EL MERCURIO DIGITAL - MÉXICO -
Tras casi 3 años de detención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la liberación inmediata de los presos de conciencia José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz.
Amnistía Internacional (AI) celebra la decisión tomada por la Primera Sala de la SCJN de hacer justicia y reconocer su inocencia.
José Ramón y Pascual son dos líderes indígenas nahuas quienes durante años han trabajado por garantizar el acceso al agua en la comunidad poblana de Atla, en el municipio de Pahuatlán. El acceso a este derecho ha sido motivo de disputas en esta comunidad durante décadas.
La organización está convencida de que su injusta detención y procesamiento ocurrieron como represalia por su legítimo trabajo en la defensa del derecho al agua en su comunidad.
“Estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos” afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Lo más preocupante es los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México” agregó Herrera.
Amnistía Internacional pudo constatar que el proceso fue llevado a cabo en español y que en ningún momento tuvieron acceso a un abogado que hablara su lengua o un intérprete que estuviera familiarizado con su cultura, a pesar de que la Constitución les otorga este derecho. Tampoco se les respetó su derecho a una defesa adecuada y al debido proceso, pues tanto el Ministerio Público como el Juez los procesaron sin más evidencia que la declaración de la supuesta víctima y con base en dos testimonios que presentaban graves y evidentes contradicciones.
“Un país en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un país donde la justicia es poco más que un sueño. Es momento de que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para evitar que esto continúe perpetuándose", concluyó Herrera.
La organización hace un enérgico llamado al gobierno mexicano para se tomen medidas inmediatas para asegurar que quienes defienden derechos humanos en México puedan hacerlo sin temor a sufrir represalias por su trabajo. Así mismo, Amnistía Internacional insta a las autoridades judiciales para que revisen de manera diligente otros casos de integrantes de comunidades indígenas que se encuentren actualmente detenidos y se aseguren de que su proceso se hubiese conducido de acuerdo con sus derechos y que de no ser así, se tomen todas las medidas necesarias para brindarles un adecuado acceso a la justicia.
Información adicional
La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto. Ambos fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.
Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla y les declaró Presos de Conciencia.
La liberación de los dos activistas se produce tras más de un año de intenso trabajo de litigio de la organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de casi 8 meses de campaña de activistas de Amnistía Internacional. Al momento de su liberación se habían recolectado más de 30,000 firmas de apoyo a su caso provenientes de activistas en más de 100 países.
Tras casi 3 años de detención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la liberación inmediata de los presos de conciencia José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz.
Amnistía Internacional (AI) celebra la decisión tomada por la Primera Sala de la SCJN de hacer justicia y reconocer su inocencia.
José Ramón y Pascual son dos líderes indígenas nahuas quienes durante años han trabajado por garantizar el acceso al agua en la comunidad poblana de Atla, en el municipio de Pahuatlán. El acceso a este derecho ha sido motivo de disputas en esta comunidad durante décadas.
La organización está convencida de que su injusta detención y procesamiento ocurrieron como represalia por su legítimo trabajo en la defensa del derecho al agua en su comunidad.
“Estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos” afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Lo más preocupante es los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México” agregó Herrera.
Amnistía Internacional pudo constatar que el proceso fue llevado a cabo en español y que en ningún momento tuvieron acceso a un abogado que hablara su lengua o un intérprete que estuviera familiarizado con su cultura, a pesar de que la Constitución les otorga este derecho. Tampoco se les respetó su derecho a una defesa adecuada y al debido proceso, pues tanto el Ministerio Público como el Juez los procesaron sin más evidencia que la declaración de la supuesta víctima y con base en dos testimonios que presentaban graves y evidentes contradicciones.
“Un país en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un país donde la justicia es poco más que un sueño. Es momento de que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para evitar que esto continúe perpetuándose", concluyó Herrera.
La organización hace un enérgico llamado al gobierno mexicano para se tomen medidas inmediatas para asegurar que quienes defienden derechos humanos en México puedan hacerlo sin temor a sufrir represalias por su trabajo. Así mismo, Amnistía Internacional insta a las autoridades judiciales para que revisen de manera diligente otros casos de integrantes de comunidades indígenas que se encuentren actualmente detenidos y se aseguren de que su proceso se hubiese conducido de acuerdo con sus derechos y que de no ser así, se tomen todas las medidas necesarias para brindarles un adecuado acceso a la justicia.
Información adicional
La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto. Ambos fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.
Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla y les declaró Presos de Conciencia.
La liberación de los dos activistas se produce tras más de un año de intenso trabajo de litigio de la organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de casi 8 meses de campaña de activistas de Amnistía Internacional. Al momento de su liberación se habían recolectado más de 30,000 firmas de apoyo a su caso provenientes de activistas en más de 100 países.
