RSF España se suma al Sindicato de Periodistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, condena la violencia contra la prensa en Ceuta, y apela a la responsabilidad política e institucional
“Un manifestante me puso la mano encima, me insultó y sacó una foto para exponerme en redes sociales. Otro se puso junto a mi coche mientras conducía por el puerto increpándome y preguntándome [sic] si ya ‘había dado de comer a los Menas’, me obligó a dar un volantazo y casi me echa de la carretera. A compañeros y compañeras se les ha escupido, golpeado con banderas por la espalda… no os podéis imaginar“, explica tenso y agotado a RSF España el veterano fotoperiodista ceutí Antonio Sempere, que lleva décadas trabajando para medios como Agence France Presse (AFP), Getty, o Die Welt, entre otros.
Ante la violencia que están sufriendo las y los periodistas que cubren la situación derivada de la crisis migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma, la sección española de RSF secunda con total rotundidad el comunicado emitido hoy miércoles 2 de septiembre por el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Ceuta y Melilla (SPA-CM) y ofrece su amparo a todos los profesionales de la información víctimas de estos ataques por parte de manifestantes.
COMUNICADO
El Sindicato de Periodistas de Andalucía, Ceuta y Melilla (SPA-CM) condena los episodios de insultos, amenazas, intimidaciones y agresiones sufridos por periodistas mientras desarrollan su trabajo en Ceuta y reclama a las autoridades que garanticen su seguridad y el libre ejercicio del derecho a la información.
Los profesionales de los medios están desarrollando su labor en un contexto de elevada tensión social tras la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio. Esta situación no puede convertirse en un escenario en el que los periodistas sean señalados como responsables de aquello que están cubriendo, ni justificar que sean increpados, amenazados o agredidos por realizar su trabajo.
El SPA-CM recuerda que la libertad de información es un derecho fundamental reconocido por el artículo 20 de la Constitución Española. Los periodistas tienen derecho a desarrollar su actividad profesional y la ciudadanía tiene derecho a recibir información sobre acontecimientos de relevancia pública, especialmente en situaciones de crisis.
El Código Penal contempla distintos tipos delictivos que pueden resultar aplicables cuando se producen estos hechos, entre ellos los delitos de lesiones, amenazas y coacciones. En particular, el artículo 172 contempla una protección específica cuando las coacciones tienen como finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
Por ello, cuando un periodista es amenazado, agredido, intimidado o se intenta impedir que pueda grabar, fotografiar, entrevistar o documentar unos hechos, no solo se está poniendo en riesgo su integridad y su seguridad. También se está atacando el ejercicio de la libertad de información y el derecho de la ciudadanía a conocer lo que está sucediendo.
El SPA-CM considera igualmente necesario hacer un llamamiento a los responsables institucionales y a los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y eviten discursos que señalen, estigmaticen o desacrediten a los profesionales de la información.
En un contexto de tensión social, las declaraciones públicas de responsables políticos e institucionales tienen consecuencias. Señalar a los periodistas, cuestionar de manera generalizada su legitimidad profesional o presentar su trabajo como parte del problema puede contribuir a generar un clima de hostilidad hacia ellos y aumentar el riesgo de que sean objeto de ataques.
Los partidos políticos y los cargos públicos tienen una responsabilidad especial en el lenguaje que utilizan y en el clima social que contribuyen a generar. No es aceptable que los profesionales que informan sobre una situación de crisis sean convertidos en objetivo de discursos políticos que puedan alimentar la hostilidad contra ellos.
El SPA-CM reclama, por tanto, a todas las formaciones políticas y a los responsables de las distintas administraciones que respeten la independencia de los medios de comunicación y eviten cualquier discurso que pueda señalar o poner en riesgo a los periodistas que trabajan sobre el terreno.
El Sindicato exige asimismo a las autoridades civiles y policiales que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales de la información que trabajan en Ceuta y que cualquier amenaza, agresión o acto de intimidación sea investigado y, cuando corresponda, puesto en conocimiento de la autoridad judicial.
El SPA-CM expresa su solidaridad con todos los periodistas que están trabajando en Ceuta y reclama que puedan hacerlo con seguridad, independencia y sin sufrir presiones por parte de quienes no comparten el contenido de sus informaciones.
La discrepancia con una información nunca puede justificar la intimidación o la violencia contra quien la realiza. Informar no es provocar. Informar es un derecho.