Se van guardias los civiles y llegan los escoltas
EL MERCURIO DIGITAL -
Los escoltas empezarían a trabajar en estos seis centros a partir de marzo, informa derechopenitenciario.com. Varios escoltas de la firma Ombuds, la primera adjudicataria, han confirmado a que ya han recibido ofertas. Interior habla solo de contactos con varias empresas de seguridad. El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su presunta participación en el golpe de Estado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha denunciado este miércoles que el Ministerio del Interior ya ha comenzado a adjudicar a empresas de seguridad privada la vigilancia de seis cárceles en sustitución de los agentes de la Guardia Civil que venían prestando este servicio.
En concreto, el sindicato asegura que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ya ha adjudicado a la empresa Ombuds el control de las cárceles de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. CSI-F asegura conocer esta información por medio de fuentes indirectas, aunque añade que el Ministerio les ha negado esta información.
"De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, este sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias y en las que participarán otras empresas", dice la nota emitida por el sindicato.
PREVISTO PARA EL AÑO PASADO
El Ministerio del Interior tomó la decisión el pasado año de poner en marcha un plan por el cual vigilantes de seguridad privada asumirían el control del perímetro de las cárceles. La intención, según anunciaron, era iniciar el despliegue durante el último trimestre del año, pero el proyecto se aplazó, entre otras cuestiones por la oposición de los sindicatos de prisiones a la medida, según informaron en su momento a Europa Press fuentes ministeriales.
El sindicato describe esta decisión como el inicio de "un proceso de privatización" en la que el Ministerio "subestima la profesionalidad de la seguridad de los Fuerzas y Seguridad del Estado, vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario que que 'La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'.
Según explica el sindicaro, los Vigilantes de Seguridad realizarán en estos centros, así como en los de menores y estancia temporal de inmigrantes (C.E.T.I.`s) tareas de control de accesos, control de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) y vigilancias perimetrales de estas instalaciones. Para ello deberán realizar un curso en un centro homologado de al menos diez horas de duración que también habilita para vigilar dependencias de seguridad (cuarteles militares, centros policiales, etc.).
"El Sector Nacional de Prisiones CSI-F, considera ésta medida de irresponsable y kafkiana y un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios. Además, CSI-F se teme que existan detrás de esta operación "intereses poco transparentes", zanja la nota.
EL MERCURIO DIGITAL -
Los escoltas empezarían a trabajar en estos seis centros a partir de marzo, informa derechopenitenciario.com. Varios escoltas de la firma Ombuds, la primera adjudicataria, han confirmado a que ya han recibido ofertas. Interior habla solo de contactos con varias empresas de seguridad. El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su presunta participación en el golpe de Estado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha denunciado este miércoles que el Ministerio del Interior ya ha comenzado a adjudicar a empresas de seguridad privada la vigilancia de seis cárceles en sustitución de los agentes de la Guardia Civil que venían prestando este servicio.
En concreto, el sindicato asegura que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ya ha adjudicado a la empresa Ombuds el control de las cárceles de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. CSI-F asegura conocer esta información por medio de fuentes indirectas, aunque añade que el Ministerio les ha negado esta información.
"De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, este sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias y en las que participarán otras empresas", dice la nota emitida por el sindicato.
PREVISTO PARA EL AÑO PASADO
El Ministerio del Interior tomó la decisión el pasado año de poner en marcha un plan por el cual vigilantes de seguridad privada asumirían el control del perímetro de las cárceles. La intención, según anunciaron, era iniciar el despliegue durante el último trimestre del año, pero el proyecto se aplazó, entre otras cuestiones por la oposición de los sindicatos de prisiones a la medida, según informaron en su momento a Europa Press fuentes ministeriales.
El sindicato describe esta decisión como el inicio de "un proceso de privatización" en la que el Ministerio "subestima la profesionalidad de la seguridad de los Fuerzas y Seguridad del Estado, vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario que que 'La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'.
Según explica el sindicaro, los Vigilantes de Seguridad realizarán en estos centros, así como en los de menores y estancia temporal de inmigrantes (C.E.T.I.`s) tareas de control de accesos, control de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) y vigilancias perimetrales de estas instalaciones. Para ello deberán realizar un curso en un centro homologado de al menos diez horas de duración que también habilita para vigilar dependencias de seguridad (cuarteles militares, centros policiales, etc.).
"El Sector Nacional de Prisiones CSI-F, considera ésta medida de irresponsable y kafkiana y un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios. Además, CSI-F se teme que existan detrás de esta operación "intereses poco transparentes", zanja la nota.
