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Por Bartolomé Clavero    El Mercosur o Mercado Común del Sur (formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay más, en vías de incorporación, Venezuela, así como, con diversos grados de asociación, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú) ha adoptado la resolución de erigir un Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Aunque todavía no cuente ni con la tarjeta de presentación hoy obligada de un sitio web, ya existe no sólo virtualmente pues tiene sede material prácticamente ya asignada en Buenos Aires y un director ejecutivo, el acreditado experto en derechos económicos, sociales y culturales Víctor Abramovich, igualmente argentino, quien además ha sido relator sobre derechos de los pueblos indígenas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue vicepresidente. Por las manifestaciones efectuadas durante el proceso de fundación, particularmente con ocasión de las reuniones de las Altas Autoridades en el Área de los Derechos Humanos, y por los té

Por  Bartolomé Clavero     Como organización específicamente defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch marca pauta y ejerce liderazgo. Con sus cuarteles generales en Washington D.C., su acción se hace sobre todo notar, para lo nuevo y para lo malo, por las Américas. Puede decirse que también para lo malo a la vista de su reacción ante la llamada Ley de Víctimas colombiana, ley en realidad no sólo de reparación a víctimas, sino también de expropiación de pueblos indígenas y de exoneración del Estado y de las empresas, ley por tanto también de impunidad. Human Rights Watch no sólo se ha precipitado en celebrarla, sino que se ha apresurado a expresarle directamente su satisfacción al Gobierno de Colombia con una visita del más alto nivel a Bogotá.  Para Human Rights Watch (HRW) “la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana ofrece una oportunidad histórica para restablecer millones de hectáreas de tierras a colombianos que han sido expulsados de sus hogares po

Por Bartolomé Clavero      Con la bendición ahora del Sistema de Naciones Unidas de Colombia, en el Estado cuyo nombre rememora a Cristóbal Colón siguen dándose los pasos hacia el genocidio perfecto. Una llamada Ley de Víctimas, por contracción de su denominación oficial, Ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, ley que proclama retóricamente objetivos de reparación, restitución y reconciliación, crea un régimen especial para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes expulsados de sus territorios poniendo los medios para que éstos no se recuperen en su integridad como lo que fueran antes del desplazamiento forzoso, territorios de pueblos y de comunidades. De paso, la Ley de Víctimas sirve para exculpar al Estado y exonerar a las empresas. Colombia: ¿Ley de Víctimas contra Víctimas? ¿De Reparación o de Impunidad? (Sin Comentario sobre la Actitud de las Nacion

Por Bartolmé Clavero   El Proyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas sigue avanzando en su camino parlamentario. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, tras haber trabajado en Conferencia Parlamentaria junto a la Comisión congénere del Senado, con la participación adicional de asesores de los Grupos Parlamentarios e investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria de la misma Cámara y con la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el proceso dizque de consulta a dichos pueblos y comunidades, ha emitido dictamen y presentado proyecto el pasado 23 de mayo. Dictamen y proyecto juegan con las palabras para hurtar parte sustancial del derecho de consulta reconocido a los pueblos indígenas por el derecho internacional de los derechos humanos en lo esencial representado por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de lo

Por Bartolomé Clavero   Después de haber interpuesto Observaciones, equivalentes a veto, a la Ley del Derecho a la Consulta previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobada por el Congreso, ley que además contaba con el acuerdo de organizaciones indígenas representativas, el Gobierno del Perú dicta ahora el Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas. Si se comparan las Observaciones con el Reglamento, podrá comprobarse hasta qué punto el segundo es la forma de ratificar e imponer la ruptura del acuerdo habido con la parte indígena. El Reglamento no procede de decisión autónoma del Gobierno. Una sentencia constitucional obliga a su emisión, pero el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas y en particular el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que Perú tiene

Por Bartolomé Clavero   En el siglo XVIII la ciudad de Nueva York ocupaba sólo el vértice inferior de la isla de Manhattan, no mucho más de lo que hoy es la zona financiera. Estaba abierta hacia el mar y amurallada hacia tierra por una empalizada que transcurría por lo que luego sería la calle Chambers. Era una ciudad no sólo de colonos inmigrantes de Europa, sino también de africanos, mulatos e indígenas esclavos. La legislación que asistía a los colonos en el control de la población esclava solía referirse a Indian slaves junto a Niggers esclavizados y esclavizadas en mayor número. En este rincón de lo que hoy es una inmensa metrópolis se cruzan memorias y también, como si todavía tuvieran algo o tal vez bastante de colonial, entran en liza unas muy desiguales políticas de la memoria. Existe por ejemplo el Federal Hall National Memorial, el Memorial Nacional de la Estancia Federal, con su edificio actual ya de época de la independencia, representando la memoria excluyente del sec

Por Bartolomé Clavero   La tarde del miércoles día 18 había un asunto importante en la agenda de este periodo de sesiones del Foro Permanente, el del diálogo en profundidad tripartito, entre Gobierno de Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia y el propio Foro, sobre el informe resultante de la visita que una misión del mismo realizó en el mes de julio del año pasado, el 2010. La visita fundamentalmente se debía a la alarma por la existencia de pueblos indígenas en riesgo de extinción. El informe constataba la gravedad de la situación y, tras analizarla, dirigía una serie de recomendaciones al Gobierno, buena parte de ellas de carácter urgente. Ahora, el miércoles 18 de mayo de 2011 por la tarde, ante la asamblea formada por representantes de Estados, de pueblos y organizaciones indígenas, de agencias de Naciones Unidas y de ONGs que asisten a las plenarias del Foro Permanente, había llegado el momento del examen. La actitud del Gobierno de Colombia ha hecho que sea un fi

Por Bartolomé Clavero   Tómese el epígrafe en sentido figurado, de ningún modo en el literal, pues podría haber problemas. En el primer día del periodo de sesiones de este año del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, el lunes día dieciséis de mayo, a varias personas que acudimos a una convocatoria sobre “El masticado de la hoja de coca y los Derechos de los Pueblos Indígenas” nos para personal de seguridad para interrogarnos: “¿Llevan Ustedes hoja de coca? ¿Piensan masticar hoja de coca en dependencias de las Naciones Unidas?”. Iba en serio. Parecía haber recibido instrucciones. La Convención Única sobre Estupefacientes sigue proscribiendo la hoja de coca en su estado genuino, aquella a la que no se le hubiera “extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina”, tal y como si la cocaína fuera un componente natural de esa especie vegetal. Si llevásemos hoja de coca, estaríamos introduciendo droga ilícita . Si la fuéramos a

Por Bartolomé Clavero El 26 de julio del año pasado, el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Bien está, quién puede ponerlo en duda, pero lo que debe extrañar es que sólo tras más de seis décadas de desarrollo de un cuerpo internacional de instrumentos de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas vengan éstas a apercibirse de que el derecho al agua es un derecho básico para el disfrute de todos los derechos humanos. ¿Cómo ha podido tardarse tanto tiempo para este reconocimiento explícito? ¿Es que los derechos humanos han sido hasta hace poco cosa de gente acomodada o tal vez inconsciente que daba por hecho el suministro y la salubridad de agua, atmósfera y alimento, el agua potable, la atmósfera limpia y el alimento apropiado? ¿O tal vez de gente con una cultura tan ciega que no aprecia unos derechos humanos ta