Otra información es posible

Un año después de la masacre de Tlatlaya, ONU pide justicia para las víctimas

22 personas murieron durante una operación de fuerzas militares, supuestamente contra una banda criminal, en Tlatlaya, en el estado de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas

•elmercuriodigital ▫ Un año después de la matanza de 22 personas durante una operación de fuerzas militares, supuestamente contra una banda criminal, en Tlatlaya, en el estado de México, la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, emitió hoy un llamamiento por la justicia y la reparación para las víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos de México considera que al menos 12 de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Tres mujeres que presenciaron el incidente también sufrieron presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y la tortura.


Si bien un oficial y seis soldados están en espera de juicio, el organismo de la ONU instó a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones para incluir a las autoridades civiles y militares que podrían tener parte de responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones cometidas el 30 de junio de 2014.

“Investigar estos casos y llevar a los responsables ante la justicia es la mejor manera de garantizar que estas violaciones no se vuelvan a cometer”, señaló la portavoz.

Inicialmente, el Departamento de Defensa del país dijo que los 22 fallecidos pertenecían a una banda de secuestradores y que murieron en un tiroteo con las fuerzas militares.

Sin embargo, un testigo, una de los tres supervivientes del incidente, relató a un medio de comunicación que sólo uno de los civiles murió en el enfrentamiento y que los demás fueron sumariamente ejecutados tras rendirse y haber sido interrogados.

Cécile Pouilly, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré

Ocho soldados que participaron en la operación fueron detenidos el 25 de septiembre de 2014. Tres de ellos afrontan cargos de homicidio y uno un cargo de manipulación de pruebas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo su propia investigación y concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas.

Rescatan a 49 personas migrantes que fueron abandonadas en Chiapas

MÉXICO - El pasado martes fueron rescatadas 513 personas migrantes que viajaban hacinadas y con altos grados de deshidratación al interior de dos camione

•elmercuriodigital ▫ Agencias.- Efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) de México han rescatado a 49 personas migrantes que fueron abandonadas por traficantes de seres humanos en una posada de San Cristóbal de las Casas, hacinados en una habitación.

Una llamada anónima alertó al personal de la PGR sobre la presencia de un grupo numeroso de personas en el cuarto de un hotel. Efectivos de la PGR, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía municipal de San Cristóbal de las Casas se presentaron en el hotel y hallaron a 26 adultos y 23 menores que estaban esperando a los traficantes para continuar su camino hacia el norte de México.
En una de las habitaciones del hotel se encontró
un total de 26 adultos y 23 niños hacinados.
Foto Hermes Chávez(Milenio)

El momento del rescate, los extranjeros no pudieron acreditar su legal estancia en el país y tampoco contaban con las provisiones necesarias para permanecer más tiempo en el hotel, por lo que han quedado bajo resguardo y custodia del INM para su proceso de repatriación correspondiente.



El pasado martes fueron rescatadas 513 personas migrantes que viajaban hacinadas y con altos grados de deshidratación al interior de dos camiones.

Nativos en territorio extranjero

OPINIÓN de Bruno Peron Loureiro.-    

Aumenta nuestra vacilación frente a un mundo que gira más rápido y se agita frenética y paranoicamente. Una de las consecuencias de la debilidad de nuestros sentidos de captar ese ritmo de rotación planetaria es la sensación de experimentar formas de vida ajenas donde imperan siempre estilos conocidos., tradicionales y usuales de interacción. Mientras algunos no viven sin su computador, otros no conducen sin un GPS (Global Posicioning System).

El filósofo-antropólogo argentino-mexicano Néstor García Canclini intenta demostrar –inclusive por la experiencia propia del exilio– que hay múltiples maneras de ser extranjero en las sociedades contemporáneas sin tener necesariamente que migrar. Él toma como base la investigación “Extranjeros en la tecnología y la cultura”, que coordina desde 2007 con el incentivo de la Fundación Telefónica, y que tiene como eje la interacción entre arte, cultura y nuevas tecnologías.

El argumento principal de García Canclini es que, a pesar de que son minoría los migrantes o viajantes, todos somos de un modo u otro extranjeros. Sobre este tema, él fue curador de una exposición artística en Buenos Aires en 2009 y en Ciudad de México en 2012, bajo el título “Extranjerías”, en la que se manifiestan trabajos de diversos artistas.

Él mismo mencionó durante una entrevista concedida a la periodista argentina María Paula Bandera (Tecnología y cultura:¿y si todos somos extranjeros?, Clarín de Bs.As., julio 23 de 2009), que “Extranjerías” revela una experiencia compleja de alteridad, la sensación de extrañamiento o incomodidad, y la dificultad de adaptación a nuevas circunstancias.

Mi intención es rever el argumento de García Canclini y proporcionar ejemplos a favor de otro fenómeno. Nuevas tecnologías de información y comunicación y mediadores de las relaciones humanas (computador personal, laptop, palm, iPod, iPad, teléfonos celulares, Blackberry, tablet, cámaras digitales, kidle y otras que están por venir con mayor ritmo que el galope) componen un escenario que deja de ser modernidad y se torna tradición alrededor del globo.

Los jóvenes tienen facilidad para lidiar con las nuevas tecnologías de comunicación mientras los integrantes de generaciones anteriores se relacionan con menos habilidad y más extrañeza con las herramientas modernas de comunicación y las actuales formas de configuración del espacio público. El tiempo se ha acortado en el mismo grado de los cambios, o sea, las generaciones tecnológicas se renuevan cada cinco años cuando hasta hace poco eran necesarios veinte años o más. Por lo tanto los usuarios de las nuevas tecnologías se ven en el deber de actualizarse más rápidamente para no caer en la trampa de volverse extranjeros en su propia cuna.

Crece el número de personas que no saben bien de dónde son o a que país/región/continente pertenecen. Algunas explicaciones posibles: sus parientes son de países distintos, su nacimiento ocurrió en un país donde sus padres residían temporalmente por su estado de trabajo, la obtención de doble ciudadanía y la posesión de más de un pasaporte. Inglaterra es un caso emblemático de concentración de todas las banderas nacionales en una pequeña isla.

Y ya que menciono este país, aprovecho para hablar un poco del “cosmopolitanismo” londinense. En varios de sus barrios el número de extranjeros es predominante en relación al de “familias británicas tradicionales” (así se distingue un grupo nacional de otro dentro de la Gran Bretaña). El primer grupo acaba invirtiendo el razonamiento de García Canclini, pues son “nativos” en territorio extranjero en la medida en que preservan sus costumbres en una urbe que ya no tiene como escapar de este nuevo escenario poblacional. Estos “nativos” hablan idiomas de sus países de origen (y preservan el acento si el idioma es el inglés), se alimentan de los que se come en sus países de origen, usan vestimentas religiosas contrastantes con la moda occidental, y mantienen las prácticas de higiene de sus antepasados. No faltan tiendas y restaurantes especializados para atenderlos, y los turistas encantados con el “cosmopolitanismo” londinense. Yo propondría una exposición llamada “Nativería”.

Por esa razón la propuesta de “Extranjería” sería un bello epígrafe para contextualizar los nuevos usos de la tecnología (dónde los jóvenes aparecen como protagonistas) pero no para generalizar los diferentes pretextos que sustentas las migraciones y sus procesos culturales. Pierde consistencia cuando se cotejan regiones como América Latina, donde se discute más intensamente sobre los efectos de la modernización en las tradiciones, que en las antiguas metrópolis y la Europa occidental, donde se avala el establecimiento de las tradiciones de los emigrantes en países tradicionalmente modernos. Inglaterra fue pionera de la Revolución Industrial en el Siglo XVIII, mientras que el tema de la industria nacional se discutió seriamente en los años 1950 y 1960 en América Latina y todavía hoy se teme a la desindustrialización de la región.

Mientras las políticas educacionales se diseñan para reducir el analfabetismo funcional (que se refiere a aquel que escribe algunas palabras y números pero que no consigue interpretar textos ni hacer operaciones matemáticas básicas) en América Latina, el analfabetismo tecnológico será el próximo objeto de lamentación de estas políticas. De extranjero en territorio propio a nativo en territorio extranjero, el analfabetismo tecnológico constituye un efecto de carencia educacional que no debe eludirse aquí ni allá y en ningún otro lugar.

Colombia: ¿Modelo de Constitucionalidad Jurisprudencial para los Pueblos Indígenas?

OPINIÓN de Bartolomé Clavero  

En línea confluyente con la circular administrativa seriamente debilitante de la consulta cual garantía de los derechos de los pueblos indígenas (véase entrada del pasado viernes 11 de este mes de mayo), la Corte Constitucional hace pública una sentencia que sigue sin afrontar la inconstitucionalidad del ordenamiento territorial colombiano en relación a dichos derechos y que agrava el atropello estructural de los mismos en materia tan sustancial y sensible como la de distribución de ingresos y compensaciones, degradando igualmente el derecho indígena a la consulta. La coincidencia es sospechosa y preocupante. Me parece conveniente subrayar muy en especial la deficiencia y la deriva de la Corte pues el constitucionalismo hispanoamericano sedicentemente defensor de los derechos de los pueblos indígenas se empeña en presentar a la jurisprudencia constitucional colombiana como un modelo a seguir sin más. Incluso ante la novedad de la puesta en marcha del Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, cuyos mismos fundamentos constituyentes en tal línea de plurinacionalidad son sencillamente desconocidos para la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay empeño en proyectarla y exportarla, aún tratándose así de latitudes con constitucionalismo más consistente. En el escenario latinoamericano, Colombia ofrece en todo caso los elementos comparativamente más aprovechables para la necesaria construcción de algo tan inédito como una jurisprudencia plurinacional. Y el diálogo transestatal entre instancias constitucionales siempre es recomendable.

Naciones Unidas: Pulso a la Declaración

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

En este año se cumplirá el quinto aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en términos de vinculación normativa para los Estados y para la propia organización internacional, para todas sus instancias:

“Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”; “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (arts. 38 y 42). La débil respuesta de parte de las propias Naciones Unidas puede simbolizarse por la catalogación de la nueva norma en el sitio web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, donde se le incluyó y se le mantiene en el capítulo, no del Derecho a la libre determinación, sino de los Derechos de las minorías. A la vista de este quinto centenario, el Consejo de Derechos Humanos encargó al Mecanismo de Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la realización de una encuesta entre los Estados cuyo magro resultado también testimonia la falta de diligencia en la promoción de la Declaración, de sus referidas eficacia y plena aplicación, por parte del conjunto de las instancias de las Naciones Unidas, inclusive las de derechos humanos, y por parte de sus miembros, los Estados. Pocos entre éstos están reportándose. Y los reportes son por lo general decepcionantes como mínimo.

Bolivia: Inventario Constitucionalista (entre Tribuna Constitucional y Universidad Católica)

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Constitucionalista es quien apoya el constitucionalismo. Constitucionalista también más específicamente significa quien se ocupa del constitucionalismo en plan profesional, sea por profesión ya académica, ya jurisdiccional, ya forense, por profesar el derecho constitucional de una u otra forma compatible o exclusivamente. En Bolivia este constitucionalismo arraigó tras la reforma constitucional de 1994, la reforma que trajo novedades como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, los Consejos Departamentales, mejora del sistema electoral rebajando además la edad de participación (de 21 a 18), mayor independencia del Ministerio Público, reforzamiento de los Municipios, reconocimiento de la pluriculturalidad y aceptación de la jurisdicción indígena, novedad ésta última sólo por lo de la admisión constitucional, bien que subordinada, pues la jurisdicción indígena estaba ahí de tiempo inmemorial. Cuando a principios de 2009 advino la Constitución del Estado Plurinacional, plurinacional por el reconocimiento ahora de los pueblos indígenas como sujetos de libre determinación a ejercerse en términos de autonomía y territorialidad, dicho constitucionalismo de la reforma del 94 reaccionó enérgicamente en contra. Hoy se acomoda. El constitucionalismo plurinacional parece estar asentándose, pero puede tratarse de un asentamiento en falso. Sólo una estrecha minoría del constitucionalismo en el sentido profesional está comenzando a tomarse el Estado Plurinacional en serio.

Informes CEPAL-ATM y ODHPI sobre el Pueblo Mapuche

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

“El documento ‘Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación en la comuna de Ercilla desde un enfoque de derecho’s representa el esfuerzo conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [de las Naciones Unidas] (CEPAL) y la Alianza Territorial Mapuche (ATM) destinado a trazar un panorama sociodemográfico y socioambiental de la población mapuche de la comuna de Ercilla. Constituye asimismo un aporte metodológico al seguimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los instrumentos internacionales y ratificados por el Estado de Chile. (…) Desde un enfoque de derechos, toda la historia contemporánea del pueblo mapuche puede comprenderse en el marco del despojo y la violencia contra ellos ejercida por el Estado y su sistemática lucha por el restablecimiento de sus derechos territoriales y colectivos en tanto pueblo independiente; estatus, este último, que le fuera conculcado a partir de su incorporación y subordinación a la institucionalidad del Estado chileno. Los indicadores que se describen en el presente diagnóstico son la expresión de los resultados de este proceso de larga data y permiten identificar brechas en la implementación de los derechos humanos fundamentales del pueblo mapuche de la comuna de Ercilla”. Lo propio o, si cabe, peor se constata en territorio conquistado por el Estado vecino, Argentina.


El texto completo está disponible para lectura y comentarios en:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=11637

Brasil: Derecho de las Comunidades Afrodescendientes al Propio Territorio

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

La Constitución Federal de Brasil reconoce el derecho de los quilombos o comunidades de afrodescendientes a su propio territorio. Sé que no es esto tan categórico lo que suele afirmarse, pero tal reconocimiento se encuentra en el llamado Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias que tiene un valor tan constituyente como el de la misma Constitución o, dicho mejor, que forma parte de la norma constitucional aunque se promulgase aparte como especie de apéndice. El calificativo de transitoriedad no significa que el Acto sea de efectos temporales, sino que acude a regular la transición al sistema constitucional con las consiguientes consecuencias duraderas. No hubo diligencia en efectuar la transición a favor de los quilombos, pero se está activando desde hace una década. El reconocimiento del derecho quilombola se ha reforzado además por el que también adviene gracias al sistema interamericano de derechos humanos. Pese a todo, el partido político que ahora se autodenomina Demócratas, el anterior Partido del Frente Liberal de persuasión demócrata cristiana, recurre a la justicia contra el derecho quilombola al territorio.

Esta semana, el miércoles día 18, el Supremo Tribunal Federal va a ocuparse del caso.

Perú: Comunicación Inquietante de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas

OPINIÓN de Bartolomé Clavero  

Recibo con el debido respeto la comunicación que me dirige Oseas Barbarán en su calidad de Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) invitándome a una recapacitación. La publico por supuesto prestamente (está fechada el 28 de marzo, pero la he recibido el tres de abril). Le concedo la razón a la dirigencia de CONAP en un extremo inicial.

Como analista no indígena sobre derechos de los pueblos indígenas, no debiera pronunciarme críticamente acerca de las posiciones de las organizaciones indígenas. Es un principio de respeto elemental que he venido cuidando. Lo he mantenido incluso en el informe sobre la sedicente consulta del anteproyecto de Reglamento de la Ley de Consulta realizado tras la visita propiciada por el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas al que CONAP ciertamente no pertenece. Me abstuve de reflejar ninguna división y, aún menos, expresar crítica alguna respecto a la parte indígena. ¿Por qué he hecho una excepción acto seguido? He reflejado una ruptura. El Pacto de Unidad ha abandonado el proceso de presunta consulta y la CONAP se ha mantenido adoptando una extraña consulta. Ni siquiera ha protestado porque sus posiciones no se integren en lo que debería haber sido un Anteproyecto de consenso de la Comisión Multisectorial y a continuación se ha embarcado en la defensa del proceso incluso ante instancias internacionales. Más aún. Queda algo lamentable. Como puede verse en la comunicación que se me dirige, la CONAP se muestra amenazante con quienes extraen conclusiones: “No estamos dispuestos a aceptar que usted…”. El problema no se me plantea a mí, sino a quienes están al alcance de agresiones espero que sólo verbales.

Bolivia: Iniciativa Indígena para el Desarrollo de la Amazonía

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP), tras consulta con los pueblos afiliados, presentan formalmente hoy una propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana, una ley prevista por la Constitución, con la esperanza puesta en que la Asamblea Legislativa Plurinacional la asuma como Proyecto. En una zona tradicionalmente sin Estado y actualmente con presencia de propiedades y empresas no indígenas, la iniciativa indígena opta por Estado, por el Estado Plurinacional de la Constitución en vigor y por su objetivo de descolonización. No propone de entrada expropiaciones, sino la causal de reversión de concesiones y propiedades que mantengan actividades depredatorias. Contempla el derecho a la consulta y a la participación como formas de democratización en beneficio común, no exclusivamente indígena: “Nuestra propuesta para la Amazonía pretende consolidar un desarrollo incluyente con respeto a las distintas cosmovisiones, que pueda armonizar ingresos económicos con el bienestar colectivo y la conservación del medio ambiente de acuerdo a las características amazónicas”. Es toda una lección para quienes presumen que el Estado ha de llevar la iniciativa como único representante e intérprete del bien común; que los pueblos indígenas no tienen interés alguno en un desarrollo propio, y que la consulta es expediente para doblegar la resistencia permitiendo mediante compensaciones la entrada de empresas no indígenas. Son prejuicios todos éstos que hoy predominan incluso en las políticas gubernamentales por Bolivia. Como también se plantea ahora en el vecino Perú frente a los sesgos de la postura oficial, hay otras formas de regular los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, unas formas que no responden a tamaños prejuicios al ser de iniciativa indígena. La propuesta de CIRABO y CIPOAP se hace pública con memoria y documentación.

Perú: Otra Forma de Reglamentar la Consulta es Posible

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) está suscribiendo acuerdos con algunos Ministerios, como el de Cultura, el de Energía y Minas y el del Ambiente, para “la aplicación efectiva del Convenio

169 de la OIT y de la Ley, 27985”, la Ley del Derecho a la Consulta Previa reglamentaria del Convenio. De este modo se está reglamentando la Ley conforme a la posición normativa que le corresponde, la de subordinación al Convenio, lo que ante todo se concreta en la radicación de decisiones en la parte indígena. Mientras tanto, el Proyecto de Reglamento que está ahora en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros se ha mantenido bajo ese y otros mínimos tras pasar por una Comisión Multisectorial ad hoc que lo ha remitido sin hacer el intento de integrar en el texto las propuestas indígenas.El Viceministro de Interculturalidad acaba de declarar a la Agencia Andina que el Proyecto de Reglamento se atiene a los estándares internacionales, pero ¿qué proyecto? ¿El que integra o el que no integra las propuestas indígenas? La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) se suma a las posiciones gubernamentales no sólo pugnando por salvar el Proyecto de Reglamento, sino también confundiendo con pronunciamientos inconsistentes como el de que la Ley respeta los derechos de los pueblos. “No es cierto que la Ley de Consulta vulnere derechos de los Pueblos Indígenas”, afirma en una carta al Relator Especial de Naciones Unidas. Para esta organización indígena, derechos tan importantes como el derecho a la reparación no es un derecho.

Perú: ¿Genocidio Amazónico? (Caso Candoshi-Shapra)

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Las comunidades candoshi y shapra del tronco o pueblo shuar, el colonialmente llamado jíbaro, ya sufrieron mortandades por epidemias en la época del caucho con sus infames políticas de las que dejó memoria el diplomático británico de nación irlandesa Roger Casement, memoria que acaba de publicarse en castellano. Hoy estas comunidades vuelven a experimentar en carne propia efectos genocidas del entreguismo gubernamental de la Amazonía a intereses empresariales con el consiguiente desentendimiento respecto a derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas. Se encuentran en situación de emergencia sanitaria ante la que el Estado no muestra disposición a asumir todas sus responsabilidades. Las comunidades recurren a la justicia estatal reclamando “políticas públicas de salud” mediante acción de amparo de derechos: “derecho a la vida, a la identidad étnica y cultural” y a la “participación en la toma de decisiones y en la implementación de las medidas”. La justicia responde positivamente en primera instancia, por sentencia de la titular del Juzgado Mixto de la Provincia de Datem del Marañón, Gicella Massiel Rubio Soto, bien que atendiendo la demanda de políticas más que el amparo de derechos. Al día de hoy, todo el resto del Estado sigue sin rectificar ni siquiera, a la altura de la situación, ante la emergencia sanitaria de estas comunidades indígenas. Hace falta recurrir a la justicia para reclamar servicio de salud con respeto de derechos. Con los designios económicos que se ciernen sobre la Amazonía, el Estado ofrece la impresión de preferir no afrontar la emergencia en serio. Recordemos que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifican como genocidio la “lesión grave (intencional) a la integridad física o mental de los miembros del grupo” y el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Perú: Genocidio Amazónico (Caso Candoshi-Shapra)

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Las comunidades candoshi y shapra del tronco o pueblo shuar, el colonialmente llamado jíbaro, ya sufrieron matanzas por agresiones y mortandades por epidemias en la época del caucho con sus infames políticas genocidas de las que dejó memoria el diplomático británico de nación irlandesa Roger Casement, memoria que acaba de publicarse en castellano. Hoy estas comunidades vuelven a experimentar en carne propia los efectos genocidas del entreguismo gubernamental a intereses empresariales con el consiguiente desentendimiento respecto a derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.

Se encuentran en situación de gravísima emergencia sanitaria ante la que el Estado no muestra disposición a asumir sus responsabilidades. Las comunidades recurren a la justicia estatal reclamando “políticas públicas de salud”

mediante acción de amparo de derechos: “derecho a la vida, a la identidad étnica y cultural” y a la “participación en la toma de decisiones y en la implementación de las medidas”. La justicia responde positivamente en primera instancia, por sentencia de la titular del Juzgado Mixto de la Provincia de Datem del Marañón, Gicella Massiel Rubio Soto, bien que atendiendo la reclamación de políticas más que la reivindicación de derechos. Al día de hoy, todo el resto de Estado sigue sin rectificar ni siquiera ante la gravísima emergencia sanitaria de estas comunidades indígenas. Dadas sus profundas implicaciones más los designios que se ciernen sobre la Amazonía, parece preferir no afrontarla. Recordemos que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifican como genocidio la “lesión grave (intencional) a la integridad física o mental de los miembros del grupo” y el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Perú: ¿Reincidencia del Tribunal Constitucional en el Delito de Prevaricación?

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

¿Qué es prevaricar? Un delito que consiste en adoptar una decisión injusta a sabiendas. Lo comete presumiblemente el Tribunal Constitucional peruano por cuanto ignora el derecho indígena -tanto nativo como campesino- a la consulta teniendo a la vista, dados sus propios precedentes jurisprudenciales, la constancia de que así actúa contra normas de rango supralegal. Los precedentes en principio podría revisarlos, pero no lo hace pues carece notoriamente de base para cambiarlos razonadamente. “Es lamentable la conducta sinuosa del TC para escamotear los temas de fondo en relación con los derechos de los pueblos indígenas”, concluye un constitucionalista peruano. Efectivamente, hasta el punto de que, ahora que hay una Ley de Consulta en vigor, el Tribunal Constitucional va dejando caer distorsiones tales del ordenamiento de rango constitucional como que la práctica de la consulta a los pueblos indígenas es discrecional para el Gobierno o como que la misma no es factible sin reglamentación, con lo que ya está mostrándose dispuesto a condonar, como la misma Ley pretende, todos los efectos enormemente lesivos para los pueblos indígenas del incumplimiento del deber de consulta por el Estado durante los más de quince años que lleva vigente en el Perú el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, una norma de rango constitucional según resulta de la propia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional cuya trayectoria al propósito es bien difícil de explicar humanamente si no es en términos de prevaricación recalcitrante.

PERÚ: mala fe en la propuesta oficial de reglamentación de la consulta indígena

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

En la República del Perú, tras la elección como Presidente de Ollanta Humala, se ha pasado, de una serie de movimientos realmente erráticos sobre el deber del Estado de consulta a los pueblos indígenas respecto a todo cuanto les afecte directamente, a una propuesta de reglamento para su ejercicio conteniendo tales despropósitos que no se adivina más explicación que la de una empecinada mala fe. Es el Borrador del Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, recién remitido a la Comisión Multisectorial creada a los efectos específicos de la aprobación de un proyecto. El indicio principal de la mala fe viene camuflado hacia el final, entre las Disposiciones Complementarias y Finales, en la quinta:

“Acuerdo Previo. El proceso de consulta es independiente, y complementario, de la obligación prevista en el artículo 7º de la Ley N° 26505, Ley de promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por la Ley N° 26570”. ¿Qué significa este galimatías? Llanamente, que se violan no sólo todos los estándares internacionales sobre el deber de consulta que vinculan al Perú, sino también la ley peruana de referencia del reglamento, esa Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en este Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que es uno de los instrumentos principales, no el único ni el principal, que definen tales estándares.

¿Qué Derecho es el Derecho del Pueblo Indígena a la tierra?

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Hay quienes critican la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por poco precisa en el terreno dizque técnico de las calificaciones jurídicas como, por ejemplo, en asunto de propiedad. La Declaración elude la conceptuación de este derecho. Véase el ejemplo bien expresivo del parágrafo primero de su artículo 28: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”. Las críticas se ensañan en ese estilo desglosado sin concepto que rija: poseer, ocupar, utilizar; confiscar, tomar, ocupar, utilizar, dañar. Adviértase que una virtud existe y es doble: no dejar cabo suelto y evitar conceptos que intoxiquen. No hay necesidad de categorías jurídicas si lo que hace falta es asegurarse de que ninguna afectación de tierras indígenas pueda producirse sin consentimiento libre, previo e informado indígena pues en otros caso se incurriría en responsabilidad de restitución, reparación o indemnización, nada más y nada menos.


Perú: Desvirtuación del Derecho Indígena a la Consulta

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

El Instituto de Defensa Legal de Lima presenta una propuesta articulada de reglamento de ley de consulta bastante descompensada por situar al Estado como representante del “interés público” netamente por encima de los derechos de los pueblos indígenas, afectándoles. Más que el derecho a la consulta, lo que se configura es la obligación de someterse a ella. Se restringen al máximo los supuestos en los que se requiere consentimiento sin previsión de garantías sobre la apreciación de su existencia. Queda en manos del Estado. El consentimiento previo, libre e informado se transmuta en “la obligación del Estado de realizar todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas en torno a la implementación de la medida legislativa o administrativa consultada”, hasta tal punto, entre evocaciones que no faltan del derecho a la libre determinación, se posterga y degrada la agencia indígena. El Estado puede “decidir aprobar la medida cuestionada por los pueblos indígenas”. Esta propuesta misma, preparada sin participación indígena, hace la previsión de pasar por consulta sin referencia a la necesidad de consentimiento. Y no se adopta ninguna cautela ante la designación legal como “el Órgano Especializado en Materia Indígena del Poder Ejecutivo” uno probadamente tan poco fiable como el Viceministerio de Interculturalidad. ¿Va ser esta instancia gubernativa la que, sin participación indígena, decidiría sobre extremos tan vitales como, por ejemplo, el de necesidad o irrelevancia del consentimiento? ¿Cómo puede propugnarse el sinsentido de que el susodicho Viceministerio sea juez y parte?

¿Basta con decirse que ha de “actuar en todo momento de forma autónoma, independiente e imparcial en relación con las diferentes partes que intervienen o participan en el proceso de consulta previa” cuando constitutivamente no le cabe? La nueva institucionalidad del Estado reclamada por las organizaciones indígenas, para la que habría cabida dentro de la ley, brilla por su ausencia.

La propuesta del Instituto de Defensa Legal puede resultar una vuelta de tuerca en la desvirtuación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta tras lo que entonces sería el amago de su reconocimiento mediante ley.

Ecuador: ¿Rectificación Constitucional sobre Justicia Indígena?

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

La Constitución del Ecuador establece en su artículo 171 lo siguiente: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. Cuestiones

subsiguientes: ¿Es así el título de la justicia indígena de un valor preconstitucional? ¿Está la jurisdicción indígena sujeta tan solamente al control de constitucionalidad y no a otros escrutinios? ¿Los instrumentos internacionales sólo limitan o también habilitan?... Tras un primer desarrollo normativo de la Constitución más bien negativo, avanza ahora en el proceso legislativo un proyecto de planteamientos más positivos.

Kimsacocha, Ecuador: Consulta Comunitaria sobre Derecho al Agua

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Representantes de organización indígenas han solicitado audiencia al Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador para informar sobre la consulta comunitaria frente al acoso que se sufre sobre las aguas de Kimsacocha y para solicitar el correspondiente apoyo en defensa de derechos humanos como lo es, para las propias Naciones Unidas, el derecho al agua, un derecho que debe así prevalecer sobre la propia Constitución del Ecuador que lo reconoce, pero signándole la gestión al Estado. Han sido recibidos a un nivel medio por parte del Asesor de Derechos Humanos del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador, quien, entre argumentos a veces discutibles, les ha prometido remitir el asunto al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. He aquí un par de problemas: por una parte, el Sistemas de Naciones Unidas en el Ecuador elude sus propias responsabilidades respecto a derechos humanos mediante dicha remisión; por otra parte, el referido Relator es poco proclive a reconocer valor a las consultas comunitarias, como ya ha demostrado en el caso de Guatemala. Recomiendo no sólo la lectura del acta de la reunión de parte indígena (en el sitio web del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador no encuentro la suya, si es que se ha considerado la reunión merecedora de registrarse por escrito), sino también la escuchar del audio, por ser sumamente interesante la exposición indígena sobre el derecho a la consulta comunitaria cuando el Estado quebranta su deber de convocarla.

Perú: Reclamo Indígena de Nueva Institucionalidad

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

El Pacto de Organizaciones Andinas, Amazónicas y Costeras, que reúne a las principales asociaciones indígenas del Perú, se dirige con toda formalidad a la Ministra de Cultura, Susana Baca, para hacerle patente la urgencia de una nueva institucionalidad que ante todo dote al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), hoy dependiente de su ministerio, de la independencia necesaria para hacerse cargo de los procesos de consulta por la parte que le corresponde al Estado. Bastaría de momento con restablecer al INDEPA en la posición que tuvo antes de su absorción por el Ministerio de Cultura. Actualmente, el mismo Ministerio está duplicando las funciones del INDEPA y en el Congreso progresan leyes como la de justicia de paz que afectan a la institucionalidad indígena sin haber pasado por la consulta.

El Pacto además solicita del Presidente de la República, Ollanta Humala, una recepción formal el 12 de octubre en cuanto que Día de la Resistencia Indígena, a la cual, como gesto de acogida de la propuesta, debieran asistir no sólo la Ministra de Cultura Susana Baca, sino también la Jefa del INDEPA Raquel Yrigoyen, a quien las organizaciones indígenas expresan su respaldo. Un gesto tal con los pueblos indígenas también pondría de relieve que la Presidencia de la República asume el reto de institucionalidad como lo que debe ser conforme al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un reto de constitucionalidad.