TURQUÍA
•elmercuriodigital ▫ Una serie de reformas en materia de seguridad incluidas en un proyecto de ley aprobado hoy por el Parlamento de Turquía concederá a las fuerzas policiales del país amplios y peligrosos nuevos poderes para recluir a personas y usar armas de fuego para acallar la disidencia, ha afirmado Amnistía Internacional.La organización ha afirmado que el proyecto de ley facilita la práctica ya generalizada de la reclusión arbitraria durante las protestas y prepara el terreno para otras violaciones de derechos humanos, como las investigaciones criminales por motivos políticos y las violaciones del derecho a la vida.
“La votación de hoy para aprobar esta nueva y draconiana ley confirma nuestros temores: el Parlamento de Turquía ha tomado algunos de los peores abusos del terrible historial de este país en materia de actuación policial y les ha dado rango de ley”, ha afirmado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
Los artículos aprobados –que enmiendan 14 leyes o decretos distintos– han sido objeto de intensos debates. El momento de la aprobación se considera especialmente polémico teniendo en cuenta las elecciones parlamentarias previstas para junio.
La “Ley por la que se enmienda la Ley sobre competencias y deberes de la policía, otras leyes y decretos” –conocida generalmente como “conjunto de medidas de seguridad interna”– ha sido objeto de intensos debates en el Parlamento desde el 17 de febrero.
Amnistía Internacional ha afirmado que las disposiciones incluidas en el proyecto de ley en relación con el uso de la fuerza policial son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos. En virtud de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el uso de armas letales sólo estará justificado para proteger a las personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo cuando otros medios menos letales no han dado resultado.
“Autorizar a la policía a usar armas de fuego para proteger bienes cuando no existe una amenaza inminente para la vida vulnera las normas internacionales relativas a la labor policial y puede dar lugar a otras violaciones del derecho a la vida”, ha afirmado Andrew Gardner.
El proyecto de ley contiene también disposiciones de redacción imprecisa que conceden a la policía facultades para recluir a personas sin la orden de un fiscal. Las disposiciones permiten este tipo de reclusión durante un periodo máximo de 24 horas en delitos individuales y de hasta 48 horas en el caso de delitos cometidos en el contexto de incidentes violentos en protestas. Es muy probable que la aplicación de estas disposiciones dé lugar a nuevas reclusiones arbitrarias.
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| La policía antidisturbios se enfrenta a un manifestante en la calle Istiklal, cerca de la plaza de Taksim, en Estambul, junio de 2013. © OZAN Kose / AFP / Getty Images |
Otras disposiciones erosionan la independencia de los fiscales y la obligación de garantizar que pueden llevar a cabo su trabajo sin injerencias indebidas. Se concede a los gobernadores regionales facultades para dictar órdenes directas a la policía en la investigación de delitos.
Turquía tiene ya un historial de negación del derecho de protesta pacífica, uso de fuerza excesiva por la policía –incluidas armas de fuego– y enjuiciamientos por motivos políticos.
“A pesar de la oposición generalizada de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogados y otros grupos de la sociedad civil, el gobierno ha hecho todo lo posible para acelerar la tramitación de estas disposiciones legales” ha afirmado Andrew Gardner.
“El momento elegido para la tramitación del proyecto de ley, tan cerca de unas elecciones parlamentarias clave, proporciona a las autoridades nuevos poderes para reprimir la disidencia. La promulgación de estas disposiciones concede luz verde para cometer abusos generalizados contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.”
La aprobación del proyecto de ley en este momento permitirá que entre en vigor antes de la clausura del Parlamento el 5 de abril antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio. Entrará en vigor cuando el presidente lo sancione con su firma, una mera formalidad que se espera tenga lugar en breve.
Miembros de la oposición han prometido recurrir ante el Tribunal Constitucional de Turquía para que anule el proyecto de ley.
El gobierno de Turquía ha intentado justificar el proyecto de ley por las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en el sudeste del país en octubre de 2014, en las que hasta 50 personas murieron, cientos resultaron heridas y bienes públicos y privados sufrieron daños importantes.
Turquía tiene un historial de abusos contra los derechos de manifestantes pacíficos, que probablemente serán también el blanco de estas nuevas medidas de seguridad imprecisas y amplias.
Entre el 28 de mayo y mediados de julio de 2013 tuvieron lugar en 79 de las 81 provincias de Turquía las manifestaciones conocidas como protestas del parque Gezi, en las que participaron desde unos cientos de personas hasta decenas de miles. En todo el país, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y abusiva contra manifestantes pacíficos en repetidas ocasiones, en algunos casos con consecuencias mortales. Al menos cuatro manifestantes murieron como consecuencia directa del uso de fuerza excesiva por la policía, entre ellos Berkin Elvan, de 15 años, y Abdullah Cömert, de 22, que recibieron en la cabeza el impacto de botes de gas disparados a escasa distancia. Más de 8.000 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, durante la oleada de protestas.
En 2014, la policía usó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos el Día Internacional del Trabajo cerca de la plaza Taksim, en el centro de Estambul. El 1 de mayo de este año se espera de nuevo una situación de confrontación, pues los manifestantes exigen marchar hasta la plaza Taksim y las autoridades sostienen que el centro de Estambul es zona prohibida.
Amnistía Internacional ha documentado en múltiples ocasiones cómo la policía y las fuerzas de seguridad turcas han usado gas lacrimógeno y cañones de agua de manera excesiva, injustificada y arbitraria para dispersar a manifestantes, y han disparado contra manifestantes desarmados con balas de goma y balas de plástico, causando muertes y graves heridas en algunos casos. Miles de personas han sido golpeadas por la policía y las fuerzas de seguridad. Se ha detenido y recluido a manifestantes, activistas de los derechos humanos y periodistas.
La adopción del proyecto de ley es la última de una sucesión de medidas para reprimir la disidencia en Turquía. En diciembre de 2014, Amnistía Internacional expresó preocupación por la compra por las autoridades turcas de grandes cantidades de gas lacrimógeno y otros agentes químicos para el control de disturbios a una empresa de Corea del Sur.
