Llega el otoño y la historia vuelve a empezar. Con el cambio de estación, la vista se nos va instintivamente hacia el cielo y el Mediterráneo, un mar que estos meses roza temperaturas abrasadoras y acumula la energía necesaria para encender la mecha de la siguiente dana. Sin embargo, el verdadero peligro de la próxima riada no se está gestando a miles de metros de altura. Se está diseñando hoy en despachos enmoquetados, a ras de suelo y a golpe de firma urbanística.
Llevamos décadas repitiendo un mantra tan peligroso como paralizante: hablar de las futuras inundaciones como una lotería climática o una inevitable fatalidad meteorológica frente a la que solo cabe esperar con resignación. Nos hemos acostumbrado a escuchar que las inundaciones serán peores debido al colapso del clima. Pero en Greenpeace nos negamos a aceptar esa narrativa del desamparo. La gravedad de la próxima riada no depende solo de los litros de agua que caigan por metro cuadrado, sino de cómo hayamos preparado la tierra para recibirla. Todavía podemos decidir cómo nos encontrará la próxima inundación, pero para eso hay que desenmascarar el modelo que convierte la lluvia en tragedia.
La amnesia del hormigón
Las imágenes de la trágica dana que asoló Valencia a finales de 2024, cobrándose la vida de 237 personas, unidas a las riadas violentas que hemos encadenado año tras año, deberían haber marcado un punto de no retorno definitivo. El suelo tiene memoria, pero la planificación humana en este país padece una amnesia institucional crónica.
Durante décadas se ha impuesto la llamada cultura del hormigón. Frente al empuje del agua, la única respuesta oficial ha sido el ladrillo y la ingeniería civil gris, que ha encajonado ríos en canales de cemento, levantado escolleras, construido presas y estrangulado las arterias naturales del territorio. Esta obsesión por domar el agua solo ha conseguido generar una falsa sensación de seguridad. Al canalizar un río o impedir que se expanda en su llanura natural, la energía destructiva no desaparece, simplemente se acelera y se traslada torrente abajo, convertida en un ariete hídrico contra la siguiente población.
A esta ceguera hidráulica se le suma la adicción al asfalto. Hemos impermeabilizado el suelo a ritmos suicidas. Al cubrir valles, humedales y llanuras aluviales con capas infranqueables de hormigón, anulamos la capacidad natural de la tierra para absorber el agua. Transformamos lo que debería ser un filtro esponjoso en un tobogán perfecto donde la lluvia corre sin freno hasta arrasar barrios enteros.
© Pedro Armestre / Greenpeace
Mapear el futuro con normas del pasado
Frente a este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta pública la reforma de la normativa de gestión del riesgo de inundación. Es cierto que el Gobierno reconoce abiertamente que las normas anteriores no han servido para frenar la construcción en áreas de riesgo. Sin embargo, las medidas puestas sobre la mesa son un mero placebo urbanístico ante la magnitud de la emergencia.
El fallo de raíz es científico. La Administración sigue empeñada en calcular las zonas peligrosas basándose en registros históricos y modelos estadísticos de periodos de retorno de cien o quinientos años. Pero el cambio climático ha roto el estado estacional hidrológico. Los datos del pasado ya no sirven para predecir la frecuencia ni la virulencia del agua en el siglo XXI. Lo que era un evento excepcional que ocurría una vez cada tres generaciones, hoy se ha convertido en una constante destructiva. Si mantenemos los mapas atados a la estadística del ayer, estaremos planificando con precisión las tragedias del mañana. Exigimos que la cartografía abandone el pasado y sea dinámica, incorporando por ley los escenarios de emisiones más desfavorables del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
El truco legal de la elevación
El proyecto del Ministerio pretende permitir que se siga edificando en zonas inundables a cambio de pequeños parches técnicos, como prohibir garajes subterráneos o exigir que las nuevas viviendas se sobreeleven un metro sobre la cota de la avenida. Esto es una irresponsabilidad. Elevar la planta baja de un edificio no evita que una comunidad entera quede aislada cuando el agua rodee las manzanas; no impide el colapso de la red de saneamiento, ni los cortes de luz y agua potable ni el caos en los accesos de emergencia. Lo único que consigue este truco legal es legitimar que los promotores sigan vendiendo parcelas inseguras, mientras el erario público acaba pagando la factura de las indemnizaciones.
A esto se suma una imprudencia cronológica, ya que da un plazo de cinco años a los ayuntamientos para adaptar sus planes de ordenación urbana. Regalar un lustro equivale a abrir un efecto llamada para que se tramiten de forma exprés licencias en suelo en riesgo antes de que la prohibición entre en vigor. La postura de Greenpeace es exigente: decretar una moratoria cautelar inmediata que congele cualquier nueva licencia en zonas de riesgo y aplicar una prohibición absoluta a la clasificación de nuevos suelos urbanizables en todo el dominio inundable.
© Pedro Armestre / Greenpeace
Ciudades esponja
Frente al colapso de la ingeniería gris, la alternativa ya existe y está demostrando su eficacia mediante las soluciones basadas en la naturaleza y el modelo de las ciudades esponja. La mejor defensa ante la fuerza desatada de un río no es levantarle muros más altos, sino darle espacio para que se expanda de forma controlada.
Necesitamos recuperar las llanuras aluviales, meandros y humedales que actúan como gigantescas amortiguadoras hidrográficas. En el entorno urbano urge renaturalizar el espacio, sustituyendo el asfalto por pavimentos permeables, jardines de lluvia y parques inundables diseñados para retener y filtrar, evitando que el agua discurra con velocidad por las calles, arrastrando lodo y contaminantes. Devolver el ciclo del agua a las ciudades hace que sean no solo más permeables, sino también más frescas y saludables para las personas y la biodiversidad.
Justicia climática frente al riesgo
Cuando una riada atraviesa un municipio, el agua no entiende de clases sociales, pero sus consecuencias sí. La realidad territorial muestra que las comunidades económicamente más vulnerables suelen habitar las viviendas más expuestas o situadas en las orillas olvidadas de los ríos. La justicia climática exige asumir realidades incómodas, ya que hay miles de viviendas e infraestructuras críticas que ya están atrapadas en zonas de peligro severo debido a décadas de especulación descontrolada.
Para rescatar a esas poblaciones, es imprescindible articular de forma urgente una Estrategia Nacional de Retirada Selectiva Gestionada y Reubicación, dotada con fondos públicos para indemnizar o permutar terrenos y trasladar de forma justa barrios enteros hacia zonas seguras.
Para que la prevención sea real, valoramos la propuesta de instalar señalética física visible en las calles con marcas que recuerden a qué altura llegó el agua en las avenidas históricas, un acto pedagógico necesario contra la especulación. Sin embargo, la memoria no puede quedarse en un recordatorio pasivo, por lo que exigimos vincular esta medida a la creación obligatoria de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local para que la protección sea una construcción colectiva y democrática.
La próxima inundación llegará. Lo que aún podemos decidir es si esa lluvia nos encontrará atrapados en la trampa del hormigón o protegidos por un territorio preparado para abrazar al río.