Greenpeace exige cambiar la gestión de las inundaciones frente al colapso climático y prohibir la especulación urbanística en zonas de riesgo

• Este mes termina el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto del MITECO sobre normativa de gestión del riesgo de inundaciones. Greenpeace valora la autocrítica del Ministerio pero tacha de “placebo urbanístico” e insuficientes algunas de las medidas propuestas
• Tras la trágica DANA de Valencia en 2024 y las reiteradas riadas de los últimos años, la ONG exige una moratoria inmediata en la concesión de licencias y la sustitución de la “cultura del hormigón” por Soluciones Basadas en la Naturaleza

Llega septiembre y, con él, arranca un otoño meteorológico con posibilidad de danas e inundaciones, más aún teniendo el Mediterráneo al rojo vivo. Ante esa perspectiva, Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que busca modificar el marco normativo de gestión del riesgo de inundación. La organización celebra que el Gobierno asuma una autocrítica explícita sobre la ineficacia de las normas previas de 2015, reconociendo que la construcción en zonas inundables y de riesgo de inundación no ha dejado de crecer. Sin embargo, advierte que el texto actual se queda corto frente a la velocidad de la emergencia climática y exige subordinar por completo los intereses inmobiliarios a la seguridad humana.

La catástrofe de la DANA de Valencia a finales de 2024, que se cobró 230 vidas humanas, sumada a las riadas sufridas en 2019, 2023, 2025 y el arranque de este mismo año 2026, evidencian que las herramientas estadísticas tradicionales están obsoletas.

El principal argumento científico que la organización traslada al Ministerio es el fin de la estacionariedad hidrológica. Los modelos históricos basados en “periodos de retorno” de 100 o 500 años ya no sirven: el calentamiento global ha desestabilizado el ciclo del agua, convirtiendo los eventos excepcionales del siglo XX en una constante destructiva.

“El suelo tiene memoria, pero la planificación humana adolece de una preocupante amnesia institucional. Si mantenemos los periodos de retorno estáticos tradicionales, estaremos planificando las tragedias del mañana sobre el mapa del ayer”, ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España.

• Construir en zona inundable no es seguro: un truco legal que beneficia a las constructoras y arriesga vidas: El proyecto propone prohibir garajes subterráneos y exigir que las nuevas viviendas en suelo urbanizable se eleven un metro sobre la cota de avenida. Greenpeace denuncia que esto es insuficiente: elevar un edificio no evita el aislamiento de la población, el colapso del saneamiento ni el corte de suministros y, además, legitima que el mercado inmobiliario siga vendiendo parcelas inseguras cuyas indemnizaciones acabará pagando el erario público.
• La trampa de los cinco años y el “efecto llamada”: Dar un plazo de cinco años a los ayuntamientos para adaptar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) es una temeridad cronológica. Este periodo generará una tramitación exprés de licencias en zonas inundables. Greenpeace exige una moratoria cautelar inmediata que congele cualquier nueva licencia en suelos con historial de riesgo.
• Superar la “cultura del hormigón”: La gestión en España sigue dominada por la ingeniería civil gris (escolleras, presas y canalizaciones) que genera una falsa sensación de seguridad y traslada la energía destructiva del agua a poblaciones vecinas. Greenpeace defiende que la mejor defensa es “dar espacio al río” a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), recuperando llanuras aluviales, meandros y humedales que actúen como esponjas.
• Justicia climática y pedagogía frente al olvido: Greenpeace apoya la propuesta del Ministerio de instalar señalética física visible (paneles y señales) en las calles que recuerde el nivel alcanzado por las riadas históricas. Sin embargo, exige que esta medida se vincule, por ley, a la creación de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local y que el Estado intervenga activamente para proteger a las comunidades económicamente vulnerables, que habitualmente ocupan las viviendas más expuestas en los márgenes olvidados de los ríos.

Por todo ello, Greenpeace solicita a la Dirección General del Agua del MITECO que incorpore, de forma vinculante, los escenarios predictivos más exigentes del IPCC en la cartografía de riesgo, ejecute una prohibición absoluta de nuevos desarrollos en todo el suelo inundable y diseñe una Estrategia Nacional de Retirada Selectiva Gestionada y Reubicación para rescatar a las poblaciones e infraestructuras críticas que hoy ya están atrapadas en zonas de peligro severo.