Alrededor de 900 millones de personas, aproximadamente una de cada diez en el mundo, viven en zonas costeras de baja elevación. Para los pequeños Estados insulares y otros países costeros especialmente expuestos, el avance del mar amenaza viviendas, fuentes de agua, tierras agrícolas e infraestructura, pero plantea además preguntas que van mucho más allá de la adaptación física.
Ante ese escenario, los Estados adoptaron en la Asamblea General este jueves la Declaración de la ONU sobre el aumento del nivel del mar, que busca mejorar la información sobre los riesgos, reforzar la adaptación y la financiación y proteger a las comunidades más expuestas. El texto también aborda algunas de las preguntas más complejas que abre la subida del mar, entre ellas qué ocurre con un país, sus derechos y sus fronteras marítimas si pierde parte de su territorio.
Más datos para anticipar el riesgo
Saber con mayor precisión qué zonas quedarán expuestas y con qué rapidez es una parte central de la respuesta. Los países acordaron reforzar la observación científica, la recopilación de datos y los modelos, además de mejorar las alertas tempranas y las evaluaciones de riesgo.
En la práctica, esa información puede servir para decidir dónde y cómo construir infraestructuras, qué zonas necesitan mayor protección y qué servicios deben reforzarse antes de que aumenten las inundaciones.
Adaptación y protección de las costas
Puertos, hospitales, sistemas de agua y energía, transportes y telecomunicaciones tendrán que planificarse teniendo en cuenta cómo puede cambiar el nivel del mar durante las próximas décadas.
La respuesta no pasa únicamente por obras de infraestructura. Manglares, arrecifes de coral, humedales y otros ecosistemas costeros también pueden reforzar la resiliencia frente a inundaciones y tormentas, por lo que su protección y restauración forman parte de las medidas señaladas.
Más financiación para los países más expuestos
Todas estas medidas cuestan dinero, y algunos de los países con mayor riesgo cuentan con menos recursos para protegerse.
Por eso la declaración pide aumentar la financiación pública y privada para los países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados. También se reclama que los recursos lleguen de manera más rápida y previsible y que acceder a los fondos internacionales sea menos complicado.
Esa financiación puede marcar la diferencia entre poder reforzar infraestructuras, ampliar sistemas de alerta o proteger comunidades con antelación, o tener que responder una vez que el daño ya se ha producido.
¿Puede seguir existiendo un país si pierde territorio?
Se trata de una de las cuestiones más delicadas de la declaración, acordada tras varios meses de negociaciones intergubernamentales desde finales de 2025.
Los Estados afirman que la pérdida de territorio por la subida del nivel del mar no significa necesariamente que un país deje de existir. El texto respalda una presunción a favor de la continuidad de esos Estados, incluidos su soberanía, sus derechos y responsabilidades y su pertenencia a Naciones Unidas.
Esto busca dar mayor certeza a países, como las pequeñas islas del Pacífico, que podrían perder parte de su territorio físico sin que ello implique automáticamente perder su condición de Estado.
Algo parecido ocurre con las zonas marítimas. Aunque una costa cambie físicamente, aquellas que ya hayan sido establecidas conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar pueden mantenerse, afirma la declaración.
Eso importa porque esas zonas están directamente vinculadas a los derechos que los Estados ejercen sobre el océano y sus recursos.
Personas, comunidades y patrimonio en riesgo
Las consecuencias de la subida del nivel del mar no se limitan a la pérdida física de tierra, sino que también pueden salinizar tierras agrícolas y fuentes de agua dulce, aumentar las inundaciones y la erosión y afectar actividades como la pesca, el turismo y el transporte. La declaración pide que estos riesgos se incorporen a la planificación del desarrollo y a las políticas de protección social.
Para algunas comunidades, permanecer en el mismo lugar puede llegar a ser cada vez más difícil. El texto señala que, en esos casos, deben apoyarse las decisiones voluntarias de las personas afectadas y que cualquier traslado debe hacerse con dignidad. Si implica cruzar una frontera, tendrá que acordarse con los Estados correspondientes y respetar el derecho internacional.
Asimismo, el aumento del nivel del mar puede dejar inaccesibles o destruir tierras tradicionales, cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros de importancia cultural. Por eso, el texto pide proteger, preservar y documentar ese patrimonio.
¿La declaración es legalmente vinculante?
No. No se trata de un tratado y, por sí sola, la declaración no crea nuevas obligaciones jurídicas comparables a las de un acuerdo internacional vinculante.
Sin embargo, sus dimensiones jurídicas se apoyan en normas ya existentes del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El documento también toma nota de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre el aumento del nivel del mar.
Su importancia está, por tanto, en que los países han fijado una posición común sobre problemas que para algunos Estados costeros e insulares son cada vez menos hipotéticos.
El Secretario General, António Guterres, celebró la adopción del documento y destacó su importancia, aunque dejó claro que el siguiente paso será llevarlo a la práctica.
“El aumento del nivel del mar se mide en milímetros. Pero su costo se mide en millones de vidas destrozadas, comunidades desarraigadas y futuros robados”,