Con el acelerado cambio sociodemogr谩fico hubo tambi茅n una transformaci贸n de las conflictividades violentas en el pa铆s. Las rentas ilegales originadas en los escenarios urbanos tomaron relevancia y a su alrededor se forjaron organizaciones delincuenciales con capacidad, no solo de usufructuar tales fuentes de recursos il铆citos, sino tambi茅n de imbricarse con el conjunto de la econom铆a hasta el punto de hacer cada vez m谩s borrosas las fronteras entre la legalidad, ilegalidad, criminalidad e informalidad, lo que algunos expertos denominan las “econom铆as grises”. El desarrollo urbano de Medell铆n y el Valle de Aburra se debe, en gran medida, a la confluencia de todo tipo de recursos, independientemente de su origen, resultado de un extraordinario ejercicio de lavado general de activos y legalizaci贸n de capitales oscuros, cuya dimensi贸n debiera ser escudri帽ada por la academia y los centros de pensamiento con enfoque en el conflicto urbano.
La ley 2272 de noviembre de 2022, conocida como “Ley de Paz Total” define la misma como “La pol铆tica de paz es una pol铆tica de Estado. Ser谩 prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementaci贸n de acuerdos, como con relaci贸n a procesos de negociaci贸n, di谩logo y sometimiento a la justicia. (…)”. Es la primera vez que un gobierno nacional asumi贸 la apuesta de construir la Paz con todos los actores armados ilegales activos, algunos autodenominados como rebeldes y otros no. La l贸gica fue la de que no era conveniente repetir experiencias de paces anteriores, que permitieron, por la incompetencia del Estado, que los espacios dejados por unos actores fueran copados por otros. En ese contexto legal, hoy vigente mientras no haya otra ley en contrario, se consider贸 que no es posible la paz total en Colombia sin la paz urbana.
La pol铆tica de paz urbana se cimienta en el Derecho a habitar la Ciudad, que prioriza la preservaci贸n de la vida, la integridad, la libre movilidad, la seguridad. Para ello se considera posible y necesario el dialogo con las Estructuras Armadas Ilegales Organizadas -cuya voluntad en tal sentido fue expresa- que se consolidaron durante tres o cuatro d茅cadas, demostrando capacidad de generar violencias indiscriminadas, con arraigadas presencias territoriales, sociales, econ贸micas, culturales y pol铆ticas, mientras la institucionalidad ha sido incapaz de su sometimiento y desarticulaci贸n. Esas estructuras no han sido derrotadas militar ni estrat茅gicamente.
La configuraci贸n de la delincuencia organizada urbana de Antioquia, espec铆ficamente de Medell铆n, es compleja, din谩mica, vers谩til, con evidente presencia en la geograf铆a metropolitana y regional, con capacidad de incidencia en el ordenamiento pol铆tico administrativo, faceta que se constat贸 con ocasi贸n del proceso de paz urbana al permitir sacar a flote complicidades forjadas durante a帽os por parte de gobernantes, pol铆ticos y delincuentes, por boca de estos 煤ltimos, lo que no gust贸 al sector de la clase pol铆tica y econ贸mica al frente de los destinos del distrito, por lo que exigieron a toda costa, al nuevo gobierno nacional, el fin inmediato del Espacio de Conversaci贸n Socio Jur铆dico y el traslado de los voceros de las estructuras armadas ilegales, lejos de la ciudad.
No importan los logros y beneficios incuestionables, traducidos en cifras, del proceso respecto a la desactivaci贸n de la violencia urbana. Import贸 m谩s silenciar la verdad que se empez贸 a conocer por las confesiones p煤blicas de los voceros sobre c贸mo se cocinaban los acuerdos “subiendo por los ascensores de la alcald铆a o sent谩ndose en la silla del alcalde” seg煤n Jos茅 Leonardo Mu帽oz, conocido como “Douglas”, con la designaci贸n de funcionarios de alto nivel, sugeridos por los ilegales, como un gana-gana, en desarrollo de lo cual tomo fuerza la famosa “donbernabilidad” expresi贸n del tipo de gobernanza criminal cruzada con la institucional, imperante durante algunos gobiernos de Medell铆n y los alrededores. Evidencias: funcionarios como el secretario de gobierno de la alcald铆a, Gustavo Villegas, en el primer mandato de Federico Guti茅rrez condenado a 33 meses de prisi贸n en 2018 y el director seccional de la fiscal铆a de Medell铆n, durante cinco a帽os, Guillermo Le贸n Valencia, condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 15 a帽os de c谩rcel, ambos por v铆nculos con la delincuencia organizada de la regi贸n.
Con el traslado de los voceros y el cierre del espacio de dialogo, tambi茅n muere la posibilidad de llevar a cabo ejercicios de memoria hist贸rica para el esclarecimiento de tragedias urbanas como la operaci贸n ori贸n de la comuna 13, en el primer gobierno Uribe, resultado de la alianza del Estado colombiano con el paramilitarismo de don Berna, para desterrar a las milicias urbanas de ese territorio. Algunos protagonistas de esa acci贸n militar que dej贸 como herencia la herida de la escombrera, estuvieron sentados en la c谩rcel de Itag眉铆 con la delegaci贸n del gobierno nacional. Esa tarea de memoria y reparaci贸n de las v铆ctimas, qued贸 inconclusa.
La operaci贸n de desmonte del espacio de conversaci贸n socio jur铆dico y el traslado, “lo m谩s lejos posible”, de los voceros de las estructuras del crimen de alto impacto, celebrado con bombos y platillos en los pasillos de la Alcald铆a, el Concejo Distrital y algunos c铆rculos empresariales y pol铆ticos de Medell铆n, fue una operaci贸n no solo contra los avances logrados, reflejados en las reducciones hist贸ricas de las cifras de la violencia urbana, como los homicidios y la desaparici贸n de las nefastas fronteras invisibles (no poder circular de un lugar a otro por los graves riesgos), sino tambi茅n una acci贸n para intentar el entierro de la verdad y la memoria que empez贸 a aflorar con ocasi贸n del proceso de paz local.
Fuente: Revista Sur, Colombia