COMUNICADO de la Federaci贸n de Sindicatos de Inquilinas
El mi茅rcoles hacemos huelga general por la vivienda. Pero no salimos solo a decir lo que no queremos: las inquilinas llevamos a la calle una reforma completa para cambiar el modelo de vivienda de ra铆z. Se llama Casas para vivir.
La reforma de las inquilinas
Casas para vivir, no para especular
→ Un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler, pagadas con un impuesto a las grandes fortunas. Que lo paguen los ricos.
→ Alquileres que bajan de verdad: precios m谩ximos calculados seg煤n lo que se cobra en cada barrio, no seg煤n lo que pide el mercado.
→ Contratos indefinidos y fin de los desahucios sin alternativa habitacional digna.
→ Fuera pisos tur铆sticos de las zonas tensionadas y las viviendas vac铆as, al servicio de quien las necesita.
→ Derecho a sindicarnos como inquilinas y a negociar colectivamente con caseros y fondos.
→ La vivienda, derecho fundamental en la Constituci贸n, por encima del negocio.
1.1
Recuperaci贸n de las viviendas vac铆as para el alquiler
■ Movilizaci贸n de la vivienda vac铆a hacia el parque p煤blico de vivienda.
La vivienda prolongadamente vac铆a constituye una violaci贸n de la funci贸n social de la vivienda, la cual es residencial. Por ello se establece una legislaci贸n que obliga a la movilizaci贸n de la vivienda vac铆a independientemente del tipo de propietario y a partir de la tercera vivienda. El mecanismo es el que sigue:
a) Se crea un Registro Estatal de Vivienda Vac铆a.
b) Se establece una definici贸n de vivienda vac铆a.
c) Se define un procedimiento de cesi贸n obligatoria del uso de las viviendas desocupadas.
d) Se ejecuta una movilizaci贸n forzosa mediante la cesi贸n obligatoria y temporal de usufructo para incorporarlas al parque p煤blico de alquiler a precio social.
e) El Estado gestiona el cobro de las rentas y abona al propietario la compensaci贸n correspondiente, previa deducci贸n de los costes del servicio p煤blico de gesti贸n, sin destinar recursos p煤blicos a financiar la rentabilidad privada.
f) La medida se reval煤a y se extingue cuando el parque de vivienda generado en titularidad p煤blica sea suficiente.
Normativa
Aprobaci贸n de una nueva legislaci贸n que tiene como precedente la Ley catalana 1/2022 y la STC 25/2025.
1.2
Eliminaci贸n de los pisos tur铆sticos
Los pisos tur铆sticos ocupan viviendas de uso habitual para dedicarlas al mercado tur铆stico. Tienen un alto impacto en las grandes ciudades, ya que aumentan la rentabilidad de la vivienda como inversi贸n, reducen la oferta de alquiler asequible, elevan los precios de la vivienda y desplazan a la poblaci贸n de sus hogares hacia otros barrios, zonas de la ciudad o incluso otros municipios, constituyendo un factor clave en los procesos de gentrificaci贸n y turistificaci贸n de las ciudades. La diversidad de competencias administrativas sobre el control de los pisos tur铆sticos dificulta que su actividad cumpla la legalidad. Por ello, se propone:Inclusi贸n en la Ley de Vivienda de la prohibici贸n de uso de vivienda tur铆stica o alquiler de corta estancia en municipios de m谩s de 3.000 habitantes donde se den los presupuestos previstos en el art. 18 de la Ley de Vivienda para zonas tensionadas (que el alquiler haya subido 3 puntos por encima del IPC, que suponga m谩s del 30 % de los ingresos medios, etc.), sin necesidad de que se declare zona tensionada: bastar铆a con que se cumplan los requisitos para activar la prohibici贸n autom谩tica. En esos casos, atendiendo a la raz贸n superior de estabilidad habitacional de la poblaci贸n, las CC. AA. no podr谩n otorgar licencias de actividad econ贸mica para alquiler tur铆stico y deber谩n suspender las ya otorgadas.
Creaci贸n de un 贸rgano inspector estatal en materia de vivienda que, en coordinaci贸n con las CC. AA. y los ayuntamientos, pueda fiscalizar y comprobar, dentro de las competencias habilitadas, el uso de las viviendas para detectar usos ilegales, as铆 como pr谩cticas fraudulentas encaminadas a sortear las prohibiciones determinadas por ley.
1.3
Combate al acaparamiento y la compra especulativa
■ Nuevo impuesto sobre el acaparamiento, complementario al Impuesto sobre el Patrimonio.
Creaci贸n de un nuevo impuesto antiacaparamiento, complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, que grave el patrimonio inmobiliario de manera progresiva, en funci贸n del n煤mero de viviendas en propiedad, a partir de la tercera vivienda.
■ IBI progresivo.
Permitir que los municipios puedan aplicar un IBI modular (progresivo seg煤n el valor y el n煤mero de viviendas), m谩s all谩 de las viviendas desocupadas y de uso tur铆stico.
Normativa
Modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
■ Impuestos para evitar la compra especulativa.
Suprimir el l铆mite m谩ximo a los impuestos aplicables a la adquisici贸n de vivienda a partir de la tercera vivienda y a la compra por parte de sociedades inmobiliarias para revender en un plazo inferior a dos a帽os (especulaci贸n tradicional).
Normativa
Modificar la Ley Org谩nica 8/1980 y la Ley 22/2009.
■ Eliminar las bonificaciones fiscales de SOCIMI.
Eliminar otros beneficios y bonificaciones fiscales establecidos en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur铆dicos Documentados y en la Ley del IRPF.
■ Persecuci贸n penal del acaparamiento.
Activar desde las administraciones p煤blicas la persecuci贸n penal por acaparamiento antisocial de la vivienda, es decir, por la conducta organizada de retirar viviendas del mercado residencial con la intenci贸n de alterar artificialmente los precios en perjuicio del conjunto de la ciudadan铆a (art铆culo 281 del C贸digo Penal).
02
Un gran parque p煤blico de vivienda (¡y que lo paguen los ricos!)
1 Impuesto a la riqueza para conseguir un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler
2 Sistema de vivienda p煤blico y no concertado
3 Expropiaci贸n a fondos buitre y bancos
2.1
Impuesto a la riqueza para conseguir un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler
■ Reforma del Impuesto sobre el Patrimonio.
Las exenciones que existen hoy en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) hacen que el tipo efectivo medio sea tan solo del 0,17 %. Para garantizar una tributaci贸n m铆nima del 3 % de los grandes patrimonios, es necesario eliminar la «exenci贸n a la empresa familiar» y suprimir el l铆mite conjunto de IRPF-IP, manteniendo el m铆nimo exento en 700.000 € y la exenci贸n a la vivienda habitual hasta 300.000 €.
■ Blindaje del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
■ Reducir la brecha fiscal entre las rentas del trabajo y del capital.
Para que las rentas del trabajo no tributen m谩s que las rentas del capital (como pasa hoy con las rentas del alquiler), es necesario eliminar el car谩cter dual del IRPF integrando las rentas del ahorro en la base general.
Estas tres medidas, junto con las medidas fiscales incluidas en el punto de combate al acaparamiento y la compra especulativa, permitir铆an recaudar aproximadamente 20.000 millones de euros anuales, que se destinar谩n 铆ntegramente a un fondo para desarrollar el parque p煤blico de vivienda v铆a expropiaci贸n, reconversi贸n y construcci贸n.
2.2
Sistema de vivienda p煤blico y no concertado
■ Sistema social de precios en la vivienda p煤blica.
Se sustituye el concepto de precio asequible por el de precio social. El precio social es aquel que se establece de forma progresiva desde la gratuidad hasta un precio que no supere el 20 % de la renta familiar disponible. Se eliminan todos los criterios selectivos de acceso por raz贸n de renta, de modo que se garantice el acceso universal y que la vivienda p煤blica sea una opci贸n para la poblaci贸n empobrecida y las mayor铆as sociales.
Normativa
Modificaci贸n de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
■ Creaci贸n de un fondo de inversi贸n p煤blico.
Aumentar exponencialmente la inversi贸n p煤blica para garantizar una soluci贸n duradera al problema de la vivienda. Se crea un fondo estable con lo recaudado por los impuestos a la riqueza y se destina a expropiaci贸n (de usufructo o titularidad), reconversi贸n y construcci贸n all铆 donde haga falta.
■ Constructora y banca p煤blicas: que nadie se forre con el dinero de todos.
Una constructora p煤blica como palanca para crear capacidad productiva estable, menos dependiente del ciclo inmobiliario, con cadenas cortas y empleo digno. Una banca p煤blica que garantice que los intereses de los pr茅stamos reviertan en el fondo de inversi贸n p煤blica, es decir, en inter茅s de la mayor铆a.
2.3
Expropiaci贸n a fondos buitre y bancos
■ Reforma de la Ley de Expropiaci贸n Forzosa para descontar del justiprecio el lucro por uso especulativo.
Reformar el r茅gimen de valoraci贸n de las expropiaciones para evitar que la compensaci贸n econ贸mica por viviendas expropiadas a fondos de inversi贸n, entidades financieras y otros grandes tenedores incorpore beneficios especulativos.
En las expropiaciones destinadas a la constituci贸n de parques p煤blicos de vivienda o a garantizar el derecho a la vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, el justiprecio se determinar谩 mediante criterios objetivos que contemplen:
a) Exclusi贸n de plusval铆as especulativas.
b) Descuento de las ayudas p煤blicas recibidas.
c) Valoraci贸n seg煤n sus caracter铆sticas objetivas.
Es decir, el precio se calcular谩 a partir de lo que el propietario pag贸 por la vivienda, sumando los gastos de compra debidamente justificados y restando las ayudas p煤blicas recibidas para comprarla, rehabilitarla o mejorarla. No se incluir谩n las ganancias derivadas de la subida del valor de la vivienda.
Normativa
Modificaci贸n de la Ley de Expropiaci贸n Forzosa de 1954 y del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana.
Tras la reforma, se proceder谩 a utilizar el fondo estable previamente constituido para ejecutar la expropiaci贸n de titularidad y la de uso del primer apartado.
Se establecer谩 una cuota de reserva de las viviendas del parque p煤blico para el acceso a personas sin techo o en proceso de p茅rdida de vivienda.
03
Seguridad residencial: que no nos echen de casa
1 Contratos indefinidos de alquiler
2 Poner fin a los desahucios
3.1
Contratos indefinidos de alquiler
Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para implantar un mecanismo de pr贸rroga autom谩tica de los contratos de arrendamiento de vivienda, obligatoria para el arrendador y potestativa para la inquilina. Siguiendo la estela de pa铆ses como Francia y Alemania, alcanzada su fecha de finalizaci贸n, los contratos de alquiler se prorrogar谩n por plazos sucesivos de entre cinco y siete a帽os, salvo en casos de necesidad acreditada por parte del casero o incumplimiento grave del contrato por parte de la inquilina.
Normativa
Modificaci贸n de los art铆culos 10 y 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (actual Real Decreto 28/2026).
3.2
Poner fin a los desahucios
Reformar la normativa de fondo (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) y la que regula los procedimientos de desahucios (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), en las siguientes l铆neas:Limitar la excepci贸n de recuperaci贸n de la vivienda mediante invocaci贸n por parte de la propiedad de la necesidad de hacer uso propio de la vivienda a situaciones de peque帽os propietarios sin alternativas habitacionales. Modificaci贸n del art铆culo 9.3 LAU.
Pr贸rrogas de tres a帽os y eliminaci贸n del requisito de que la propiedad sea gran tenedora. Modificaci贸n del art铆culo 10.2 LAU.
Siguiendo el ejemplo de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr茅dito inmobiliario, eliminar la posibilidad de resolver el contrato por cualquier impago, desde 1 € de deuda, y fijar un porcentaje de incumplimiento para poder resolver el contrato, vinculado al tiempo que queda para el plazo m铆nimo de duraci贸n de este y al porcentaje de incumplimiento en relaci贸n con la renta total del contrato.
La l贸gica a seguir es que cuanto m谩s hayas pagado al arrendador en concepto de rentas, m谩s tengas que haber incumplido para poder resolver el contrato.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 27 LAU y de los art铆culos 437 y 439 LEC.
Ampliar las causas de inadmisi贸n y oposici贸n de las demandas de desahucio por falta de pago para adaptar la normativa procesal a escenarios y realidades no contemplados, a los casos en que no se acredite el incumplimiento y a las novedades del art铆culo 21 LAU introducidas por el Decreto 29/2026. Modificaci贸n de los art铆culos 437, 438, 439 y 444 LEC.
Establecer una causa legal procesal que impida ejecutar un desahucio sin alternativa habitacional digna, acreditando la vulnerabilidad de la persona y con un l铆mite de tres a帽os. Modificaci贸n de los art铆culos 441 y 704 LEC.
04
Bajada de los precios
1 Bajada dr谩stica de los alquileres y vinculaci贸n a los ingresos
2 Garantizar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado
4.1
Bajada dr谩stica de los alquileres y vinculaci贸n a los ingresos
Modificar el actual sistema de 铆ndice de precios vinculado a las zonas de mercado tensionado y crear un 铆ndice territorial de precios m谩ximos del alquiler, calculado a partir de los ingresos de la poblaci贸n y no de los precios de mercado, para reducir de forma dr谩stica los alquileres y vincularlos a los ingresos reales de las familias trabajadoras de cada barrio y municipio.
En la 煤ltima d茅cada los alquileres han crecido muy por encima de los salarios y las pensiones, y una parte cada vez mayor de las inquilinas dedica al alquiler una proporci贸n de sus ingresos que compromete el resto de sus necesidades b谩sicas. Contener las subidas futuras no basta, porque consolida unos precios que ya son inasumibles.
Los elementos b谩sicos del 铆ndice son los siguientes:El precio m谩ximo se fijar谩 para cada secci贸n censal, ajustado a la superficie de la vivienda, y equivaldr谩 al 25 % de la renta mediana por unidad de consumo de la secci贸n.
Se establecer谩 un techo com煤n para todo el Estado, equivalente al 25 % de 1,5 veces el salario m铆nimo interprofesional y ajustado igualmente a la superficie, que se aplicar谩 cuando el c谩lculo por secci贸n censal lo supere.
El 铆ndice debe aplicarse en todo el territorio y a todos los contratos de vivienda habitual, incluidos los vigentes, con las salvaguardas necesarias para casos excepcionales y sanciones frente a cualquier f贸rmula de elusi贸n.
El techo vinculado al salario m铆nimo actuar铆a como contrapeso a la segregaci贸n residencial, al impedir que los alquileres de los barrios de rentas altas se sit煤en muy por encima del resto y se vuelvan inaccesibles para la clase trabajadora. Para que ello se traduzca en un acceso efectivo, la medida debe ir acompa帽ada de la persecuci贸n de la discriminaci贸n en la selecci贸n de inquilinas.
Con datos de 2023, el 铆ndice quedar铆a por debajo del alquiler mediano en cerca de dos tercios de las secciones censales del Estado, que concentran una parte desproporcionada del parque de alquiler.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 18 y de la disposici贸n adicional primera de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y del sistema estatal de 铆ndices de referencia creado por el Real Decreto-ley 7/2019.
4.2
Garantizar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado
Habilitar al Estado y a las administraciones locales para promover e impulsar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado cuando las comunidades aut贸nomas competentes no quieran hacerlo, pese a concurrir los requisitos legalmente establecidos.
Para ello, se dar铆a a la comunidad aut贸noma un plazo de seis meses para resolver la solicitud. Transcurrido ese plazo sin respuesta, o ante una denegaci贸n expresa, el Estado o la administraci贸n local podr铆an asumir la iniciativa y efectuar la declaraci贸n, evitando que la inacci贸n o el rechazo auton贸mico impidan aplicar los mecanismos de contenci贸n de rentas.
La propuesta se apoya en la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica (art. 149.1.13 CE), en conexi贸n con la funci贸n social de la propiedad (art. 33.2 CE) y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE).
La argumentaci贸n sostiene que la regulaci贸n de los precios del alquiler constituye una materia vinculada a uno de los pilares fundamentales del mercado de vivienda y que la competencia auton贸mica en materia de vivienda no puede convertirse en un obst谩culo que vac铆e de efectividad las medidas estatales dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y la funci贸n social de la propiedad.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 18 de la Ley de Vivienda.
05
Derechos sindicales en vivienda
1 Estatuto de las personas inquilinas
2 Derogaci贸n de la Ley Mordaza
3 Ilegalizar las empresas de desocupaci贸n
5.1
Estatuto de las personas inquilinas
El Estatuto de las personas inquilinas es una propuesta de texto normativo que busca crear un marco legal para proteger, organizar y defender de forma colectiva a las personas que viven de alquiler.
Su objetivo principal es corregir el desequilibrio de poder existente entre los inquilinos y la propiedad (especialmente frente a grandes empresas o fondos inmobiliarios), tratando las relaciones de alquiler de manera muy similar a como el Derecho Laboral trata las relaciones entre trabajadores y empresarios. Esta nueva ley reconoce estos derechos:
1. Derecho a organizarse y sindicarse
a. Creaci贸n de sindicatos: Cualquier inquilino puede crear o unirse a un sindicato de vivienda (desde un m铆nimo de 3 personas) para defender sus intereses de forma colectiva.
b. Protecci贸n contra represalias: Se proh铆be cualquier castigo del propietario por participar en el sindicato. Si la propiedad toma una medida perjudicial en los 12 meses siguientes a la acci贸n sindical, se presume legalmente que es una represalia sancionable.
2. Representaci贸n e informaci贸n
a. Interlocutor reconocido: Las asociaciones que tengan al menos un 10 % de afiliaci贸n en una finca o territorio (o las de 谩mbito auton贸mico o estatal) se convierten en representantes legales obligatorios ante el propietario.
b. Derecho a la representaci贸n: la propiedad est谩 obligada a reconocer a los sindicatos de inquilinas como interlocutores v谩lidos siempre que una afiliada lo autorice. El no reconocimiento reiterado ser谩 considerado un incumplimiento contractual por parte de la propiedad.
c. Acceso a la informaci贸n: Las asociaciones representativas tienen derecho a exigir informaci贸n clara sobre el estado del edificio, las obras previstas, el desglose de gastos e incluso acceder al catastro para identificar qu茅 empresa o fondo est谩 realmente detr谩s de la propiedad de la finca.
3. La negociaci贸n colectiva
a. Obligaci贸n de negociar: El propietario est谩 obligado a sentarse a negociar de buena fe cuando el sindicato le haga propuestas sobre rentas, pr贸rrogas de contratos o repartos de gastos.
b. Efectos de los pactos: Lo negociado se aplica a todos los vecinos del edificio (erga omnes) si la vivienda est谩 en una zona de mercado tensionado, o solo a los afiliados al sindicato en zonas no tensionadas.
4. Retenci贸n colectiva de rentas (huelga de alquiler)
a. Retenci贸n de renta protegida: Permite congelar el pago directo al casero ante abusos o falta de mantenimiento, consignando el 100 % del dinero en un fondo p煤blico, siempre que est茅 justificado por incumplimientos de la propiedad.
b. Blindaje contra el desahucio: Como el dinero se deposita en el fondo p煤blico en plazo, legalmente equivale al pago completo: el inquilino queda totalmente protegido contra demandas de desahucio por impago, intereses o no renovaciones por represalia.
5. Medidas transversales para impedir la discriminaci贸n en el acceso o conservaci贸n de la vivienda (racismo estructural e inmobiliario).
Normativa
Aprobaci贸n de una legislaci贸n espec铆fica con este fin.
5.2
Derogaci贸n de la Ley Mordaza
Mientras el Gobierno dice preocuparse por el derecho a la vivienda, las que defendemos este derecho acumulan miles de euros en multas, reciben violencia policial a menudo y enfrentan sentencias de prisi贸n. No somos las 煤nicas: la represi贸n afecta al sindicalismo laboral y a todas las luchas sociales.
Normativa
Derogaci贸n de la Ley Org谩nica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci贸n de la seguridad ciudadana, y de las reformas agravadas del C贸digo Penal (arts. 557.1 y 557 bis). Aprobaci贸n de una nueva ley de seguridad ciudadana.
5.3
Ilegalizar las empresas de desocupaci贸n
La recuperaci贸n de la posesi贸n de una vivienda debe realizarse exclusivamente mediante los procedimientos legalmente establecidos y con todas las garant铆as judiciales. Ninguna persona f铆sica o jur铆dica podr谩 recurrir a la intimidaci贸n, las amenazas, las coacciones o el hostigamiento para forzar a una persona a abandonar su hogar. Por ello, se propone:
a) Prohibir las pr谩cticas de acoso dirigidas a provocar el abandono de una vivienda, cualquiera que sea quien las realice.
b) Prohibir la constituci贸n, funcionamiento y contrataci贸n de empresas dedicadas a ejecutar desalojos extrajudiciales de viviendas y establecer su disoluci贸n judicial en los supuestos legalmente previstos.
c) Exigir responsabilidad a quienes ejecuten, ordenen, promuevan o financien conscientemente estas actuaciones, as铆 como a quienes participen deliberadamente en ellas para obtener un beneficio.
d) Reforzar la protecci贸n inmediata de las personas afectadas mediante medidas cautelares de cese del hostigamiento, prohibici贸n de aproximaci贸n o comunicaci贸n y, cuando proceda, restablecimiento del acceso a la vivienda y de los suministros.
Normativa
Aprobaci贸n de una legislaci贸n espec铆fica con este fin, establecimiento de un r茅gimen sancionador y modificaci贸n del C贸digo Penal que refuerce la tipificaci贸n de las conductas de coacci贸n y acoso destinadas a obtener el desalojo de una vivienda al margen de los procedimientos legales.
06
Un nuevo marco constitucional para garantizar el derecho a la vivienda
1 Propuesta de redacci贸n de la reforma constitucional
2 Detalles del proceso de reforma
6.1
Propuesta de redacci贸n de la reforma constitucional
Durante estos 煤ltimos a帽os hemos cambiado la mentalidad de nuestra sociedad. Hoy en d铆a una mayor铆a defiende que la vivienda es antes un derecho que un bien con el que especular. Ha llegado el momento en que las instituciones recojan este cambio.
1. El art铆culo 47 de la Constituci贸n de 1978 sobre el derecho a la vivienda se traslada del cap铆tulo tercero del t铆tulo I («De los principios rectores de la pol铆tica social y econ贸mica») al cap铆tulo segundo («Derechos y libertades»), secci贸n 2.陋 («De los derechos y deberes de los ciudadanos»), y pasa a ser el art铆culo 33, inmediatamente antes del actual art铆culo 33 sobre el derecho a la propiedad, que pasa a ser el art铆culo 34, y por delante del art铆culo 38 sobre la libertad de empresa, que pasa a ser el art铆culo 39.
Art. 33
Derecho a la vivienda
Antes art铆culo 47
Art. 34
Derecho a la propiedad
Antes art铆culo 33
Art. 39
Libertad de empresa
Antes art铆culo 38
2. Se a帽ade un apartado 3 al art铆culo 37 (que pasa a ser el 38) de la Constituci贸n de 1978:
Texto propuesto para el art铆culo 38.3
«La ley garantizar谩 el derecho de las personas inquilinas a la representaci贸n y negociaci贸n colectivas ante las partes arrendadoras, as铆 como la fuerza vinculante de los acuerdos que resulten en los t茅rminos que la ley establezca.»
3. Se a帽aden dos nuevos apartados al nuevo art铆culo 33 (antiguo 47):
Nuevos apartados del art铆culo 33
«Los poderes p煤blicos garantizar谩n la estabilidad, la asequibilidad y la seguridad en la tenencia de la vivienda habitual y promover谩n formas colectivas de representaci贸n, informaci贸n, consulta y negociaci贸n de las personas inquilinas.»
«La ley regular谩 las asociaciones, organizaciones y sindicatos de personas inquilinas. Asimismo, la legislaci贸n espec铆fica prever谩 las medidas colectivas de garant铆a y consignaci贸n de rentas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones arrendadoras, la conservaci贸n de la vivienda y la efectividad de los acuerdos colectivos, con respeto a los derechos de todas las partes y bajo control administrativo y judicial.»
6.2
Detalles del proceso de reforma
Al tratarse de una reforma que afecta a los cap铆tulos segundo (secci贸n 2.陋) y tercero del t铆tulo I, debe seguirse el procedimiento de reforma ordinario previsto en el art铆culo 167 de la propia Constituci贸n.
De acuerdo con dicho precepto, la iniciativa de reforma corresponde al Gobierno (en Consejo de Ministros), al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas.
La reforma deber谩 ser aprobada por mayor铆a de tres quintos de cada una de las C谩maras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se crear谩 una Comisi贸n de composici贸n paritaria de diputados y senadores, que presentar谩 un texto que ser谩 votado por el Congreso y el Senado.
Ahora bien, si no se aprobase mediante este procedimiento, pero se hubiera obtenido el voto favorable de la mayor铆a absoluta del Senado, el Congreso podr谩 aprobar la reforma por mayor铆a de dos tercios.
Por 煤ltimo, se redactar谩 una exposici贸n de motivos que deje constancia expresa de la voluntad del constituyente: la Constituci贸n exige que el derecho a la vivienda prevalezca frente al derecho de libertad de empresa y que, en caso de conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, prevalezca la funci贸n social de la propiedad. Esta exposici贸n servir谩 de criterio de interpretaci贸n para los tribunales y los poderes p煤blicos.
HUELGA
El dosier completo y el resumen de una p谩gina, listos para descargar y compartir.
Dosier completo (PDF)
Resumen de una p谩gina
El mi茅rcoles hacemos huelga general por la vivienda. Pero no salimos solo a decir lo que no queremos: las inquilinas llevamos a la calle una reforma completa para cambiar el modelo de vivienda de ra铆z. Se llama Casas para vivir.
La reforma de las inquilinas
Casas para vivir, no para especular
→ Un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler, pagadas con un impuesto a las grandes fortunas. Que lo paguen los ricos.
→ Alquileres que bajan de verdad: precios m谩ximos calculados seg煤n lo que se cobra en cada barrio, no seg煤n lo que pide el mercado.
→ Contratos indefinidos y fin de los desahucios sin alternativa habitacional digna.
→ Fuera pisos tur铆sticos de las zonas tensionadas y las viviendas vac铆as, al servicio de quien las necesita.
→ Derecho a sindicarnos como inquilinas y a negociar colectivamente con caseros y fondos.
→ La vivienda, derecho fundamental en la Constituci贸n, por encima del negocio.
1.1
Recuperaci贸n de las viviendas vac铆as para el alquiler
■ Movilizaci贸n de la vivienda vac铆a hacia el parque p煤blico de vivienda.
La vivienda prolongadamente vac铆a constituye una violaci贸n de la funci贸n social de la vivienda, la cual es residencial. Por ello se establece una legislaci贸n que obliga a la movilizaci贸n de la vivienda vac铆a independientemente del tipo de propietario y a partir de la tercera vivienda. El mecanismo es el que sigue:
a) Se crea un Registro Estatal de Vivienda Vac铆a.
b) Se establece una definici贸n de vivienda vac铆a.
c) Se define un procedimiento de cesi贸n obligatoria del uso de las viviendas desocupadas.
d) Se ejecuta una movilizaci贸n forzosa mediante la cesi贸n obligatoria y temporal de usufructo para incorporarlas al parque p煤blico de alquiler a precio social.
e) El Estado gestiona el cobro de las rentas y abona al propietario la compensaci贸n correspondiente, previa deducci贸n de los costes del servicio p煤blico de gesti贸n, sin destinar recursos p煤blicos a financiar la rentabilidad privada.
f) La medida se reval煤a y se extingue cuando el parque de vivienda generado en titularidad p煤blica sea suficiente.
Normativa
Aprobaci贸n de una nueva legislaci贸n que tiene como precedente la Ley catalana 1/2022 y la STC 25/2025.
1.2
Eliminaci贸n de los pisos tur铆sticos
Los pisos tur铆sticos ocupan viviendas de uso habitual para dedicarlas al mercado tur铆stico. Tienen un alto impacto en las grandes ciudades, ya que aumentan la rentabilidad de la vivienda como inversi贸n, reducen la oferta de alquiler asequible, elevan los precios de la vivienda y desplazan a la poblaci贸n de sus hogares hacia otros barrios, zonas de la ciudad o incluso otros municipios, constituyendo un factor clave en los procesos de gentrificaci贸n y turistificaci贸n de las ciudades. La diversidad de competencias administrativas sobre el control de los pisos tur铆sticos dificulta que su actividad cumpla la legalidad. Por ello, se propone:Inclusi贸n en la Ley de Vivienda de la prohibici贸n de uso de vivienda tur铆stica o alquiler de corta estancia en municipios de m谩s de 3.000 habitantes donde se den los presupuestos previstos en el art. 18 de la Ley de Vivienda para zonas tensionadas (que el alquiler haya subido 3 puntos por encima del IPC, que suponga m谩s del 30 % de los ingresos medios, etc.), sin necesidad de que se declare zona tensionada: bastar铆a con que se cumplan los requisitos para activar la prohibici贸n autom谩tica. En esos casos, atendiendo a la raz贸n superior de estabilidad habitacional de la poblaci贸n, las CC. AA. no podr谩n otorgar licencias de actividad econ贸mica para alquiler tur铆stico y deber谩n suspender las ya otorgadas.
Creaci贸n de un 贸rgano inspector estatal en materia de vivienda que, en coordinaci贸n con las CC. AA. y los ayuntamientos, pueda fiscalizar y comprobar, dentro de las competencias habilitadas, el uso de las viviendas para detectar usos ilegales, as铆 como pr谩cticas fraudulentas encaminadas a sortear las prohibiciones determinadas por ley.
1.3
Combate al acaparamiento y la compra especulativa
■ Nuevo impuesto sobre el acaparamiento, complementario al Impuesto sobre el Patrimonio.
Creaci贸n de un nuevo impuesto antiacaparamiento, complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, que grave el patrimonio inmobiliario de manera progresiva, en funci贸n del n煤mero de viviendas en propiedad, a partir de la tercera vivienda.
■ IBI progresivo.
Permitir que los municipios puedan aplicar un IBI modular (progresivo seg煤n el valor y el n煤mero de viviendas), m谩s all谩 de las viviendas desocupadas y de uso tur铆stico.
Normativa
Modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
■ Impuestos para evitar la compra especulativa.
Suprimir el l铆mite m谩ximo a los impuestos aplicables a la adquisici贸n de vivienda a partir de la tercera vivienda y a la compra por parte de sociedades inmobiliarias para revender en un plazo inferior a dos a帽os (especulaci贸n tradicional).
Normativa
Modificar la Ley Org谩nica 8/1980 y la Ley 22/2009.
■ Eliminar las bonificaciones fiscales de SOCIMI.
Eliminar otros beneficios y bonificaciones fiscales establecidos en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur铆dicos Documentados y en la Ley del IRPF.
■ Persecuci贸n penal del acaparamiento.
Activar desde las administraciones p煤blicas la persecuci贸n penal por acaparamiento antisocial de la vivienda, es decir, por la conducta organizada de retirar viviendas del mercado residencial con la intenci贸n de alterar artificialmente los precios en perjuicio del conjunto de la ciudadan铆a (art铆culo 281 del C贸digo Penal).
02
Un gran parque p煤blico de vivienda (¡y que lo paguen los ricos!)
1 Impuesto a la riqueza para conseguir un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler
2 Sistema de vivienda p煤blico y no concertado
3 Expropiaci贸n a fondos buitre y bancos
2.1
Impuesto a la riqueza para conseguir un mill贸n de viviendas p煤blicas en alquiler
■ Reforma del Impuesto sobre el Patrimonio.
Las exenciones que existen hoy en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) hacen que el tipo efectivo medio sea tan solo del 0,17 %. Para garantizar una tributaci贸n m铆nima del 3 % de los grandes patrimonios, es necesario eliminar la «exenci贸n a la empresa familiar» y suprimir el l铆mite conjunto de IRPF-IP, manteniendo el m铆nimo exento en 700.000 € y la exenci贸n a la vivienda habitual hasta 300.000 €.
■ Blindaje del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
■ Reducir la brecha fiscal entre las rentas del trabajo y del capital.
Para que las rentas del trabajo no tributen m谩s que las rentas del capital (como pasa hoy con las rentas del alquiler), es necesario eliminar el car谩cter dual del IRPF integrando las rentas del ahorro en la base general.
Estas tres medidas, junto con las medidas fiscales incluidas en el punto de combate al acaparamiento y la compra especulativa, permitir铆an recaudar aproximadamente 20.000 millones de euros anuales, que se destinar谩n 铆ntegramente a un fondo para desarrollar el parque p煤blico de vivienda v铆a expropiaci贸n, reconversi贸n y construcci贸n.
2.2
Sistema de vivienda p煤blico y no concertado
■ Sistema social de precios en la vivienda p煤blica.
Se sustituye el concepto de precio asequible por el de precio social. El precio social es aquel que se establece de forma progresiva desde la gratuidad hasta un precio que no supere el 20 % de la renta familiar disponible. Se eliminan todos los criterios selectivos de acceso por raz贸n de renta, de modo que se garantice el acceso universal y que la vivienda p煤blica sea una opci贸n para la poblaci贸n empobrecida y las mayor铆as sociales.
Normativa
Modificaci贸n de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
■ Creaci贸n de un fondo de inversi贸n p煤blico.
Aumentar exponencialmente la inversi贸n p煤blica para garantizar una soluci贸n duradera al problema de la vivienda. Se crea un fondo estable con lo recaudado por los impuestos a la riqueza y se destina a expropiaci贸n (de usufructo o titularidad), reconversi贸n y construcci贸n all铆 donde haga falta.
■ Constructora y banca p煤blicas: que nadie se forre con el dinero de todos.
Una constructora p煤blica como palanca para crear capacidad productiva estable, menos dependiente del ciclo inmobiliario, con cadenas cortas y empleo digno. Una banca p煤blica que garantice que los intereses de los pr茅stamos reviertan en el fondo de inversi贸n p煤blica, es decir, en inter茅s de la mayor铆a.
2.3
Expropiaci贸n a fondos buitre y bancos
■ Reforma de la Ley de Expropiaci贸n Forzosa para descontar del justiprecio el lucro por uso especulativo.
Reformar el r茅gimen de valoraci贸n de las expropiaciones para evitar que la compensaci贸n econ贸mica por viviendas expropiadas a fondos de inversi贸n, entidades financieras y otros grandes tenedores incorpore beneficios especulativos.
En las expropiaciones destinadas a la constituci贸n de parques p煤blicos de vivienda o a garantizar el derecho a la vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, el justiprecio se determinar谩 mediante criterios objetivos que contemplen:
a) Exclusi贸n de plusval铆as especulativas.
b) Descuento de las ayudas p煤blicas recibidas.
c) Valoraci贸n seg煤n sus caracter铆sticas objetivas.
Es decir, el precio se calcular谩 a partir de lo que el propietario pag贸 por la vivienda, sumando los gastos de compra debidamente justificados y restando las ayudas p煤blicas recibidas para comprarla, rehabilitarla o mejorarla. No se incluir谩n las ganancias derivadas de la subida del valor de la vivienda.
Normativa
Modificaci贸n de la Ley de Expropiaci贸n Forzosa de 1954 y del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana.
Tras la reforma, se proceder谩 a utilizar el fondo estable previamente constituido para ejecutar la expropiaci贸n de titularidad y la de uso del primer apartado.
Se establecer谩 una cuota de reserva de las viviendas del parque p煤blico para el acceso a personas sin techo o en proceso de p茅rdida de vivienda.
03
Seguridad residencial: que no nos echen de casa
1 Contratos indefinidos de alquiler
2 Poner fin a los desahucios
3.1
Contratos indefinidos de alquiler
Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para implantar un mecanismo de pr贸rroga autom谩tica de los contratos de arrendamiento de vivienda, obligatoria para el arrendador y potestativa para la inquilina. Siguiendo la estela de pa铆ses como Francia y Alemania, alcanzada su fecha de finalizaci贸n, los contratos de alquiler se prorrogar谩n por plazos sucesivos de entre cinco y siete a帽os, salvo en casos de necesidad acreditada por parte del casero o incumplimiento grave del contrato por parte de la inquilina.
Normativa
Modificaci贸n de los art铆culos 10 y 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (actual Real Decreto 28/2026).
3.2
Poner fin a los desahucios
Reformar la normativa de fondo (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) y la que regula los procedimientos de desahucios (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), en las siguientes l铆neas:Limitar la excepci贸n de recuperaci贸n de la vivienda mediante invocaci贸n por parte de la propiedad de la necesidad de hacer uso propio de la vivienda a situaciones de peque帽os propietarios sin alternativas habitacionales. Modificaci贸n del art铆culo 9.3 LAU.
Pr贸rrogas de tres a帽os y eliminaci贸n del requisito de que la propiedad sea gran tenedora. Modificaci贸n del art铆culo 10.2 LAU.
Siguiendo el ejemplo de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr茅dito inmobiliario, eliminar la posibilidad de resolver el contrato por cualquier impago, desde 1 € de deuda, y fijar un porcentaje de incumplimiento para poder resolver el contrato, vinculado al tiempo que queda para el plazo m铆nimo de duraci贸n de este y al porcentaje de incumplimiento en relaci贸n con la renta total del contrato.
La l贸gica a seguir es que cuanto m谩s hayas pagado al arrendador en concepto de rentas, m谩s tengas que haber incumplido para poder resolver el contrato.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 27 LAU y de los art铆culos 437 y 439 LEC.
Ampliar las causas de inadmisi贸n y oposici贸n de las demandas de desahucio por falta de pago para adaptar la normativa procesal a escenarios y realidades no contemplados, a los casos en que no se acredite el incumplimiento y a las novedades del art铆culo 21 LAU introducidas por el Decreto 29/2026. Modificaci贸n de los art铆culos 437, 438, 439 y 444 LEC.
Establecer una causa legal procesal que impida ejecutar un desahucio sin alternativa habitacional digna, acreditando la vulnerabilidad de la persona y con un l铆mite de tres a帽os. Modificaci贸n de los art铆culos 441 y 704 LEC.
04
Bajada de los precios
1 Bajada dr谩stica de los alquileres y vinculaci贸n a los ingresos
2 Garantizar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado
4.1
Bajada dr谩stica de los alquileres y vinculaci贸n a los ingresos
Modificar el actual sistema de 铆ndice de precios vinculado a las zonas de mercado tensionado y crear un 铆ndice territorial de precios m谩ximos del alquiler, calculado a partir de los ingresos de la poblaci贸n y no de los precios de mercado, para reducir de forma dr谩stica los alquileres y vincularlos a los ingresos reales de las familias trabajadoras de cada barrio y municipio.
En la 煤ltima d茅cada los alquileres han crecido muy por encima de los salarios y las pensiones, y una parte cada vez mayor de las inquilinas dedica al alquiler una proporci贸n de sus ingresos que compromete el resto de sus necesidades b谩sicas. Contener las subidas futuras no basta, porque consolida unos precios que ya son inasumibles.
Los elementos b谩sicos del 铆ndice son los siguientes:El precio m谩ximo se fijar谩 para cada secci贸n censal, ajustado a la superficie de la vivienda, y equivaldr谩 al 25 % de la renta mediana por unidad de consumo de la secci贸n.
Se establecer谩 un techo com煤n para todo el Estado, equivalente al 25 % de 1,5 veces el salario m铆nimo interprofesional y ajustado igualmente a la superficie, que se aplicar谩 cuando el c谩lculo por secci贸n censal lo supere.
El 铆ndice debe aplicarse en todo el territorio y a todos los contratos de vivienda habitual, incluidos los vigentes, con las salvaguardas necesarias para casos excepcionales y sanciones frente a cualquier f贸rmula de elusi贸n.
El techo vinculado al salario m铆nimo actuar铆a como contrapeso a la segregaci贸n residencial, al impedir que los alquileres de los barrios de rentas altas se sit煤en muy por encima del resto y se vuelvan inaccesibles para la clase trabajadora. Para que ello se traduzca en un acceso efectivo, la medida debe ir acompa帽ada de la persecuci贸n de la discriminaci贸n en la selecci贸n de inquilinas.
Con datos de 2023, el 铆ndice quedar铆a por debajo del alquiler mediano en cerca de dos tercios de las secciones censales del Estado, que concentran una parte desproporcionada del parque de alquiler.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 18 y de la disposici贸n adicional primera de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y del sistema estatal de 铆ndices de referencia creado por el Real Decreto-ley 7/2019.
4.2
Garantizar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado
Habilitar al Estado y a las administraciones locales para promover e impulsar la declaraci贸n de zonas de mercado residencial tensionado cuando las comunidades aut贸nomas competentes no quieran hacerlo, pese a concurrir los requisitos legalmente establecidos.
Para ello, se dar铆a a la comunidad aut贸noma un plazo de seis meses para resolver la solicitud. Transcurrido ese plazo sin respuesta, o ante una denegaci贸n expresa, el Estado o la administraci贸n local podr铆an asumir la iniciativa y efectuar la declaraci贸n, evitando que la inacci贸n o el rechazo auton贸mico impidan aplicar los mecanismos de contenci贸n de rentas.
La propuesta se apoya en la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica (art. 149.1.13 CE), en conexi贸n con la funci贸n social de la propiedad (art. 33.2 CE) y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE).
La argumentaci贸n sostiene que la regulaci贸n de los precios del alquiler constituye una materia vinculada a uno de los pilares fundamentales del mercado de vivienda y que la competencia auton贸mica en materia de vivienda no puede convertirse en un obst谩culo que vac铆e de efectividad las medidas estatales dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y la funci贸n social de la propiedad.
Normativa
Modificaci贸n del art铆culo 18 de la Ley de Vivienda.
05
Derechos sindicales en vivienda
1 Estatuto de las personas inquilinas
2 Derogaci贸n de la Ley Mordaza
3 Ilegalizar las empresas de desocupaci贸n
5.1
Estatuto de las personas inquilinas
El Estatuto de las personas inquilinas es una propuesta de texto normativo que busca crear un marco legal para proteger, organizar y defender de forma colectiva a las personas que viven de alquiler.
Su objetivo principal es corregir el desequilibrio de poder existente entre los inquilinos y la propiedad (especialmente frente a grandes empresas o fondos inmobiliarios), tratando las relaciones de alquiler de manera muy similar a como el Derecho Laboral trata las relaciones entre trabajadores y empresarios. Esta nueva ley reconoce estos derechos:
1. Derecho a organizarse y sindicarse
a. Creaci贸n de sindicatos: Cualquier inquilino puede crear o unirse a un sindicato de vivienda (desde un m铆nimo de 3 personas) para defender sus intereses de forma colectiva.
b. Protecci贸n contra represalias: Se proh铆be cualquier castigo del propietario por participar en el sindicato. Si la propiedad toma una medida perjudicial en los 12 meses siguientes a la acci贸n sindical, se presume legalmente que es una represalia sancionable.
2. Representaci贸n e informaci贸n
a. Interlocutor reconocido: Las asociaciones que tengan al menos un 10 % de afiliaci贸n en una finca o territorio (o las de 谩mbito auton贸mico o estatal) se convierten en representantes legales obligatorios ante el propietario.
b. Derecho a la representaci贸n: la propiedad est谩 obligada a reconocer a los sindicatos de inquilinas como interlocutores v谩lidos siempre que una afiliada lo autorice. El no reconocimiento reiterado ser谩 considerado un incumplimiento contractual por parte de la propiedad.
c. Acceso a la informaci贸n: Las asociaciones representativas tienen derecho a exigir informaci贸n clara sobre el estado del edificio, las obras previstas, el desglose de gastos e incluso acceder al catastro para identificar qu茅 empresa o fondo est谩 realmente detr谩s de la propiedad de la finca.
3. La negociaci贸n colectiva
a. Obligaci贸n de negociar: El propietario est谩 obligado a sentarse a negociar de buena fe cuando el sindicato le haga propuestas sobre rentas, pr贸rrogas de contratos o repartos de gastos.
b. Efectos de los pactos: Lo negociado se aplica a todos los vecinos del edificio (erga omnes) si la vivienda est谩 en una zona de mercado tensionado, o solo a los afiliados al sindicato en zonas no tensionadas.
4. Retenci贸n colectiva de rentas (huelga de alquiler)
a. Retenci贸n de renta protegida: Permite congelar el pago directo al casero ante abusos o falta de mantenimiento, consignando el 100 % del dinero en un fondo p煤blico, siempre que est茅 justificado por incumplimientos de la propiedad.
b. Blindaje contra el desahucio: Como el dinero se deposita en el fondo p煤blico en plazo, legalmente equivale al pago completo: el inquilino queda totalmente protegido contra demandas de desahucio por impago, intereses o no renovaciones por represalia.
5. Medidas transversales para impedir la discriminaci贸n en el acceso o conservaci贸n de la vivienda (racismo estructural e inmobiliario).
Normativa
Aprobaci贸n de una legislaci贸n espec铆fica con este fin.
5.2
Derogaci贸n de la Ley Mordaza
Mientras el Gobierno dice preocuparse por el derecho a la vivienda, las que defendemos este derecho acumulan miles de euros en multas, reciben violencia policial a menudo y enfrentan sentencias de prisi贸n. No somos las 煤nicas: la represi贸n afecta al sindicalismo laboral y a todas las luchas sociales.
Normativa
Derogaci贸n de la Ley Org谩nica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci贸n de la seguridad ciudadana, y de las reformas agravadas del C贸digo Penal (arts. 557.1 y 557 bis). Aprobaci贸n de una nueva ley de seguridad ciudadana.
5.3
Ilegalizar las empresas de desocupaci贸n
La recuperaci贸n de la posesi贸n de una vivienda debe realizarse exclusivamente mediante los procedimientos legalmente establecidos y con todas las garant铆as judiciales. Ninguna persona f铆sica o jur铆dica podr谩 recurrir a la intimidaci贸n, las amenazas, las coacciones o el hostigamiento para forzar a una persona a abandonar su hogar. Por ello, se propone:
a) Prohibir las pr谩cticas de acoso dirigidas a provocar el abandono de una vivienda, cualquiera que sea quien las realice.
b) Prohibir la constituci贸n, funcionamiento y contrataci贸n de empresas dedicadas a ejecutar desalojos extrajudiciales de viviendas y establecer su disoluci贸n judicial en los supuestos legalmente previstos.
c) Exigir responsabilidad a quienes ejecuten, ordenen, promuevan o financien conscientemente estas actuaciones, as铆 como a quienes participen deliberadamente en ellas para obtener un beneficio.
d) Reforzar la protecci贸n inmediata de las personas afectadas mediante medidas cautelares de cese del hostigamiento, prohibici贸n de aproximaci贸n o comunicaci贸n y, cuando proceda, restablecimiento del acceso a la vivienda y de los suministros.
Normativa
Aprobaci贸n de una legislaci贸n espec铆fica con este fin, establecimiento de un r茅gimen sancionador y modificaci贸n del C贸digo Penal que refuerce la tipificaci贸n de las conductas de coacci贸n y acoso destinadas a obtener el desalojo de una vivienda al margen de los procedimientos legales.
06
Un nuevo marco constitucional para garantizar el derecho a la vivienda
1 Propuesta de redacci贸n de la reforma constitucional
2 Detalles del proceso de reforma
6.1
Propuesta de redacci贸n de la reforma constitucional
Durante estos 煤ltimos a帽os hemos cambiado la mentalidad de nuestra sociedad. Hoy en d铆a una mayor铆a defiende que la vivienda es antes un derecho que un bien con el que especular. Ha llegado el momento en que las instituciones recojan este cambio.
1. El art铆culo 47 de la Constituci贸n de 1978 sobre el derecho a la vivienda se traslada del cap铆tulo tercero del t铆tulo I («De los principios rectores de la pol铆tica social y econ贸mica») al cap铆tulo segundo («Derechos y libertades»), secci贸n 2.陋 («De los derechos y deberes de los ciudadanos»), y pasa a ser el art铆culo 33, inmediatamente antes del actual art铆culo 33 sobre el derecho a la propiedad, que pasa a ser el art铆culo 34, y por delante del art铆culo 38 sobre la libertad de empresa, que pasa a ser el art铆culo 39.
Art. 33
Derecho a la vivienda
Antes art铆culo 47
Art. 34
Derecho a la propiedad
Antes art铆culo 33
Art. 39
Libertad de empresa
Antes art铆culo 38
2. Se a帽ade un apartado 3 al art铆culo 37 (que pasa a ser el 38) de la Constituci贸n de 1978:
Texto propuesto para el art铆culo 38.3
«La ley garantizar谩 el derecho de las personas inquilinas a la representaci贸n y negociaci贸n colectivas ante las partes arrendadoras, as铆 como la fuerza vinculante de los acuerdos que resulten en los t茅rminos que la ley establezca.»
3. Se a帽aden dos nuevos apartados al nuevo art铆culo 33 (antiguo 47):
Nuevos apartados del art铆culo 33
«Los poderes p煤blicos garantizar谩n la estabilidad, la asequibilidad y la seguridad en la tenencia de la vivienda habitual y promover谩n formas colectivas de representaci贸n, informaci贸n, consulta y negociaci贸n de las personas inquilinas.»
«La ley regular谩 las asociaciones, organizaciones y sindicatos de personas inquilinas. Asimismo, la legislaci贸n espec铆fica prever谩 las medidas colectivas de garant铆a y consignaci贸n de rentas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones arrendadoras, la conservaci贸n de la vivienda y la efectividad de los acuerdos colectivos, con respeto a los derechos de todas las partes y bajo control administrativo y judicial.»
6.2
Detalles del proceso de reforma
Al tratarse de una reforma que afecta a los cap铆tulos segundo (secci贸n 2.陋) y tercero del t铆tulo I, debe seguirse el procedimiento de reforma ordinario previsto en el art铆culo 167 de la propia Constituci贸n.
De acuerdo con dicho precepto, la iniciativa de reforma corresponde al Gobierno (en Consejo de Ministros), al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas.
La reforma deber谩 ser aprobada por mayor铆a de tres quintos de cada una de las C谩maras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se crear谩 una Comisi贸n de composici贸n paritaria de diputados y senadores, que presentar谩 un texto que ser谩 votado por el Congreso y el Senado.
Ahora bien, si no se aprobase mediante este procedimiento, pero se hubiera obtenido el voto favorable de la mayor铆a absoluta del Senado, el Congreso podr谩 aprobar la reforma por mayor铆a de dos tercios.
Por 煤ltimo, se redactar谩 una exposici贸n de motivos que deje constancia expresa de la voluntad del constituyente: la Constituci贸n exige que el derecho a la vivienda prevalezca frente al derecho de libertad de empresa y que, en caso de conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, prevalezca la funci贸n social de la propiedad. Esta exposici贸n servir谩 de criterio de interpretaci贸n para los tribunales y los poderes p煤blicos.
HUELGA
Mi茅rcoles 11 de noviembre
Tomamos las calles
Manifestaciones, concentraciones y piquetes en todo el Estado
156 convocatorias
129 localidades
16 territorios
Algunas de las grandes
Madrid 18:00 Atocha → Pl. de Espa帽a
Val猫ncia 18:00 C/ X脿tiva
Sevilla 19:00 Av. del Cid
M谩laga 18:00 Pl. General Torrijos
Zaragoza 18:00 Paraninfo
Bilbo 18:00 Plaza Eliptikoa
Valladolid 19:00 Pl. de Col贸n
Palma 18:30 Pl. d'Espanya
A Coru帽a 18:00 Av. Fisterra
Vigo 18:00 Pr. dos Cabalos
Andaluc铆aArag贸nAsturiesCanariasCantabriaCastilla-La ManchaCastilla Y Le贸nCatalunyaExtremaduraEuskal HerriaGalizaIlles BalearsLa RiojaMadridMurciaPa铆s Valenci脿
El dosier completo y el resumen de una p谩gina, listos para descargar y compartir.
Dosier completo (PDF)
Resumen de una p谩gina