Delegación española del CIJDAA
La vivienda es una de las mayores preocupaciones para el 42,6% de los españoles según las cifras oficiales.
El 31% de jóvenes menores de 25 años, es decir, un tercio de los jóvenes, considera que la vivienda es el principal problema de España. Se hace evidente por qué preocupa tanto cuando vemos la cantidad de frentes abiertos: falta de vivienda pública y sus malas condiciones, hipotecas inaccesibles, alquileres con precios desorbitados y que no paran de crecer, pisos turísticos que degradan los barrios y dispara el coste de la vida…
Estos problemas se viven aún más intensamente entre la juventud. Las generaciones anteriores se preocupaban por la hipoteca, ahora es por el alquiler. Esta situación, en la que los jóvenes no tienen posibilidad de acceso a una vivienda, resulta en una pérdida de perspectiva de vida. No podemos independizarnos hasta los 40 años, si es que hemos ahorrado suficiente para una hipoteca, o hasta que nuestros padres mueran, si es que son propietarios; aunque esto es en el mejor de los casos. La realidad para una gran mayoría de jóvenes es que ni nos planteamos comprar una casa, como hicieron y nos prometieron nuestros padres, sino que muchos viviremos compartiendo casa con desconocidos para poder hacer frente al alquiler.
Por supuesto, a esta coyuntura no se llega tan solo con el egoísmo y la avaricia de miles de caseros, muchos de ellos trabajadores; sino que es mediante la degradación de las condiciones laborales, la inflación y el desmantelamiento de los servicios públicos como se llega hasta este punto. De igual manera afecta que España base su economía en el sector servicios y el turismo, fomentando los alquileres turísticos legales e ilegales. Los caseros pueden cobrar alrededor de 4 veces más por un piso turístico que con una vivienda de larga estancia, y gracias a plataformas como AirBnB, también se pueden evitar pagar impuestos al no haber control sobre qué anuncios tienen licencia y cuáles no.
El modelo de alquiler ha empeorado sistemáticamente con el paso de las generaciones. Hace unas décadas, los contratos de alquiler eran indefinidos o hasta la muerte del inquilino, extendiéndose incluso a parejas e hijos.
Según han ido pasando los distintos gobiernos, la legislación ha ido quitando uno a uno los distintos mecanismos de protección de los inquilinos en favor de facilitar hacer negocio con la vivienda. Actualmente, las condiciones del alquiler han empeorado drásticamente: el alquiler indefinido ha desaparecido, se han introducido formas de expulsar a la gente de sus casas, cada vez cuesta más encontrar alquileres no vacacionales o de corta duración, y el precio ya es más alto que el de una hipoteca. Sin embargo, la hipoteca no es una opción por los prohibitivos requisitos económicos para la entrada al préstamo, así que la clase trabajadora, especialmente los jóvenes migrantes, se ve empujada a alquileres cada vez más precarios y que nos empobrecen más y más.
Toda esta ruin situación, ha hecho que la gente se organice y se haya articulado un movimiento por la vivienda en España que cada vez está cogiendo más fuerza. No se puede entender el movimiento por la vivienda en la actualidad, sin mencionar antes la crisis del 2008 y las movilizaciones que trajo consigo.
Una vez estalló la crisis del ladrillo, se empezaron a organizar plataformas de vecinos afectados para acabar con las deudas y parar desahucios. Estas plataformas conocidas como PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) estuvieron activas durante 10 años, hasta el fin del ciclo político. A día de hoy y gracias a gente que participaba en las anteriores organizaciones, se han creado nuevas plataformas para reactivar el movimiento.
La base de la lucha por la vivienda busca ir en contra del consenso social, señalar a los culpables de los problemas y plantear los conflictos que puedan movilizar a la gente. Esto permite que la clase trabajadora se organice en luchas concretas con objetivos alcanzables y presentar resistencia al sistema.
Al ser los jóvenes los más afectados por la situación general de la vivienda, también vemos que son los que más habitualmente se organizan para buscar información, conocer sus derechos fundamentales y encontrar redes de apoyo. En una situación más crítica están las mujeres y los migrantes, que sufren tanto la crisis de la vivienda como la crisis de los cuidados: son las personas que normalmente se encargan del hogar, y por tanto las que más se preocupan por éste. No es sorpresa ver que, para estas personas, no luchar deja de ser una opción.
Pero ¿qué formas de organización existen?
Actualmente, el puesto que ocupaban las PAH lo cubre ahora el sindicato de inquilinas: una confederación de sindicatos, que como su nombre indica, ofrece orientación, consejo y medios legales a las personas que lo necesitan.
Esencialmente, intentan recrear la estructura de un sindicato laboralista organizándose en torno al alquiler. Sin embargo, esta organización presenta un problema fundamental, ya que únicamente se centra en uno de los muchos problemas con la vivienda en España: el alquiler. Mientras tanto, las otras muchas problemáticas que hemos ido mencionando hoy se quedan sin atender.
Esto es sólo una muestra más de oportunismo, pues no pretenden solucionar el problema de raíz, sino hacerse un hueco en la política institucional. Si realmente intentaran abordar el problema al completo, irremediablemente tendrían una crítica revolucionaria que querría acabar con el sistema capitalista y no formar parte de este. Se limitan a querer convertirse en un sindicato de masas dentro de la política burguesa y esto se demuestra con la financiación recibida por el partido socialreformista alemán Die Linke, poniéndolos en una posición de servidumbre a la socialdemocracia europea. Se hace dolorosamente evidente esta servidumbre analizando los objetivos máximos de su “proyecto político”, que equivalen a los objetivos mínimos de las asambleas que realmente son anticapitalistas y tratan de solucionar el problema de raíz. El sindicato de inquilinas crea una falsa ilusión en los jóvenes, pero está condenado al fracaso y relegado a una posición inútil en el gran esquema de las cosas. No tiene la dirección y análisis político necesarios para proponer ni seguir ideas revolucionarias con auténtica capacidad de cambio social.
Tenemos un ejemplo de buena organización en Cataluña llamada COSHAC, la cual es una confederación compuesta por distintas asambleas de barrio, que se creó por la necesidad de gestionar una base de datos común sobre propiedades inmobiliarias. Está organización no aspira a ser un servicio, sino que es una organización obrera de apoyo para atajar el problema de la vivienda en su conjunto.
La COSHAC entiende que las acciones reformistas y permitidas según el marco de la ley no son la solución final. Son necesarias acciones revolucionarias. Esto, sin embargo, no significa que rechacen el trabajo reformista: es una herramienta útil y que se usa activamente, en conjunto al trabajo revolucionario que pueda permitir un cambio profundo y real.
La respuesta del Estado ante la organización es la esperada: represión. Al igual que con la protección de los inquilinos, el derecho a huelga, la libertad de expresión y la libertad de unión han sido cortadas mediante nuevas leyes. En España, la llamada ley mordaza es utilizada para reprimir el movimiento de vivienda. Según los datos el 70% de las sanciones impuestas a la gente a través de esta ley son por desobediencia, resistencia o negarse a identificarse. Lo cual es problemático debido a que el delito por desobediencia es bastante ambiguo y los policías lo utilizan a su voluntad para imponer la sanción. El gobierno “más progresista de la historia de España”, hizo campaña diciendo que iban a abolir está ley, y tras 7 años gobernando no han hecho nada para abolirla. Es decir, que el gobierno socialdemócrata español, está utilizando tácticas de represión fascistas contra el movimiento de vivienda. Tan solo en el último año la PAH de Vallecas ha llegado a acumular en multas más de 20000 euros.
Ante la represión las organizaciones responden autofinanciándose de diversas maneras. Son las masas las que apoyan económicamente su defensa. La confianza de las clases trabajadoras en estas organizaciones aligera el peso de las sanciones y multas. Poco a poco, se construye una conciencia de clase en el barrio, que entiende muy bien quiénes son los enemigos de la vivienda digna. La financiación y sustento de estos movimientos son un avance ideológico importantísimo y un gran paso hacia la continuidad de la lucha.
Concluyendo, podemos comprobar con la experiencia práctica que el reformismo por sí solo es incapaz de alcanzar un cambio real, el cual tiene que llegar a través de la acción directa organizada. La única manera que tenemos de conseguirlo es salir a la calle para exigir y conquistar condiciones de vivienda realmente dignas, cambiando por completo el sistema que conocemos. Aunque el Estado nos oprima y reprima, juntos con nuestra organización lograremos un cambio verdadero. Solo cuando el sistema se ve verdaderamente amenazado, es cuando necesita usar la fuerza. Pero no debemos retroceder ante sus agresiones, pues no hay golpe que el calor del pueblo organizado no cure. Aunque nos repriman, aunque nos golpeen, el golpe final lo daremos nosotros.
¡Sin expropiación, no hay solución!