AI: La nueva ley de medios de comunicación de Líbano avanza, perodeja graves lagunas en materia de libertad de expresión
Tras años de labor de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, Líbano ha aprobado una nueva ley de medios de comunicación que introduce importantes reformas basadas en los derechos humanos, pero que no llega a incorporar todos los cambios necesarios para garantizar que el derecho a la libertad de expresión se respete, se proteja y se haga efectivo en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El Parlamento libanés aprobó el 11 de agosto de 2026 la tan esperada Ley de Medios de Comunicación, que sustituye a la legislación obsoleta de 1962 y 1994. La ley, publicada en el boletín oficial el 3 de septiembre, introduce varias garantías muy esperadas para periodistas, personal de los medios de comunicación y personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en línea. Entre las modificaciones se incluyen la despenalización de las injurias y la difamación en algunos supuestos, una protección más sólida de las fuentes, la prohibición de la detención en espera de juicio en casos relacionados con los medios de comunicación, la restricción de la competencia de los tribunales militares en esos casos y la ampliación de las garantías para la expresión en línea.
Sin embargo, el Parlamento ha desaprovechado la oportunidad de abordar otras amenazas al derecho a la libertad de expresión: ha mantenido en el Código Penal disposiciones que prevén penas de prisión por expresiones protegidas, como “insultar” o difamar a Estados extranjeros, y ha introducido además un nuevo delito de “noticias falsas o perjudiciales”.
“Tras años de esfuerzos de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos en favor de una reforma legislativa que proteja la libertad de expresión en Líbano, la nueva ley de medios de comunicación da varios pasos adelante, entre ellos la supresión de las sanciones penales para determinados delitos de injurias y difamación y la ampliación de las garantías para la expresión en línea. Sin embargo, siguen vigentes disposiciones de larga data de la legislación libanesa que penalizan expresiones protegidas y que podrían acabar socavando los avances hacia la despenalización que el Parlamento ha tardado años en negociar”, ha declarado Reina Wehbi, responsable de campañas sobre Líbano de Amnistía Internacional.
“En los últimos años, quienes en Líbano han publicado o escrito sobre temas controvertidos o han criticado a actores poderosos han recibido citaciones para comparecer en investigaciones penales o han sido llevados ante los tribunales por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, sobre la base de artículos imprecisos sobre injurias y difamación. El Parlamento libanés no debe desentenderse de las disposiciones legales que aún podrían utilizarse para procesar e intimidar a quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y debe completar el proceso de reforma: derogar el delito de ‘noticias falsas y perjudiciales’, que no es un delito reconocido por el derecho internacional, despenalizar por completo la difamación y derogar también los delitos de injurias.”
Dado que la nueva ley regula la expresión difundida a través de medios de comunicación, publicaciones, sitios web, plataformas en línea y otros medios electrónicos, las protecciones y exenciones que establece no se aplican necesariamente en otros contextos en los que pueda ejercerse la libertad de expresión.
Uno de los aspectos positivos de la nueva ley de medios de comunicación es que introduce garantías para reducir el riesgo de que se utilicen el derecho penal, las instituciones militares o las facultades de investigación para reprimir la crítica o el periodismo.
El artículo 114 prohíbe la detención en espera de juicio por delitos cometidos a través de los medios de comunicación y los medios electrónicos que regula la ley, con independencia de la condición o la profesión de la persona acusada. Al extender expresamente esta protección a la expresión en línea, la disposición resuelve una ambigüedad de larga data del marco anterior, en virtud del cual podían ser procesados con arreglo al Código Penal periodistas, creadores de contenidos y otras personas que publicaban en línea, a quienes se privaba de las garantías procesales previstas para los casos relacionados con las publicaciones.
La ley mejora las disposiciones vigentes en la legislación libanesa relativas a la “incitación al conflicto sectario o a la violencia contra personas o grupos por su afiliación racial, religiosa, sectaria o étnica, su color o su sexo, reales o percibidos, o a causa de ellos”, al exigir a los tribunales que tengan en cuenta factores como el contexto, la intención, la influencia, la difusión y la probabilidad de causar daño a la hora de evaluar si una expresión constituye incitación ilícita, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Estas garantías ayudan a distinguir la incitación real de la expresión protegida, aunque persiste la preocupación por el concepto indefinido de “conflicto sectario”.
El artículo 113 retira a los tribunales militares la competencia sobre todos los casos relativos a los medios de comunicación y a la libertad de expresión que regula la ley. La medida responde a un motivo de preocupación de Amnistía Internacional, que ha señalado casos de civiles, entre ellos periodistas, enfrentados a procesos ante la justicia militar por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Los artículos 115 y 116 establecen garantías explícitas de independencia editorial, protegen a los periodistas frente a injerencias, intimidaciones y represalias destinadas a influir en su trabajo, salvaguardan su derecho de sindicación y ofrecen una sólida protección a las fuentes confidenciales al restringir las medidas de divulgación, vigilancia, registro e incautación que puedan revelar la identidad de una fuente, salvo en circunstancias estrictamente definidas y sujetas a supervisión judicial.
Además, la ley moderniza el marco de los medios de comunicación de Líbano al reconocer expresamente los medios digitales y establecer un sistema claro de registro basado en la notificación para los sitios web y las plataformas de medios de comunicación, que no están sujetos a autorización previa ni a licencia. También elimina los requisitos de autorización previa para las publicaciones periódicas, deroga las restricciones sobre el número de publicaciones periódicas políticas, suprime la distinción entre publicaciones políticas y no políticas, permite que los medios de comunicación por internet y por satélite operen mediante un proceso de notificación en lugar de un régimen de licencias, y suprime la censura previa sobre la impresión, la publicación y la distribución de publicaciones no periódicas.
El artículo 98 otorga un peso jurídico significativo al interés público y protege explícitamente la información que saca a la luz casos de corrupción, somete a escrutinio a los funcionarios públicos o aborda otros asuntos de interés público legítimo.
“Estas nuevas garantías son fruto de años de trabajo diligente y entregado de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas para mejorar el entorno de la libertad de expresión en Líbano. Ahora corresponde al Estado asegurarse de que estas garantías se cumplan con rigor en los próximos días y meses”, ha declarado Wehbi.